El Perú vive en los últimos años una grave ola de delitos graves como extorsiones, asaltos, secuestros y sicariato que han provocado centenares y miles de muertos en todo el país. Estos hechos, más la poca inacción del Estado, motivaron hasta el momento tres contundentes paros nacionales de la población afectada, y harta de la sensación de inseguridad e impunidad que genera. Ante la falta de ideas y soluciones, el gobierno de Dina Boluarte, así como antes los congresistas, recurren a las propuestas fáciles y demagógicas para los medios, como la xenofobia.  

Así, en conferencia de prensa, la presidenta anunció que iban a hacer un reajuste en migraciones: “Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, les vamos a caer”. Y al día siguiente aparece en el Peruano el Decreto Supremo 011-2024-IN que modifica e incorpora artículos en el Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones (1350) y aprueba nuevas calidades migratorias, en lo relativo a la identificación de extranjeros, documentos de identidad, cancelación del carné de extranjería y acceso a la información del Registro de Información Migratoria.

Nadie niega que, en la avalancha migratoria de venezolanos al Perú en los últimos años, sin mayor control ni exigencia por motivos políticos, ingresaron peligrosos delincuentes e integrantes de bandas internacionales como el llamado “Tren de Aragua”, responsables de no pocos hechos sangrientos. Es sabido que toda actividad delictiva se hace fuera de la ley, y el cambio de las normas migratorias, lejos de afectar a quienes se burlan de ellas y no las utilizan, apunta más bien al migrante pobre, sin muchos recursos, pero que trata de salir adelante. Y no solamente venezolanos, como dice la señora que ocupa Palacio, sino de toda nacionalidad y condición social, o como nosotras, las migrantes víctimas de agresores peruanos y con niños peruanos, atrapadas en el sistema machista que te obliga a abandonar al hijo en Perú o te quedas soportando cuanta vejación existe.  

En buena cuenta el objetivo es incentivar la xenofobia y aporofobia en la población, al estimular mismo Gestapo -bajo el riesgo de penas y multas- la delación de empleadores, vecinos, comerciantes y caseros a todo extranjero irregular, lo que no es lo mismo que ilegal, como paso previo para ser detenido y expulsado de forma exprés del país, aun cuando pueda tener familia. 

¿Eso va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana y las extorsiones? Por supuesto que no, como ha sucedido también con los estados de emergencia, sacar militares a las calles y otras medidas efectistas e inútiles. Es una disposición sin mayor sustento técnico, cifras que lo respalden y que ya han fracasado en otros países. Lo que si va a conseguir es destruir las vidas de las personas y familias, victimas indiscriminadas de estas medidas, solo para el aplauso momentáneo de un gobierno que no tiene ni cinco por ciento de aprobación. Los otros afectados serán los miles y millones de peruanos que viven en el extranjero, y que se han incrementado en los últimos años producto de la crisis.

Basta ya, seguridad si, xenofobia y aporofobia no. Los delincuentes, peruanos o extranjeros, que paguen con la ley y la cárcel sus delitos, con una justicia y policía limpia, no corrupta. Qué las leyes persigan a los criminales, y no como ahora, que los exoneran para no incriminar a los políticos. No hagamos escarnio ni persecución de los demás, que hoy día pueden ser ellos y mañana tu.