Como argumento para declarar el Estado de Emergencia en la provincia de Islay hace pocos días se ha dicho que hay que defender el Estado de Derecho; el derecho, nos dicen, de la mayoría de ciudadanos de ese lugar a vivir en paz. Sin embargo, si vamos a una definición sencilla de Estado de Derecho, encontramos que este no es otra cosa que el gobierno de la ley. Justamente lo que define a la modernidad, superar la autoridad que emana de la arbitrariedad de las personas y marchar, supuestamente, a la neutralidad de la ley.

Tradicionalmente, el tema de los recursos naturales (RRNN) ha sido una cuestión de soberanía. Ese fue el eje del discurso en toda América Latina y, también en el Perú, lo que se expresó en la batalla contra la IPC y, finalmente, en su nacionalización en 1968.
 

El Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) -que comprende las Regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Apurímac- es uno de los principales lugares de cultivo de hoja de coca del Perú y del mundo. Mueve un mercado mundial de aproximadamente 450 mil millones de dólares.

Coincidentemente el año 2014, en algunas de esas regiones, se ha incrementado notoriamente la presencia de cooperativas de ahorro y crédito.

Las organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc tienen programado realizar un paro de 48 horas, los días martes 2 y miércoles 3 de junio, con la finalidad de hacer frente a la contaminación y la expansión de actividades de las compañías mineras Gold Fields, Coimolache y San Nicolás, que operan en la provincia.

La huelga minera indefinida convocada por la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) no solo es contra la Ley de Tercerización (29245), que permite la subcontratación de personal en las minas con contratos temporales y salarios muy por debajo de lo que ganan los trabajadores en planilla, sino también contra algunas normas que recortan importantes derechos laborales de los mineros y trabajadores de todo el país.

La suspensión del proyecto Tía María por la coalición empresa-Estado que se ha verificado el día viernes 15 de mayo es un triunfo del movimiento popular desarrollado en los últimos meses y años en la provincia de Islay y extendido en los últimos días a la ciudad de Arequipa.

El mito fundante de los Añaños como emprendedores campesinos de zonas alejadas, devenidos en industriales a punta de imaginación y esfuerzo en medio de ataques senderistas, empezó en 1993 con un artículo de Mario Vargas Llosa publicado en El País de España y Caretas de Lima.

Las protestas contra el proyecto minero Tía María hicieron que el pedido de facultades legislativas pase a un segundo plano, a pesar que tanto el presidente Ollanta Humala como el premier Pedro Cateriano aseguraron que la semana pasada concretarían el pedido para que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad, terrorismo, narcotráfico, economía y política social.
 

Estoy de acuerdo con los economistas que no ven en las remuneraciones tan solo un costo de producción, sino que las ubican principalmente como factor de demanda, es decir como un motor de la economía.

Félix Jiménez, Germán Alarco y otros muchos economistas que piensan y que asesoraron a Humala antes de que quede preso de la Confiep, sostienen que elevar el salario mínimo por ejemplo, además de ser clave en el tema de la distribución del ingreso en el Perú, es más que pertinente en un contexto de desaceleración económica como el que atravesamos en la actualidad.

Durante la década del fujimontesinismo, el país vivió una apariencia de legalidad. Todas las instituciones parecían, en las formas, funcionar de acuerdo a sus atribuciones. Insisto: parecían, pues la realidad era otra.