Raúl Luna Rodríguez*

En el Perú, el congreso ha promulgado leyes que debilitan las normas de seguridad, reducen los estudios de gestión de riesgos y vulnerabilidad, y favorecen la inversión privada sin considerar adecuadamente los derechos humanos de los trabajadores y ciudadanos. El gobierno de Dina Boluarte no lo ha observado.