Uno de los temas más importantes de discusión política en el siglo XX fue el tamaño del Estado. A comienzos de ese siglo “los sectores estatales consumían  en la mayoría de los  países occidentales y en Estados Unidos poco más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), en los años ochenta absorbían casi el 50 % (y el 70%  en el caso de Suecia socialdemócrata)” (Fukuyama,  2004 : 18 ).

José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, planteaba en un artículo de esta revista («La nueva derecha en América Latina», LMD, Nº.185, nov. 2014) que en América Latina estaba apareciendo una nueva derecha. Para él, los resultados de las elecciones en Brasil, el liderazgo de Henrique Capriles en Venezuela y las encuestas en ese momento en Argentina, pintaban un «paisaje electoral más competitivo que el del pasado».

En el universo de los 19 candidatos que se presentan a las elecciones generales de 2016, casi todos muy similares entre sí porque apoyan a rajatabla el continuismo neoliberal, qué hace que el electorado vaya prefiriendo a unos más que a otros. Descartada la identidad política porque, como digo, la comparten, queda la identidad social. Me refiero a la identificación por parecido, sobre todo étnico, más que por afinidad con la propuesta.

El motor, por el lado de la demanda, que genera mayor crecimiento económico es el  consumo privado debido a que la inversión pública y las exportaciones están prácticamente paralizadas.

El consumo privado viene en ritmo descendiente. El 2014 creció 4.1% y el 2015 ha cerrado en 3.4% y esto sucede porque a su vez la economía decrece y el empleo lo mismo. El 2015 el empleo formal urbano creció menos de 1% y el sueldo promedio real, según la Cepal creció 0%.

Se tiene previsto para este año una fuerte caída en la inversión minera debido a la falta de megaproyectos. Se estima que dicho monto pase los 7,000 millones de dólares para el año 2015, algo cercano a un descenso del 14% respecto al año 2014. El flujo de inversión en nuevos proyectos ha venido descendiendo desde su pico en 2013 cuando llegó a 9,934 millones de dólares, el 23.6% del total de la inversión privada.

En un reciente comunicado la Asociación de Exportadores (Adex) levantó su voz de alarma por la crisis en ese sector y advirtió que el futuro de 6 millones de peruanos vinculados a la cadena exportadora está en riesgo. Si es que no se toman las medidas correctivas, es posible que este año cierren unas 1681 empresas exportadoras que acumulan tres años de caídas en sus ventas.

El fin del boom exportador es también el agotamiento del piloto automático que dejaba de lado al Estado y a la política. La desaceleración económica y la recesión que se anuncia requieren el retorno de un Estado más activo y la revaloración de la política como un espacio en el que se resuelven los problemas y los sueños de la gente.

Según cifras del INEI, en el IV Trimestre del 2013 las personas naturales crearon 42,468 empresas, a nivel nacional. La cantidad es importante y demuestra que muchas personas quieren establecer algún tipo de “negocio”. Dice también el INEI que el 29.5% de las nuevas empresas declararon que su negocio era el comercio al por menor, un 15% adicional era para “comercio al por mayor” y un 14.6% para “otros servicios”.
 

Dentro de la perspectiva neoliberal existe la percepción de que todas las transferencias de propiedad de empresas locales hacia grupos extranjeros son positivas, tanto para la firma como para la economía local. Esto no es real, ya que existen muchos casos en que la venta, fusión u absorción no ha beneficiado a los accionistas minoritarios, a los trabajadores, ni al país. Un caso extremo es el de la privatización de AeroPerú que terminó en la quiebra por su accionista extranjero.

La Ley de Flagrancia, por la cual se procede con celeridad en delitos probados de manera indiscutible fue promulgada en el 2004 pero hasta el año pasado no se aplicaba. A partir del 29 de noviembre de 2015, mediante DL 1194, emitido por el Poder Ejecutivo, se puso en vigor. Desde su entrada en vigencia se logró aplicar dicha medida a más de 2000 casos. Si bien con esta disposición se pretende agilizar las sentencias contra personas que hayan sido encontradas infraganti, cometiendo delitos, constituye también un arma de doble filo en nuestro sistema de justicia penal.