conflictos sociales

Las esgrimas periodísticas pueden ser no sólo un entretenido cruce de plumas sino también el inicio de  debates académicos y políticos de fondo cuando los protagonistas son destacados intelectuales (y economistas) como Roberto Abusada y Jurgen Schuldt.

Ya es un hecho. Nos estamos yendo de cara a una situación económica muy preocupante que nada tiene que ver con la década de bonanza que arrancó con todo en el 2005. Y eso va a marcar sin duda la campaña electoral al ritmo de una desaceleración que será bastante más notoria conforme avanza el año.

Durante el período 2003-2013 el Perú mantuvo un crecimiento promedio del PBI per cápita de 5,2%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), superando a otros países de la región. Sin embargo, en dicho lapso se incrementaron los conflictos sociales, lo que ha puesto en evidencia la debilidad institucional del Estado para implementar eficazmente una política integral en materia de prevención y gestión de conflictos.

Desconfío mucho de los anuncios apocalípticos de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos sociales y la conflictividad en el Perú. Desconfío desde hace mucho porque su fundamento metodológico y conceptual no es sólido. Tuve mis primeros desencuentros con ellos el 2011, y los mantengo a la fecha. Escribí un artículo al respecto pero no logré terminarlo porque consideré que era inútil cuestionar a la Defensoría del Pueblo, porque la palabra de ella es tomada como si Roma locuta.

Lamentable que a dos meses y medio de gobierno se produzca la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de fusil como consecuencia de la acción de desbloqueo de la carretera desde la comunidad de Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido impuesto por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal por parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda.

La asunción del nuevo Gobierno, ha configurado un nuevo escenario en materia de conflictividad social que le ha dado un poco de aire aun cuando el número de los conflictos sociales han ido en aumento.

Aunque la gestión Vizcarra no ha creado la expectativa de otros gobiernos de transición, ha generado que la polarización social y política que iba en alza, por lo menos se reblandezca. Su alianza con el fujimorismo le ha allanado el camino en esta materia. El fujimorismo se ha retirado de los conflictos sociales, de los que era abanderado en el Gobierno de PPK.

Ninguno de los dos partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta electoral peruana, tiene en su plan de gobierno un capítulo dedicado a los Conflictos Sociales, sólo hemos encontrado algunas referencias:

En el Plan de Gobierno de Fuerza Popular aparecen los conflictos sociales, en 2 momentos: 1). En el acápite referido a la minería, como un problema a destrabar y 2). En el capítulo de orden público junto a “índices delictivos”, “policía” y “construcción de penales”1

Sabíamos que en las primeras semanas de asumir el nuevo gobierno los conflictos sociales se iban a reactivar. Siempre ha sido así. En el inicio de la gestión de Alejandro Toledo estallaron los conflictos en el sur, especialmente en Arequipa cuando, sin mayor fundamento y evaluación, decidió privatizar la empresa EGASA.

Mucho se esperaba que el presidente Pedro Castillo, acechado por una oposición de los partidos y grupos de la derecha radical que pugna por la vacancia y por conflictos sociales que no dan tregua, iba a optar por un giro político cambiando el gabinete de Aníbal Torres por un gabinete de concertación, con ministros conocedores de la gestión pública que recuperen la confianza de la ciudadanía y de los movimientos sociales. 

Únanse al baile 
De los que sobran
Nadie nos va a echar de más
Nadie nos quiso ayudar de verdad
(Canción de “Los Prisioneros”)