Ocho personas fallecidas y 84 heridas tras el colapso del techo del Real Plaza de Trujillo. Esta tragedia es el resultado de una serie de deficiencias en la construcción de la empresa de Carlos Rodríguez-Pastor, la falta de supervisión del Estado y la presión política ejercida desde el Congreso para suspender sanciones impuestas a la empresa, a pesar de los riesgos evidentes en su infraestructura.

La construcción del Real Plaza de Trujillo fue solicitada por el grupo Intercorp, propietario de Interbank y liderado por Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, al municipio de Trujillo, administrado por el partido político de César Acuña. Cabe preguntarse si existió una falla en el diseño original del centro comercial. La supervisión del correcto funcionamiento del establecimiento correspondía a Defensa Civil del municipio respectivo, lo que pone en evidencia una cadena de negligencias, corrupción e irresponsabilidad.

En diciembre de 2023, el Real Plaza fue clausurado debido a serias deficiencias estructurales. Sin embargo, diversos congresistas, amparándose en la legislación interesada, promovieron medidas para impedir su cierre. Alejandro Cavero y Diego Bazán impulsaron una ley que evitaba la clausura de centros comerciales y llevaron a cabo una activa campaña en medios de comunicación para que el Real Plaza reabriera en un plazo de 48 horas. El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, denunció que el Congreso ejerció presión para suspender la sanción impuesta al centro comercial.

Los administradores del establecimiento tenían la obligación de garantizar la seguridad de los visitantes, pero incumplieron con su deber de cuidado. Se investiga si se llevaron a cabo las inspecciones técnicas necesarias antes de la inauguración y durante el funcionamiento del centro comercial, así como si existieron reportes previos de desperfectos en la infraestructura o negligencias en el mantenimiento periódico.

Las responsabilidades legales podrían recaer en diversos actores: la empresa propietaria del centro comercial y sus administradores, la empresa constructora y los arquitectos responsables del diseño y ejecución de la obra, así como las autoridades municipales que otorgaron la licencia de construcción y operación.

Desde el ámbito penal, se evalúa la posible comisión de delitos como homicidio culposo y lesiones culposas, lo que podría derivar en sanciones legales para los responsables. En el ámbito civil, los afectados podrían interponer demandas por indemnización de daños y perjuicios, considerando tanto el daño moral como el material.

En el Perú, el congreso ha promulgado leyes que debilitan las normas de seguridad, reducen los estudios de gestión de riesgos y vulnerabilidad, y favorecen la inversión privada sin considerar adecuadamente los derechos humanos de los trabajadores y ciudadanos. El gobierno de Dina Boluarte no lo ha observado.
Es evidente que la supervisión del Estado y de los municipios no es suficiente; se requiere un control activo por parte de la sociedad civil y los consumidores. Empresas privadas como Interbank y el Real Plaza, junto con sus accionistas, han demostrado una falta de estándares de calidad y ética empresarial.

Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), solicitó en 2024 la suspensión de la sanción impuesta al Real Plaza de Trujillo. Su pedido contó con el respaldo de los congresistas Alejandro Cavero, Adriana Tudela, José Cueto, Fernando Rospigliosi, Edward Málaga, José Williams, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales, Víctor Flores, Karol Paredes y José Elías Ávalos. Actualmente, estos congresistas han presentado un proyecto de ley para extender la vigencia de autorización de los centros comerciales a diez años, bajo el argumento de que "son espacios seguros y no requieren fiscalización frecuente, pues esto atentaría contra el derecho a la empresa".

Ante esta alarmante situación, es fundamental que la ciudadanía se organice en Comités de Gestión de Riesgos para exigir informes detallados a empresarios y entidades responsables sobre el mantenimiento de la infraestructura, así como la aplicación de normas de defensa civil adecuadas en espacios públicos.
No fue accidente, fue negligencia que trato de ser resuelta con presión política y corrupción.

-----------------

* Raúl Luna Rodríguez. Mag en Economía, Consultor en Gestión de Riesgos y Desastres, Ex Coordinador de la Plataforma de Gestión  de Riesgos de Lima Metropolitana. Coordinador de GRIDES, Red de Gestión de Riesgos de la Sociedad Civil