El 2023, el año del gobierno congresal y Dina, es un año agonía nacional, que sepultó más de dos décadas de crecimiento económico, el “milagro peruano” fue convertido en una sostenida recesión económica con el aval del empresariado “nacional”; es el año del incremento de la pobreza, desnutrición, anemia, desempleo y deterioro de los salarios y remuneraciones; es el año en que la delincuencia común, sicariato y bandas, nacionales y extranjeras, se han apoderado y dividido las calles, distritos y ciudades, pueblos y departamentos, en todo el país, destruyendo nuestra escasa tranquilidad; es el año en que organizaciones criminales nos han robado y se han apoderado de nuestras instituciones democráticas y gubernamentales dejándonos sin congreso, ejecutivo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y, al acecho de la Junta Nacional de Justicia y los tres organismos del sistema electoral.

Es el año en que el gobierno, por mandato de su presidenta y premier, decidió bañar en sangre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, cerca de 70 peruanos asesinados, mayoritariamente en Ayacucho, Puno y Cusco y, por los cuales, recién tienen una denuncia constitucional que el congreso quiere archivar, no por dudar de las matanzas sino por su angurriento afán de quedarse hasta el 2026; es el año de la vergüenza internacional, tanto por el desprestigio gubernamental ante las denuncias de la ONU, OEA, Amnistía Internacional y Human Right Watch por las matanzas y violación de los derechos humanos, como por la penosa y deshonrosa participación de nuestra presidenta, premier y canciller en eventos internacionales, sus viajes más que de gestión y representación parecían paseos ególatras ninguneados por las autoridades internacionales, es el año en que nuestra otrora valerosa cancillería fue convertida en una chauchillería.

Es el año en que el agro dejo de ser la tradicional actividad económica generadora de masivo trabajo formal e informal, que sirve de gigantesca despensa de alimentos para el consumo nacional y, genera extraordinarios ingresos y reservas con nuestros productos de agroexportación; el agro se vino en pendiente desde el gobierno anterior, hoy agravado por la amenaza de las inundaciones en el norte y la sequía en el sur producto del fenómeno del niño global y las consecuencias del niño costero. La pesca, tan ligada a los cambios climáticos, “se ha desplomado” con el ciclón Yaku, el niño costero y el niño global que tendrá una duración más allá del 2024 y; la minería detenida y estancada en proyectos, engaña y genera ilusión de crecimiento debido al incremento de sus precios internacionales, la minería formal y legal es asediada y puesta en riesgo por la minería ilegal, lo ocurrido, esta semana, en la mina La Poderosa en Pataz es signo de clamorosa llamada de auxilio nacional.

Es el año en que el sector construcción, importante movilizador de la economía y generador de empleo directo e indirecto, terminará en sólida recesión, nuevos proyectos privados, desde la pandemia, Castillo y Boluarte están esperando tiempos mejores y, los proyectos públicos padecen de la inutilidad tecnocrática, corrupción y deficiente ejecución; el MTC parece un ministerio perdido; VIVIENDA está paralizado por el escándalo de corrupción que provocó la caída de Castillo y se esfuerza en darnos entender que la sigue padeciendo, esta semana se ha inventado un cuento difícil de entender, ha lanzado un “Pacto por una Vivienda Digna” justo cuando, en el presupuesto del 2024, aprobado en el ejecutivo y congreso con su venia, no contempla recursos para el Programa Techo Propio y pone en riesgo la existencia de Mivivienda; lo increíble es que en ese acto hubo empresarios dedicados a dicha actividad. La infraestructura en educación, salud y riego, están hundidas en la incapacidad e ineficiencia de sus autoridades, su paupérrima ejecución presupuestal es una muestra de ello.

Lo ocurrido en el congreso es un drama convertido en tragedia nacional, sus agrupaciones políticas acusadas de ser organizaciones criminales, dan muestras diarias de desprecio por el interés nacional, el país y los ciudadanos; han perdido representación y se han aislado de sus propios electores, sólo actúan para quedarse hasta el 2026, propiciar su reelección indefinida directa o indirecta mediante la bicameralidad o en los gobiernos regionales y locales previa eliminación de las organizaciones políticas regionales o locales. Es un congreso sin partidos políticos, pero con muchas bandas criminales, que modifican o violan la legislación y constitución a su antojo; son violaciones normativas en banda, en manada, con clara aceptación de los grupos de poder silenciados o reclutados por este congreso. Lo deplorable para el Perú, es que este congreso, capturado por organizaciones criminales, es por primera vez, en nuestra historia de presidencialismo, el primer poder del estado. Ha puesto y sostiene a Dina Boluarte y su premier, ha puesto y sostiene al TC, DP, ha perdido a su Fiscal de la Nación, pero sigue al acecho de la JNJ y los organismos del sistema electoral. Sinceramente, para nuestra desgracia, lo que otrora no pudieron los tribunos, hoy las bandas y prontuariados que lo controlan lo han convertido en el primer poder del estado.

Este año de agonía nacional, lo cerraremos nuevamente entre protestas sociales contra Dina y su gobierno y, una acusación constitucional contra ella, hecha por la destituida Fiscal de la Nación. La troika mafiosa que nos gobernó durante este año, se rompió por la denuncia del Equipo Fiscal contra la Corrupción en el Poder contra la propia Fiscal de la Nación de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público, banda que intercambiaba, en el congreso, votos a favor de sus intereses con el archivamiento de denuncias existentes a congresistas. Increíble, la encargada de la defensa de la legalidad y el interés público y, de investigar y denunciar el delito, acusada por su propia institución de liderar una banda criminal en la misma institución. El congreso y el gobierno se han deshecho de su ex aliada, hoy procuran menospreciar e invalidar su denuncia constitucional. Quizás, una protesta social que la encarne pueda desencadenar otra salida, obligar al congreso a tratar y aprobar la denuncia constitucional contra Dina o provocar su fuga, vacarla por incapacidad moral, determinar un nuevo gobierno de transición parlamentario, adelantar las elecciones para elegir nuevos presidente y congreso.

Nuestra agonía nacional, como lo redefinió Unamuno, es lucha, somos un país que combate por la vida y dignidad, no somos un país moribundo. Mariátegui lo parafrasea, “Agonía no es preludio de la muerte, no es conclusión de la vida. Agonía (…) quiere decir lucha. Agoniza aquel que vive luchando; luchando contra la vida misma. Y contra la muerte”; ´unas veces como protagonista y otras como antagonista´. La agonía de los peruanos contra este gobierno inepto, delincuencial y bañado en sangre es una lucha nacional, más temprano que tarde, encarnará a ese más de 90% que rechaza al congreso y al gobierno, se reencarna en vida y esperanza, democracia y dignidad. Esa agonía nacional nos mantiene vivos como promesa y posibilidad.

Publicado en Diario Uno