1).- Algunos medios, en pequeñas notas reseñadas en las páginas interiores, dan cuenta del reclamo de Gerardo Fernández -alcalde del centro poblado de Putis, en la provincia ayacuchana de Huanta- pidiendo al Ministerio de Defensa (Mindef) “que revele de una vez los nombres de los militares que estuvieron involucrados en la matanza de 123 pobladores en Putis en diciembre de 1984” (LR. 20.11).

Si bien es necesario expresar nuestra indignación ante el horror por la masacre producida por seis ataques terroristas simultáneos cometidos el viernes 13 en la ciudad francesa de Paris, en la que fallecieron 129 personas, uno no puede quedarse en el plano fácil de las emociones. Más bien debemos redoblar nuestro sentido crítico y buscar explicaciones ante esta tragedia que afecta tanto a Francia como al mundo.

Mi intención con el artículo “El Síndrome del Barrantismo” que publiqué hace una semana y que causó cierta polémica, fue mover un tema que percibo estancado por posiciones sectarias y antipolíticas.

Al margen de los pleitos que me gané o las adhesiones que recibí, he querido contribuir al debate sobre la urgencia de un acuerdo electoral, en primer lugar, entre el Frente Amplio (FA) y Unión Democrática (UD), para de inmediato entrar en algo mucho más grande con el centro.

La discusión abierta sobre las graves falencias que atraviesan las AFP nos dice que ya queda claro que el Sistema Privado de Pensiones necesita una reforma de proporciones. Pero la reforma no debe limitarse solo al SPP pues lo que se necesita es un nuevo sistema de pensiones públicas y privadas que contemple pensiones para todos los ciudadanos del Perú, como base de un contrato social solidario (1).
 

En el Perú, de acuerdo al Censo del 2007, existen 1′765,000 ciudadanos mayores de 65 años. De ellos, 345,000 reciben pensión de la ONP y 82,000 están en las AFP, lo que quiere decir que solo el 25% reciben pensión en sus años de vejez. Es lo que se llama “pensión contributiva”, pues han aportado a esos sistemas. 
 

Hasta ahora la pugna electoral es un pleito de blancos. La llegada de Acuña a la cancha grande no cambia el color de la escena. Los principales protagonistas son los líderes de la derecha que ya han gobernado el país. Los líderes de centro y de izquierda están jugando en cancha chica, pese a que su escenario social es muy ancho, y están permitiendo que este espacio sea colonizado por las derechas. Sin embargo, más del 30% de los ciudadanos sigue resistiendo a las candidaturas de la derecha.

Si gana Macri en Argentina en los próximos días, en primer lugar, UNASUR sería fuertemente golpeada, primero porque el cambio de régimen que representa ese golpe de timón desde la izquierda peronista, a una pura y dura derecha en el país austral, lo sacaría del eje latinoamericano en el que se ha movido desde que se instaló el kirchnerismo en el 2003.

Tras once meses de trabajo, fue aprobado el informe final a cargo de la comisión del Congreso que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. Dicho documento consta de un diagnóstico de la situación actual del narcotráfico en el país y su repercusión en la cultura política, además de 19 conclusiones y 30 recomendaciones. Asimismo, contiene 27 proyectos de ley para combatir el tráfico ilícito de drogas (TID) y la narcopolítica que deberán ser aprobados por el pleno en los próximos meses.

Este domingo 22 de noviembre se cumplirán quince años del inicio del gobierno transitorio que presidió Valentín Paniagua. Y si bien quince años puede parecer un tiempo político breve para medir sus consecuencias, es necesario hacer un balance tanto de lo que representó dicho gobierno como de los objetivos planteados en ese momento.
 
Por eso me parece pertinente comparar los ideales y objetivos del gobierno de transición del gobierno de Valentín Paniagua con la actual situación democrática del país. 
 

Un reciente informe de la OCDE, el club de países desarrollados al cual Perú aspira a entrar (y del cual Chile es miembro), revela una serie de brechas a cerrar, es decir, de problemas a resolver antes de ser admitido. La lista es larga y entre ellas destaca una que rara vez comentamos: la baja productividad, asociada a una muy alta informalidad empresarial, y un número igualmente alto de pequeñas y medianas empresas que se encuentra en estado de retraso tecnológico, gerencial y con graves problemas de incumplimiento legal laboral.