Necesario deslinde:

Es necesario hacer algunos necesarios deslindes a determinadas interpretaciones y toma de posición respecto de la crisis política, moral e institucional que vive el país.
Se trata de una crisis administrada desde el ámbito político estatal en una relación interdependiente entre el Congreso y Ejecutivo mediante un pacto de intereses subalternos, que compromete a la política y a la sociedad.

Esta crisis tiene características que la definen como crisis del sistema institucional democrático: creciente corrupción en los tres niveles de gobierno con participación de empresarios rentistas; copamiento del poder político para ponerlo a disposición de intereses particulares a través de normas aprobadas en el Congreso y refrendadas por el Ejecutivo; tenebrosa alianza entre el poder político y la criminalidad organizada de la minería ilegal, narcotráfico, sicariato; uso del poder para favorecer a empresarios rentistas como la ampliación de la reducción del monto del IGV a hoteles y restaurantes, lo cual interesa principalmente a la gran empresa, así como los beneficios a la gran empresa agroindustrial, entre otros; destrucción de los controles de calidad y la meritocracia en el sistema educativo universitario y educación básica regular; debilitamiento de los pocos avances en descentralización por el acendrado centralismo del Ministerio de Economía y otros. 

En primer lugar, la crisis no es exclusiva al ámbito político; también involucra al ámbito social, a las organizaciones sociales, a sus liderazgos, a su representación gremial, que persisten en agendas de confrontación y estrategistas. Existe suficientes razones para la crítica fácil desde la sociedad hacia la política y a lo estatal, acusándolos como los causantes de la crisis; pero, la sociedad no manifiesta interés activo por ser parte de un esfuerzo comprometido a resolverla. Lo social está fragmentado en la indiferencia y pasividad pese a la extendida desaprobación del Congreso, Ejecutivo y de los partidos políticos. Considerando las actuales condiciones del ámbito social, no es posible esperar en el plazo inmediato alguna acción movilizadora por la recuperación de la democracia.

En segundo lugar, la crisis no es temporal o coyuntural, se trata de una crisis de representación programática de antigua data. Los partidos y la política en general no han aportado con una idea superior de visión de desarrollo del Perú; sus relaciones e intereses están anclados en el corto plazo, en el aprovechamiento del poder político, en la prebenda y en acuerdos mafiosos y favorables a la criminalidad organizada. El interés nacional en el presente y en el futuro no están en la preocupación de la política ni de la sociedad.

En tercer lugar, los movimientos sociales de los últimos años no han aportado con un cambio generacional que sustente la tesis que “hoy, es momento de los jóvenes”. La juventud de hoy no aporta un nuevo paradigma a tono con el Bicentenario y su compromiso con la política y su renovación es una ausencia que hace extrañar episodios de las acciones de la juventud por la recuperación de la democracia en las décadas de los 70, 90, 2010; está más focalizada en las pantallas de celulares, laptop y tablets y su interés por la comunidad nacional es muy etérea, no correspondiendo tampoco a la tesis “del partido de los jóvenes”, pues más allá de la debilidad de la misma, la acción política no se define por su condición etaria. En todo caso, los intereses de la juventud, actualmente van por cuerdas separadas con el ideal de una democracia genuina y la construcción de la nación.

En cuarto lugar, la crisis ha debilitado el sentimiento de pertenencia a una colectividad, así como la conciencia de ser parte de una comunidad mayor. El debilitamiento del sentimiento de pertenencia es expresión de un proceso más complejo: el debilitamiento de la condición ciudadana y la profundización de la precariedad democrática. Estas dos condiciones sustentan la continuidad de la crisis pese al gran desprestigio de los actores políticos.

Nuevas prácticas con nuevos gestos:

Es necesario pasar de la indignación emotiva a la emoción indignada, al gusto y placer por ser parte de una alternativa plural, convocante, movilizando los rincones de conciencia cívica desde las regiones por la recuperación de la democracia con plataformas o agendas mínimas que pongan por delante las demandas prioritarias de bienestar de la población; al mismo tiempo, impulsar la concurrencia de los sectores democráticos, de centro izquierda y derecha liberal, en torno a la construcción de un programa de renovación democrática del Perú.

Eso requiere de una clara decisión política y moral de quienes aspiran a representar el cambio democrático en las próximas elecciones de 2026, tanto nacionales como regionales y municipales. Se requiere la decisión de asumir que la contienda electoral próxima debería ser la conclusión de una gran campaña movilizadora desde hoy y no esperar la cercanía del voto, lo cual sería la reedición de una vieja práctica y el anuncio anticipado de una gran derrota y el avance destructor del bloque autoritario el 2026.

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* El título corresponde a un libro (2011) del destacado académico y político Carlos Iván Degregori, en el cual trata de interpretar la etapa oscura de la violencia insana que vivió el país entre 1980 y 1999, que arrojó casi 70 mil muertes, cifra superior a las víctimas de todas las guerras externas y civiles internas en su historia. Lo peor que dejaron esos años de violencia fue una ruta de incertidumbres y precariedad democrática sin saber hacia dónde ir. Como antes, hoy tampoco sabemos hacia dónde vamos como país.