Conflicto Minero

El día viernes 27 el vocero de la empresa Southern Perú Cooper Corporation dijo que su representada retiraba el proyecto de explotación minera “Tía María” del valle del río Tambo en la región Arequipa. La razón señaló era la existencia de un terrorismo anti-minero en la zona y la incapacidad del gobierno nacional para lidiar con él. Unas horas más tarde el Presidente de la empresa desmentía a su vocero y decía que se quedaban. No está claro, sin embargo, si se quedan con la concesión y esperan un tiempo o continúan con el proyecto minero tal cual.

Como argumento para declarar el Estado de Emergencia en la provincia de Islay hace pocos días se ha dicho que hay que defender el Estado de Derecho; el derecho, nos dicen, de la mayoría de ciudadanos de ese lugar a vivir en paz. Sin embargo, si vamos a una definición sencilla de Estado de Derecho, encontramos que este no es otra cosa que el gobierno de la ley. Justamente lo que define a la modernidad, superar la autoridad que emana de la arbitrariedad de las personas y marchar, supuestamente, a la neutralidad de la ley.

Exministro explica que cuestionamientos a proyecto minero deben ser subsanados.

El exministro de Ambiente Ricardo Giesecke dijo al diario UNO que es necesario que un grupo de expertos independientes revise el segundo Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero Tía María a fin de que las observaciones y cuestionamientos sean resueltas por la empresa.

El gobierno parece que no aprende la lección y no se conmueve ni con los muertos. El presidente Ollanta Humala, el premier Pedro Cateriano y los ministros Rosa María Ortiz, de Energía y Minas; José Luis Pérez Guadalupe, del Interior; y Manuel Pulgar-Vidal, del Ambiente, aseguraron que el conflicto en el proyecto Las Bambas, en Apurímac, ha sido superado.
 

Un muerto fue el saldo que dejo el paro del 21 y 22 de octubre, acatado por las comunidades de Puquio (Ayacucho), que exigen el retiro de la empresa minera Exploraciones Andinas de la localidad de San Andrés, porque estaría contaminando fuentes de agua y generando un impacto en la laguna Yaurihuiri. Tras estos hechos, recién en esta semana las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, el Ministerio de Energía y Minas y la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad llegaron al lugar para sostener una reunión con las partes en conflicto.

Sabíamos que en las primeras semanas de asumir el nuevo gobierno los conflictos sociales se iban a reactivar. Siempre ha sido así. En el inicio de la gestión de Alejandro Toledo estallaron los conflictos en el sur, especialmente en Arequipa cuando, sin mayor fundamento y evaluación, decidió privatizar la empresa EGASA.