En esta disputa con la derecha que atraviesa América Latina los medios de comunicación dominantes quieren establecer la idea de que la destitución de Dilma Roussef fue un proceso legal y no constituyó un golpe de Estado. Sin embargo, la abrumadora mayoría de expertos en cuestiones constitucionales, de los más diversos colores políticos, así como buena parte de los medios de comunicación internacionales, aceptan que los hechos que se le imputaban a Roussef no constituían delitos ni figuraban como causas de destitución presidencial en la constitución brasileña .
