El pueblo voto por una salida democrática y de cambios a la crisis no se trata de restituir el empantanado mal gobierno sino de construir una salida política, antidictatorial y constituyente.

Nuestro país vive desde el 2017 una profunda crisis general, económica, política, social y del conjunto del poder político republicano. Al agotamiento del ciclo neoliberal fujimorista iniciado en 1993, se sumó el agotamiento de un régimen político oligárquico y centralista diseñado para ser sistemáticamente cooptado por las grandes corporaciones privadas. Este agotamiento se ha expresado en la gran crisis de la corrupción pública con seis presidentes involucrados, y la crisis sanitaria con la pandemia del Covid 19 y la más alta tasa de muertes a nivel mundial (300 mil muertos por millón de habitantes). El contexto de crisis internacional agrava nuestra crisis nacional.

En las elecciones generales de 2021 frente a la crisis de régimen, el soberano decidió por una salida democrática, de profundas reformas estructurales y cambios del Pacto Social para una nueva Constitución Política. Perdió la propuesta de la derecha y la ultraderecha quienes proponen un nuevo ciclo ultraconservador en lo económico y un régimen autoritario en lo político. 

Pedro Castillo electo como presidente de la República tuvo como mandato del soberano hacer los profundos cambios explicitados en la primera y segunda vuelta. Están explícitos en el Plan Bicentenario (mayo 2021), en el mensaje presidencial del 28 de julio de 2021, que fue el mensaje del Bicentenario, donde se ratifican los cambios que el país exigía, incluido seguir la ruta hacia una nueva Constitución. Siguen explícitos en las propuestas de gobierno del discurso de investidura del presidente del Consejo de ministros, Guido Bellido (agosto de 2021); la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez (octubre de 2021) así lo reafirman. En estos primeros seis meses se mantuvo el discurso del cambio y se iniciaron políticas progresivas. Las más importantes en el sector economía, superando los graves antecedentes de la gestión de Sagasti, así como del impacto de la pandemia y de la recesión mundial. En el sector salud en emergencia igualmente hubo un adecuado combate a la pandemia. En el sector agrario se propuso el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Pero luego todo esto quedó en el camino. 

Desde la izquierda de Nuevo Perú se propuso directamente al presidente Pedro Castillo instituir un Estado Mayor de conducción gubernamental, bajo su conducción, y con la participación de toda la izquierda con responsabilidad en el gobierno y el Estado. Vladimir Cerrón inició aquí su deriva personalista y fraccionalista que lo ha llevado ahora a los brazos del fujimorismo y se opuso tajantemente a esa propuesta aduciendo que “era el gobierno de Perú Libre”. Por su parte, el presidente Castillo inició su opción de adaptarse al régimen político y económico vigente y tampoco aceptó constituir dicha institucionalidad y procedió a conformar un gobierno por cuotas en los ministerios y el Estado. 

Desde los movimientos sociales al iniciar el gobierno existía el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, constituido luego de la segunda vuelta, contra el intento de desconocer el triunfo electoral, aduciendo “fraude en mesa” por la coalición golpista. Allí participaron todas las organizaciones sociales y políticas y era indudablemente el germen del Gran Frente por el Cambio en Democracia. Una vez conquistada la proclamación como presidente de la República de Pedro Castillo”, el primer partido en retirarse fue Perú Libre, rompió la unidad frentista, como dijeron “porque era el gobierno de Perú Libre”. En agosto de 2021 el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, tan vigoroso en junio y julio, languideció por la conducción del bloque magisterial de convertirlo en un frente oficialista, sectario, sin norte programático. Se retiraron la CGTP, la CUT, la CUNARC, Fenmucarinap y otras organizaciones sociales y políticas. Las que más adelante reconstituirán la Asamblea Nacional de los Pueblos. 

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