Durante el mensaje presidencial del 28 de julio pasado, el Presidente Alan García publicitó, nuevamente, las sorprendentes y dudosas cifras del programa de alfabetización iniciado con su gobierno.

Sin embargo, en esta ocasión, respondió a las críticas de muchos especialistas que reclamaban una evaluación de dichas cifras por parte de alguna entidad independiente. ¿Cómo respondió el mandatario? Anunciando que una consultoría internacional del Convenio Andrés Bello (CAB) había comprobado que más de un millón de peruanos estaban debidamente alfabetizados.

Todos coincidimos en que necesitamos un Estado Peruano moderno y eficiente. Para ello, es necesario contar con un cuerpo de trabajadores públicos elegidos por mérito, según sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, en nuestro país ocurre todo lo contrario, ya que por encima del mérito se ha impuesto la “argolla” o el “favor” político, es decir, un sistema de clientelismo donde los más cercanos al partido de gobierno resultan los favorecidos.

El 20 de julio pasado, James Anaya, relator de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, presentó su informe sobre los pueblos indígenas de la amazonía peruana y los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de este año. En este informe, Anaya mostró su preocupación porque el gobierno insiste en realizar “imputaciones penales” a los dirigentes indígenas, lo que pone en serio peligro el diálogo con las comunidades amazónicas.

Uno de los proyectos de saneamiento que Lima y Callao necesitan con urgencia es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada, pues en la actualidad, los colectores de la ciudad vierten sus desechos, sin ningún tratamiento, directamente al mar. Sin embargo, el actual gobierno mostró un total desmanejo de este importantísimo proyecto y ha firmado el contrato de concesión respectivo, el pasado martes 4 de agosto, con una empresa cuestionada sin saldar el debate que había al respecto.