La delgada cuerda sobre la que se balancea la gobernabilidad peruana se ha tensado al extremo con la reciente aparición de audios que evidencian tráfico de influencias entre jueces de distintas instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. El calibre de los audios confirma acaso las peores presunciones sobre la precariedad en la que operan las instituciones públicas en Perú.

El hecho arrojó más leña a la hoguera de esa desafección ciudadana que hace tiempo devora la legitimidad institucional. Las protestas y movilizaciones en las calles se dispararon. El presidente, Martín Vizcarra, respondió rápidamente anunciando diversas reformas que serán consultadas a la ciudadanía. La iniciativa le ha permitido retomar la iniciativa política maniatada por la mayoría fujimorista que domina el congreso unicameral desde mediados de 2016. Las expectativas generadas abrieron una oportunidad para introducir reformas estructurales.

Reformas propuestas y posibles efectos

El contenido de la reforma político-electoral anunciada –a falta de mayor detalle– y los efectos que podrían tener sobre la dinámica política, asunto que aborda este artículo, podrían generar mayores problemas de no mediar una calibración precisa basada en rigurosa evidencia.

La propuesta relativa al control del origen y los montos del financiamiento que se destina desde el sector privado a las campañas electorales, parece ser la que menor discusión genera dentro del universo del paquete de la reforma político-electoral debido a sus efectos virtuosos. En línea con la práctica que se viene expandiendo en la región, debería incluir financiamiento público, de modo que disminuya, aunque no evite totalmente, la influencia de los intereses particulares y la penetración del dinero de origen ilícito sobre la dinámica política.

La reintroducción de la bicameralidad es otra de las cuestiones propuestas en este paquete. El nivel de detalle acerca de las funciones, facultades, prerrogativas y modo de composición que tendría la segunda cámara todavía no está claro en la propuesta y merece una discusión a fondo. Los efectos de una bicameralidad bien estructurada podrían ser altamente positivos en un sistema político que carga la representación nacional en apenas 130 congresistas.

Un congreso bicameral, con una cámara baja con mayor cantidad de representantes por cada circunscripción electoral, elegidos bajo un criterio que respete la proporcionalidad, y una cámara alta con un número fijo de representantes por cada circunscripción electoral, ampliaría los espacios de discusión política y la representación de intereses de un sistema político que fuera drásticamente reducido en la Constitución adoptada en 1993.

El desafío de la bicameralidad supone también convencer a la ciudadanía de la oportunidad y necesidad de su reintroducción. El nivel de rechazo hacia el congreso es muy alto en la actualidad y la ciudadanía se muestra mayoritariamente reacia a considerar una ampliación de la cantidad de representantes y de contar con una cámara extra. El peligro de someter esta reforma a una consulta ciudadana reside en que pueda ser rechazada de plano y quede descartada de no incluir un previo esfuerzo, por parte de las autoridades, dirigido a explicar las bondades que generaría en un sistema político que transita con severas dificultades.

La eliminación de la reelección de los congresistas es la propuesta que mayor apoyo recibiría en la consulta ciudadana, aunque es probablemente la que mayores efectos negativos generaría en la dinámica política. La evidencia sobre los efectos que ha tenido la eliminación de la reelección para los gobernadores regionales y alcaldes, una reforma reciente con alto nivel de apoyo, ha sido estudiada por la politóloga de la universidad del Pacífico Paula Muñoz. En el seguimiento a esta reforma que impide postularse inmediatamente después de un período a cargos ejecutivos en regiones y alcaldías ha sido, según Muñoz, la creciente presencia de parientes que se postulan para continuar en esos cargos.

En el caso del Congreso, la tasa de reelección ya de por sí es muy baja. En cada legislatura una mayoría de los representantes que llegan son neófitos, sin experiencia política previa y solamente se quedan por un período. La experiencia acumulada en el ejercicio de la representación debe ser alentada para fortalecer la calidad de labor congresal. Un Congreso sin posibilidad de reelección inmediata generaría una mayor tasa de rotación a la que ya existe y menores niveles de experiencia política de los que se registran en los parlamentarios en la actualidad.

Un contexto único para la introducción de reformas

La posibilidad de introducir reformas para un mejor funcionamiento del sistema de justicia y del sistema político, que se abrió súbitamente a partir del entusiasmo ciudadano generado por el anuncio de una consulta, representa una oportunidad que difícilmente se volverá a producir en los próximos años.

La última vez que en Perú se generó una coyuntura semejante fue durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua hace casi ya dos décadas. Las condiciones en ese entonces no eran tan favorables como las que se presentan ahora. El tiempo que disponía el gobierno de Paniagua para hacer la tarea era menor, las condiciones macroeconómicas eran de mayor vulnerabilidad y los niveles de pobreza muy superiores.

Las mejores condiciones estructurales y el apoyo que recibirían las reformas a través de la consulta anunciada, según registran las primeras encuestas de opinión, deberían ser incentivos positivos sobre aquellos que deben adoptar los cambios que las mayorías demandan. Las reformas estructurales que finalmente se introduzcan en esta coyuntura determinaran si Perú continúa con una precaria democracia de ciclos interrumpidos de expansión económica y permanentes tensiones, pugnas y frustración colectiva, o si se abre por primera vez en su historia un largo ciclo inclusivo de prosperidad y mayores oportunidades.

Publicado en Politica Exterior