El Valle del río Tambo y la región Arequipa se encuentran en una tensa espera por una salida para la crisis del proyecto de Tía María. Como en otros casos similares, agricultores y ciudadanos de Arequipa están enfrentados a una alianza, hasta ahora muy sólida, entre la empresa Southern –promotora del proyecto minero- y el Estado peruano. Interesante paradoja, el Estado, que supuestamente es el Estado de todos los peruanos, aparece acá desde un primer momento defendiendo los intereses de una empresa privada y extranjera contra el reclamo de miles de ciudadanos de la región. Es más, no solo lo hace verbal o burocráticamente, sino que usa a las fuerzas policiales, que pagamos todos los peruanos con nuestro bolsillo, para ejercer la violencia contra los que protestan. 

Si a alguien le caben dudas sobre la regresión a tiempos pre modernos del Estado peruano en estos últimos 25 años de hegemonía neoliberal, el conflicto en torno al proyecto Tía María es un excelente ejemplo de cómo hemos ido del Estado de todos, ilusión, proyecto y concreción parcial de sucesivos reformismos en la segunda mitad del siglo XX, al Estado de clase (como decía el marxismo de hace 150 años) expresión inequívoca de los intereses del gran capital, que tenemos hoy en funciones.
 
Esta parcialidad estatal se ha mostrado desde un inicio con la negativa persistente a la participación de la población involucrada en los mecanismos que señala la ley, negándoseles la entrada a las audiencias y el conocimiento de los documentos relativos al proyecto, así como sometiéndolos a una represión constante, que ya cuenta con una víctima fatal y sucesivos encarcelamientos de dirigentes. La dinámica, además, no cambia en los últimos días. El Premier Pedro Cateriano para estrenarse fue a Arequipa a amenazar a los pobladores del valle de Tambo y luego, la coalición Estado-empresa ha continuado sembrando armas, trucando fotos y tendiendo celadas a los dirigentes sociales.
 
La última operación se realizó la semana pasada en la que la delegación del gobierno recurrió a otro viejo truco en la estrategia de negociación, denominado “cambiar la mesa”, para abrumar y desconcertar a sus interlocutores. Es decir, violando el acuerdo al que había llegado con los dirigentes para sentarse a conversar, se presentaron con congresistas y alcaldes afines a su punto de vista. Bien hicieron los dirigentes en negarse a conversar en esas condiciones, reivindicando el necesario respeto a los acuerdos tomados para que la negociación pueda conducirse en paz.
 
Ahora la situación se desenvuelve en una tensa espera por salidas que resuelvan un conflicto que ha llegado a su punto de ebullición. El día de hoy lunes 4, las organizaciones sociales de Arequipa deben definir un paro regional en apoyo a los agricultores del valle del río Tambo. Por otra parte, el gobierno parece haber agotado todos sus recursos y lo tienta la posibilidad de recurrir al Estado de Emergencia en la provincia de Islay. Sabe, sin embargo, que recurrir a esta medida extrema a once meses de las elecciones generales y en una región con la tradición de lucha de Arequipa puede ser su liquidación política, por lo que no parece haber una decisión final al respecto. En esta situación la gobernadora regional Yamila Osorio, que apareció en un principio seducida por el Poder Ejecutivo, estaría buscando presentar una propuesta de revisión de la última versión del Estudio de Impacto Ambiental, por alguna entidad confiable. Esta iniciativa permitiría acordar una postergación del proyecto para tiempos mejores, con lo que los pobladores consiguen una victoria táctica que se podría prolongar en el tiempo y el gobierno “salvaría cara” frente a sus eventuales detractores.
 
Ojalá que se imponga la sensatez y termine la amenaza de violencia estatal en Arequipa, para que un próximo gobierno pueda ir a soluciones de conjunto para lograr una minería sustentable que evite la repetición cada cierto tiempo de este tipo de conflictos.