Así como nos hablan de “sobrecostos”, hablemos de “sobrecargas”
Alejandra Dinegro Martínez
Como es usual en nuestro país, cuando se plantean propuestas de formalización laboral, regulación o disminución de la precariedad laboral, los grandes grupos empresariales suelan partir desde lo que ellos denominan “sobrecostos”: CTS, seguro de salud, gratificaciones, vacaciones, entre otros.
Pero hablemos claro. Eso que denominan sobrecostos, son derechos laborales. Sin duda, al poder imperante, no le basta con asaltar el Estado y el mercado, sino también, el lenguaje. Haciendo de sentido común, cambios que definen una realidad diferente a la que se vive y se quiere contar. No olvidemos que la realidad está definida, por palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad.
Por ejemplo, las nuevas herramientas empresariales promueven el involucramiento de los trabajadores y los denominan “colaboradores”. Un ejercicio subliminal que implementa la idea de "comunidad" entre los empresarios y los trabajadores, en un sentido irreal de igualdad.
En realidad, el interés de fondo es que el trabajador se niegue a sí mismo, su propia condición como tal, bajo la idea macabra de asociación entre trabajador = conflicto. Han construido la herramienta perfecta para desviar la atención de los altos costos que asumen los trabajadores y a su vez de culparlos de no “ponerse la camiseta”. El colaborador es propositivo, el trabajador plantea reclamos, nos dicen. Cómo si la discusión central fuera una cuestión de actitud y no de poder.
En nuestro país, los trabajadores son quienes en realidad, pagan los platos rotos. En los últimos 30 años, los gobiernos han implementado considerables cambios en los costos que asumen los empleadores (con tendencia a flexibilizar los derechos de los trabajadores), cambiando en gran parte, las relaciones laborales. Los cambios de mayor impacto han sido los concernientes a la ampliación de las modalidades de contratación, cambio de las reglas de juego entre contratación y despido, facilitando estos últimos. Se ampliaron las condiciones para los contratos temporales, extendiéndose el uso excesivo de los mismos. Las 8 horas de trabajo, quedó en letra muerta. Para cubrir la canasta básica familiar, se tiene que trabajar 12 a 14 horas diarias. Las horas extras y el trabajo que se lleva a casa ha terminado romantizando la explotación laboral.
En paralelo, los trabajadores han venido asumiendo las responsabilidades, que antes de estas reformas, estaban a cargo del empleador: el pago de las pensiones, por ejemplo. Mientras que las utilidades de las empresas han ido en aumento, los ingresos y el poder adquisitivo del trabajador se mantiene en cifras negativas. Las altas tasas de retenciones tributarias, terminan por hacerle un forado al bolsillo de los trabajadores.
Todos estos temas, son cuestiones pendientes aún en nuestro mundo laboral tradicional, si abrimos un poco más el bosque, estamos ya conviviendo con nuevas formas de trabajo que vienen produciendo cambios en las relaciones laborales tradicionales. Estamos hablando de una nueva rama de la economía que han denominado “economía colaborativa o de plataformas”. Este modelo de trabajo, debería avergonzar al Estado en su incapacidad de poder crear empleo con derechos e ingresos suficientes y estables. ¿Por qué?
Este modelo de trabajo esconde el engaño laboral más grande, al que se nos quiere conducir. Detrás de estas plataformas digitales de servicios, existe la precariedad bajo el atractivo término de flexibilidad y el ser “tu propio jefe”, pero con una realidad muy distinta: trabajos precarios sin ninguna seguridad y donde es el “micro emprendedor” el que asume todas las cargas y responsabilidades de grandes corporaciones internacionales que facturan millones de soles, dólares y euros cada año.
Desde fines de los 80, el neoliberalismo lanzó un asalto al Estado y también al mercado. Un ataque feroz en marginar las funciones estatales, convirtiéndola en el espacio apestoso de nuestra sociedad, pero recurren a este cuando necesitan que se intervenga para “salvar la economía”.
En definitiva, la realidad nos plantea una necesidad de enfrentar las sobrecargas del trabajo tradicional y a su vez, saber llenar los vacíos legales, para que estas nuevas formas de empleo a las que acceden las clases sociales más desfavorecidas, no se vean perjudicadas por la economía colaborativa, la precariedad, el subempleo, la tercerización y la informalidad laboral, en la que vienen desarrollándose.
El futuro (ya presente) del trabajo es con tendencia la autonomización y automatización, siempre y cuando uno pueda especializarse y capacitase para poder prestar sus servicios con cierto poder de negociación y con mejoras en las condiciones laborales. Sino gran parte de la población estará condenada a aceptar bajos salarios y trabajos precarios, donde lo que menos importa es quien es quien, sino el cuánto hay.
Los incentivos y estímulos simbólicos no sirven de nada, mientras que los que menos ganan por mucho trabajo que desarrollan, pagan más de lo que pagan y evaden un grupo privilegiado de personas con poder económico y financiero. ¿Acaso no tendría efectos positivos para el país, cobrar las millonarias deudas de mineras, petroleras, bancos y empresas de telefonía que retener altas tasas (de 15% a más) por concepto de impuesto a la renta?
La actual crisis e incertidumbre del mercado laboral nacional, requiere la necesidad de reconstruir el Estado y buscar una nueva complementariedad con el mercado.
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