El tema de las migraciones laborales es parte de la lucha política a nivel global. Como tal, se desarrolla en diferentes espacios y sentidos. Desde los años 80, una de las principales manifestaciones de la globalización ha sido la creación de mercados de alcance mundial. Los productos circulan libremente, caen los aranceles y se desdibujan las fronteras para la libre circulación del capital. Pero lo mismo no ocurre con los trabajadores. La migración laboral es obstaculizada y en muchos casos criminalizada. Se construyen muros y cercos para impedir que los trabajadores transiten libremente en busca de un mejor destino. 

Los organismos multilaterales, especialmente la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han construido un discurso hegemónico alrededor de las migraciones laborales para presentarlas como una “crisis migratoria” que debe ser “regulada” mediante políticas de control y una administración de las migraciones que responda a las necesidades de las grandes corporaciones trasnacionales y no a los intereses de los trabajadores. De esta manera, se ha consolidado un discurso institucional que encierra una mirada administrativa de los procesos migratorios. Este enfoque es promovido desde organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Como señalan Domenech y Pereira (2017):

Los estudios han remarcado que estas nuevas configuraciones se asientan sobre modos de pensar y actuar sobre las migraciones que, más allá del lenguaje humanitario o de los derechos humanos, responden a visiones tecnocráticas y fundamentos utilitaristas de la migración.

Por estas razones, nuestro acercamiento al tema de las migraciones en general y de las migraciones laborales en particular debe ser crítico de los sesgos e instrumentalizaciones del poder hegemónico. Se trata de construir una perspectiva que perciba el fenómeno migratorio como un ciclo continuo de desplazamientos dentro y fuera del país. Un primer momento de estos movimientos ha sido entendido como flujos, por lo que se ha priorizado un acercamiento cuantitativo que pone el acento en cantidades de peruanos en el exterior y en los montos de las transferencias monetarias. No existen muchos estudios que vean las migraciones como un “proceso” que describan cualitativamente los contenidos, rostros, discursos y estrategias de los actores (Domenech y Pereira, 2017). 

El Perú ha sido tradicionalmente un país de emigración laboral, por los problemas económicos y políticos que conocemos. En los 80s, aproximadamente un millón 200 mil compatriotas salieron del país para buscar un futuro mejor. De esta manera, se han construído colonias de migrantes peruanos en Chile, Argentina, España, EEUU. Italia y Venezuela. 

Ahora, coyunturalmente, estamos recibiendo una migración laboral del hermano país de Venezuela. Se trata de una situación complicada porque se mezcla la crisis económica con una tenaz pugna política de alcance internacional en donde los intereses de EEUU buscan socavar aún más al régimen venezolano. El gobierno peruano –a diferencia de otros casos- dictó rápidamente un régimen excepcional para los migrantes venezolanos estableciendo en febrero del año pasado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Si bien, ya existía un proceso de migración en marcha, el PTP ha acelerado las cosas. Esta medida excepcional no se puede entender solamente como una respuesta “humanitaria” sino también como parte de la disputa política del gobierno peruano con el gobierno de Venezuela. 

En el último año han ingresado alrededor de 100 mil ciudadanos venezolanos, de los cuales 25 mil han tramitado el Permiso Temporal de Permanencia y solamente 7 mil aparecen en las Planillas electrónicas, es decir, tienen un vínculo laboral formal según datos del MTPE. Entonces, la inmensa mayoría de venezolanos se encuentra en una situación desventajosa para acceder a empleos adecuados. De allí su presencia en empleos no calificados en los sectores de servicios y comercio (restaurantes y similares). Son sectores donde predomina la precariedad laboral, es decir, laboran sin contrato, con jornadas intensas de trabajo y bajas remuneraciones. Para un sector de trabajadores peruanos se trata de “empleos de transición”, que se adquieren ya sea como primer empleo o  para paliar periodos de inactividad entre actividades con mejores ingresos en manufactura o construcción. En cambio, para una población en condiciones de migración, estos empleos son algo más que transiciones laborales. Esto explicaria en parte,  la presencia creciente de trabajadores venezolanos en dichos sectores. 

