Esta semana hemos sido testigos de un debate, muchas veces agrio, sobre el significado del TLC con Chile, que entrara en vigencia hace pocos días.
Las pasiones en conflicto no se explican solo por las provisiones del tratado sino que van más allá, tienen que ver con la carga histórica de nuestra relación con el vecino del sur, con la errónea política exterior del gobierno aprista para enfrentarla y con el contexto de políticas anti nacionales que se han desarrollado en los últimos casi 20 años en el Perú.
 
Sin este contexto permisivo sería imposible que algún gobierno se atreviera siquiera a firmar un tratado tan desfavorable para el país.
Desde un inicio el Presidente Alan García y su Ministro de Relaciones Exteriores José Antonio García Belaúnde formularon la llamada política de “cuerdas separadas” queriendo diferenciar las cuestiones políticas de las económicas en la relación con Chile. Ello sería posible si no existieran graves problemas irresueltos como el diferendo marítimo que se encuentra en el Tribunal Internacional de La Haya o el término de la devolución del patrimonio cultural saqueado durante la Guerra del Pacífico. Más todavía cuando observamos con estupor la carrera armamentista en que se encuentra empeñado Chile, que no puede tener, hoy, otro destino que el de defender sus intereses económicos. En estas condiciones la agenda no puede ser sino una sola, donde las concesiones mutuas que se den ambos países para mejorar la relación deben tener todas las cartas, armas y comercio incluidos, sobre la mesa.
 
De esta manera, la firma del tratado, se dice que comercial, donde se le da a Chile “la pepa” que buscaba: seguridad jurídica para sus inversiones, descartando a la justicia peruana y llevando cualquier diferencia al arbitraje internacional sin lograr nada significativo para el Perú en reciprocidad, no puede ser sino condenable.
 
Lo feo, sin embargo, es que haya personas, en este caso dos ministros de Estado, los de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que se lamenten de la falta de unidad anti nacional ante este despropósito, como si todos los peruanos tuviéramos que comulgar con este remate en el que continúan poniendo al Perú.
 
Urge una movilización nacional que exija la denuncia de este horror y pida la nulidad de un tratado a todas luces lesivo para los intereses nacionales.