En estos días, las últimas movidas con respecto al caso de los Petroaudios parecen película de terror.

La noticia del borrado que se habría hecho a dos USB que contenían audios y correos electrónicos nos ha recordado que, luego de más de un año y medio de descubiertos los primeros audios, aún hay una serie de personajes involucrados que no salen a la luz pública. Estos involucrados son de dos tipos: aquellos que chuponearon y por tanto realizaron una actividad ilegal, y aquellos que participan en estos audios realizando prácticas corruptas perjudicando con ellas al país. ¿Cómo es posible que luego de tanto tiempo la investigación se siga estancando y que las pruebas sean manipuladas? 
El 8 de enero del año pasado, efectivos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), entonces dirigida por el general Manuel Hidalgo, arrestaron a Giselle Giannotti, ex analista de Business Track (BTR), y le incautaron sus computadoras y cuatro USB con audios y correos electrónicos interceptados a personajes políticos de distintos partidos y diversos empresarios. La DIRANDRO colocó un código de seguridad a dos de los USB. Este código detecta si alguien manipula o borra sus archivos; sin embargo, otros dos USB quedaron sin el código y, sospechosamente, son estos los que se robaron. En su lugar, dejaron otros dispositivos con contenido irrelevante. Según Gianotti, en estos dos USB robados se encontraban los audios interceptados a Jorge Del Castillo y Hernán Garrido Lecca. 
Con este último escándalo en este caso, surgen varias preguntas. Por un lado, ¿quién estaría buscando borrar las evidencias? Al manipular estas evidencias ¿podrán seguir siendo consideradas en esta investigación? ¿Estarían Jorge Del Castillo y Hernán Garrido Lecca  involucrados con los hechos corruptos que los audios revelan? 
Pero, además de estas preguntas válidas cabe otra importante: si todo el tema de los petroaudios ha mantenido un perfil relativamente bajo durante los últimos meses ¿por qué ha recuperado tal protagonismo recientemente? En este sentido, cabe mencionar que los principales afectados con este hecho son Del Castillo y Garrido Lecca, pero entre ellos, el que pierde más en términos de imagen política es Jorge Del Castillo, recientemente electo secretario general del APRA. Resulta curioso que dos congresistas de banderas opuestas (Rolando Souza del fujimorismo y Daniel Abugattás del nacionalismo) denuncien al mismo personaje, Del Castillo, como involucrado en este escándalo. 
¿Habría alguien interesado en perjudicar a Del Castillo? ¿Este alguien sería miembro del partido de gobierno? ¿Será alguien que no quiere que lo opaquen dentro ni fuera del APRA? O, ¿será alguien vinculado a Del Castillo que busca eliminar la evidencia que pudiera incriminar al ex Premier? Esto no lo sabemos. Lo que resulta evidente es el increíble desorden político en las altas esferas del poder por parte de grupos políticos corruptos que buscan hacer cada vez más lenta y complicada esta investigación que, al parecer, alcanza al menos a un ex Presidente del Consejo de Ministros y varios otros ex ministros. 
Es preciso que la investigación se concluya con eficacia y pueda develar a los involucrados (tanto chuponeadores como involucrados en actos corruptos) caiga quien caiga. Para ello, es preciso que el cuidado de las pruebas sea máximo y que se compruebe que la copia espejo no haya sido adulterado. Si esta investigación no concluye, el permiso para ser corrupto será una realidad lamentable para un país que necesita transparencia en sus instituciones y responsabilidad de sus representantes.