Un sector de la derecha busca presentar a los trabajadores venezolanos como la causa de los problemas de empleo y remuneraciones. Esta es una estrategia ampliamente conocida, en donde un grupo es identificado como el responsable de los problemas que enfrentan el resto de trabajadores. Este argumento se ha usado en contra de las mujeres y los jóvenes para impedir su acceso al mercado y fundamentalmente para crear divisiones en la clase trabajadora. 

Pero, si miramos las estadísticas de empleo durante el 2017 veremos que los sectores de comercio y servicios han mantenido una tendencia de crecimiento. La actividad de Comercio dinamizó el empleo, que aumentó en 5,9% (56 mil 200); seguido por el sector Servicios que creció en 1,9% (50 mil 500); mientras que disminuyeron en Construcción en 4,4% (15 mil 800) y en Manufactura en 1,5% (10 mil 100). El sector Servicios concentra el 57,1% de los ocupados, Comercio el 20,8%, Manufactura el 14,0% y Construcción el 7,1%. Como vemos, el crecimiento de los sectores Servicios y Comercio puede explicar en parte, la mayor visibilidad de los trabajadores venezolanos en nuestro país. 

Las remuneraciones no están bajando por los trabajadores venezolanos. Las remuneraciones ya eran bajas desde hace más de una década. Los sueldos generalmente suben por varios factores, todos ellos más o menos articulados entre sí. Por un lado, cuando hay un aumento de productividad, lo cual es complicado en nuestro país donde casi no hay inversión en tecnología o capacitación laboral.  Por otro, cuando los trabajadores estan organizados y mediante la negociación colectiva logran una mejor redistribución del excedente. Lo cual es más dificil en un país con 2.8% de afiliación sindical en el sector asalariado privado. Como vemos ambos factores resultan muy débiles en nuestro país. El último factor es la decisión política desde el Estado, mediante aumentos a la Remuneración Mínima Legal (RML). La misma que se ha incrementado lentamente en los últimos años, luego de un complejo juego de presiones políticas. El último aumento fue el 1 de mayo del 2016. Aún así, como sabemos, es una de las más bajas de América latina (comparando en paridad de poder adquisitivo). El problema de los salarios bajos poco tiene que ver con la presencia de trabajadores venezolanos.   

El impacto hasta el momento en el mercado laboral es ínfimo. No existen elementos reales para plantear un “cierre de fronteras” que sería además una política extremadamente reaccionaria o la receta de los organismos multilaterales que consiste en la “gestión de los flujos migratorios” que a la larga viene a ser más o menos lo mismo. 

Sin embargo, los medios y las redes sociales presentan una imagen catastrofista que alimenta la xenofobia en la sociedad. A nuestro juicio, el verdadero problema es precisamente, el desarrollo de actitudes xenófobas en una sociedad que ya es bastante racista. 
Entonces, la principal responsabilidad recae en el Estado peruano. En los países receptores de migración, las instituciones del Estado asumen un firme compromiso para erradicar toda forma de xenofobia mediante campañas de información y sensibilización en la ciudadanía. Es un primer paso, dentro de un proceso amplio. 

El Estado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe fiscalizar las actividades de comercio y servicios donde laboran trabajadores extranjeros para garantizar que se está respetando la legislación laboral y los derechos sindicales. 

Finalmente, debemos recordar que el movimiento sindical ha sido el defensor del “internacionalismo proletario”, es decir, de la unidad de los trabajadores por encima de sus diferencias nacionales, étnicas, de género o de cualquier otra índole. Para el sindicalismo clasista las diferencias nacionales son secundarias frente a la identidad de clase de los trabajadores. La xenofobia es el odio a los extranjeros. Los peruanos hemos sido victimas de xenofobia en muchos países. En todos ellos, los sindicatos han sido un aliado en contra de la xenofobia a los peruanos. Por lo que se espera que el movimiento sindical exiga al gobierno peruano que enfrente frontalmente toda expresión de xenofobia y garantice el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores sin discriminación de ninguna clase. 

Referencias:
Domenech, Eduardo y Pereira, Andrés (2017). Estudios migratorios e investigación académica sobre las políticas de migraciones internacionales en Argentina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 58, págs. 83-108