El último paro nacional convocado por las centrales sindicales, el pasado 20 de junio, transcurrió discretamente, es decir, distante y ajeno a la opinión pública. No solo por la invisibilización a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, sometidos al libreto del poder económico, sino sobre todo por la incapacidad del propio movimiento sindical para paralizar realmente la economía nacional y regional. Constatación que no debiera extrañarnos, conocido el contexto. El paro lo convocaron organizaciones gremiales con escaso arraigo entre los trabajadores, dado el reducido peso del sindicalismo en la PEA, en un momento en que la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo por el futuro de la reforma político-electoral –cuestión de confianza de por medio– ocupa el centro de la agenda nacional. En paralelo, la economía sigue acumulando malestar en la base, con sus dificultades para crecer y generar empleo; el fundamentalismo conservador confabula contra las políticas públicas con enfoque de género; mientras otros conflictos (activos y latentes) siguen relegados en las prioridades de la política oficial. 

Se trata de una coyuntura compleja para el movimiento sindical y social. Por un lado, el gobierno de Vizcarra busca aprobar reformas que apuntan a adecuar las reglas electorales, favoreciendo la participación y abriendo el sistema a una competencia democrática. Al frente, los partidos “franquicia” y la lumpen política buscan boicotear el proceso legislativo, pues con ello aseguran las ventajas y restricciones que cierran el acceso al poder. En este escenario, apostar por la reforma impulsada por el Ejecutivo supone empatar con el sentimiento de hartazgo contra los actores y formas que dominan la política local, esto es, con las expectativas de la población de avanzar hacia una mejor representación nacional. Sin embargo, sin el respaldo de la calle movilizada, probablemente las reformas terminen distorsionadas o encarpetadas, y con ello la posibilidad de renovar la política en el país.

Al mismo tiempo, este Gobierno apuesta por mantener un modelo económico que ha beneficiado a un grupo reducido de actividades económicas (minería, finanzas, agroexportación), excluyendo a los sectores más necesitados (pequeña agricultura, Mypes) de los beneficios y oportunidades del crecimiento. La última acción en esa dirección sería la Política Nacional de Competitividad y Productividad, diseñada en los predios de la gran empresa en coordinación con el MEF. Si bien la Ministra de Trabajo ha venido declarando que dicha política no eliminará derechos laborales, lo cierto es que la PNCP parte de un diagnóstico errado de la problemática laboral, al confundir los supuestos que explicarían los altos niveles de informalidad en el empleo, con una supuesta “rigidez” normativa que no se sustenta fácticamente; argumento a partir del cual se busca poner candado a un modelo de relaciones laborales sin ningún tipo de garantía para los trabajadores. Por esta razón, la PNCP ha sido cuestionada no solo por las centrales sindicales (que optaron por retirarse del Consejo Nacional del Trabajo luego de que el Gobierno desconociera su acuerdo del 9 de diciembre y la terminara aprobando entre gallos y medianoche el último 31 de diciembre). Especialistas y ex viceministros de empleo han demostrado su inconsistencia e intereses subalternos1. 

Lo que buscaría el eje quinto de la PNPC es instaurar el despido incausado o injustificado sin otra compensación que la indemnización económica. Alrededor de este objetivo se ha orquestado una intensa y sistemática campaña alentada por El Comercio y otros medios financiados por el gran capital, para quienes el predominio de la contratación temporal (en lugar de la de plazo indefinido) respondería a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció la reposición laboral como una adecuada protección frente al despido incausado. Las centrales y organizaciones sindicales han sido las primeras en señalarlo, con justa razón. No hay evidencia que vincule el auge de los contratos temporales como consecuencia de la jurisprudencia del TC (pues estos comenzaron a crecer con anterioridad), pero sí bastantes expedientes administrativos y judiciales relacionados con dirigentes sindicales despedidos por resultar incómodos a sus empleadores. En este objetivo, de flexibilización extrema, coinciden el oficialismo y el fujimorismo.

¿Cómo posicionarse, desde el movimiento sindical, en ese escenario? Por un lado, si el fujiaprismo parlamentario logra distorsionar el sentido de la reforma política (y de paso frenar el proceso anticorrupción en el ministerio público), el Ejecutivo estaría facultado para considerar una negación de la cuestión de confianza y cerrar constitucionalmente el Congreso. Tal medida podría contar con el apoyo de los trabajadores, considerando que la mayoría fujimorista ha bloqueado sistemáticamente la aprobación de iniciativas legislativas que buscaban restituir derechos laborales, aunque en no pocas veces de la mano con el oficialismo (es el caso, por ejemplo, del dictamen de negociación colectiva en el sector público, o del régimen de promoción de la actividad agraria).

En este escenario, cerrar filas con Vizcarra con miras a sacar adelante la reforma política y electoral (aspecto clave para el próximo proceso electoral), supondría no solo fortalecer la imagen del Gobierno y sumarle apoyo popular, pondría al movimiento sindical y social en una situación particular considerando que este mismo Gobierno buscaría aprobar una política nacional sin debate y participación de los actores implicados. Si no, cómo explicar que las “30 medidas propuestas para un empleo digno y formal en el marco del plan de competitividad y productividad” anunciadas por el MTPE2, permanezcan en el completo hermetismo, sin poderlas analizar y debatir, como corresponde.

Más allá de esta pulseada coyuntural, lo cierto es que, con la actual institucionalidad, la situación de los trabajadores seguirá siendo la misma. El Estado no podrá ejercer un papel promotor en la economía y su rol tutelar de los derechos laborales seguirá siendo marginal y accesorio. Desde esta perspectiva, el problema de fondo seguirá siendo el marco constitucional vigente. Pero cambiarlo constituye un objetivo “maximalista” que demanda otra correlación de fuerzas políticas y sociales, capaz de imponerse electoralmente el 2021 y generar las condiciones para una asamblea constituyente. ¿Están los sindicatos peruanos alineados con este objetivo?

1 Cuadros, Fernando. “Rigidez laboral y contratación temporal en el Perú. Entre el mito y la falacia”. En Análisis Laboral. Nº 487, enero de 2018, AELE, Lima, págs. 11 a 14. Disponible en: http://trabajodigno.pe/wp-content/uploads/2016/02/Rigidez-Laboral-y-Cont...

2 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/29587-mtpe-presento-30-prop...