Jubilados

Mientras la SBS ordena agilizar el tiempo que toma migrar de una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a otra, incrementando el “poder de decisión” de los futuros pensionistas, las trabas para que estos mismos accedan a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen perjudicando a millones de personas que al hacerlo obtendrían mayores beneficios.
 
La libre desafiliación es solo parcial
 

De julio a octubre de este año el valor del fondo acumulado en las AFP ha caído en S/. 6,000 millones, pues ha pasado de S/. 121,388 a S/. 115,406 millones. Esto se explica en buena medida por el desplome de la Bolsa de Valores de Lima en los últimos meses, donde las AFP depositan buena parte de los aportes.
 

En el Perú, de acuerdo al Censo del 2007, existen 1′765,000 ciudadanos mayores de 65 años. De ellos, 345,000 reciben pensión de la ONP y 82,000 están en las AFP, lo que quiere decir que solo el 25% reciben pensión en sus años de vejez. Es lo que se llama “pensión contributiva”, pues han aportado a esos sistemas. 
 

En el Perú, de acuerdo al Censo del 2007, existen 1′765,000 ciudadanos mayores de 65 años. De ellos, 345,000 reciben pensión de la ONP y 82,000 están en las AFP, lo que quiere decir que solo el 25% reciben pensión en sus años de vejez. Es lo que se llama “pensión contributiva”, pues han aportado a esos sistemas. 
 

La discusión abierta sobre las graves falencias que atraviesan las AFP nos dice que ya queda claro que el Sistema Privado de Pensiones necesita una reforma de proporciones. Pero la reforma no debe limitarse solo al SPP pues lo que se necesita es un nuevo sistema de pensiones públicas y privadas que contemple pensiones para todos los ciudadanos del Perú, como base de un contrato social solidario (1).
 

Las AFP han mostrado ser, aquí y en el propio Chile cuyo modelo copiamos, auténticas instituciones extractivistas. Siempre ganan, pero pagan pensiones muy por debajo de los ingresos percibidos antes de la jubilación.

La tasa de reemplazo (proporción de la remuneración promedio cubierta por la pensión) en el año 2014 fue de 40%. Lo más probable es que, debido a su alta varianza, la tasa de reemplazo sea inferior al 20% para por lo menos el 50% de sus afiliados. En Chile, para este mismo porcentaje de afiliados con pensión, la tasa de reemplazo no supera el 15%.

La Ley que permite a los afiliados disponer del 95,5% de su dinero depositado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los 65 años, se encuentra en manos del Ejecutivo, que a través del ministro de Economía Alonso Segura anticipó que la observará pues considera que es “inconstitucional”.

En los países donde ganan las corporaciones, siempre pierden los pueblos. El sistema económico de Chile es un buen ejemplo de esta realidad expresada en muchas de sus políticas sociales y comerciales. Políticas que han transformado derechos fundamentales en lucrativos negocios. Este es el caso de la protección social a los jubilados. Los chilenos exigen pensiones dignas, sin embargo el sistema previsional del país se ha convertido en una perversión insignia del modelo económico instaurado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Unos 162 mil docentes peruanos, de un promedio de 73 años, pugnan actualmente por salir de la miseria como jubilados y cesantes, con pensiones dignas y humanas. La jubilación (retiro del trabajo por límite de edad) les permite entrar a la etapa de cesantía, con derecho de percibir un monto monetario mensual o pensión. 

El sistema de pensiones en Perú comprende el usurero y perverso sistema privado de las AFP, el ineficiente y burocrático sistema público de la ONP, varios regímenes especiales desconocidos y el programa social Pensión 65. Todos perjudican a nuestros trabajadores y jubilados que por años contribuyeron con su trabajo y aportes al desarrollo del país. Estos sistemas representan el desprecio estatal y gubernamental y el aprovechamiento empresarial de los ahorros de los trabajadores para gozar de una jubilación digna.