En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado el 7 de abril, ha resaltado que en las últimas semanas la crisis global desatada por el brote de Covid-19 se ha agravado en todos los sectores de las sociedades mundiales y que las consecuencias para el mundo del trabajo y el ciclo de las relaciones laborales son cada vez más inciertas y devastadoras. 

Ya muchos países vienen evidenciando una contracción del empleo a gran escala (en muchos casos, sin precedentes). Para obtener un panorama más preciso de la difícil realidad de la situación actual del mercado laboral, la OIT utiliza la variación de las horas de trabajo, que refleja tanto los despidos como otras reducciones temporales del tiempo de trabajo.  Es así que a partir del 1° de abril, las nuevas estimaciones mundiales de la OIT apuntan a que en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo de alrededor del 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. 

Ante esta coyuntura un sin fin de países preparan respuestas y ensayan medidas en el ámbito laboral. El objetivo del texto tiene como fin contrastar las decisiones de nuestro gobierno peruano con las de otros países y valorar sus impactos, positivos o negativos, en los derechos de las y los trabajadores sobre tres ejes principales: seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y el empleo. 

El gobierno peruano empañó su gestión -que hace lo humanamente posible para mitigar el contagio y los efectos del coronavirus- al aprobar mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020, la autorización excepcionalmente de la suspensión perfecta de labores. Norma que no especifica el tamaño de empresa, rubro o patrimonio. Esta norma ha sido interpretada como un acelerador para llevar a cabo despidos masivos. Situación que se complica ante la desaparecida presencia de la actividad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo. 

El Gobierno argentino prohibió despidos y suspensiones. La decisión fue oficializada por decreto luego de que en las últimas jornadas Alberto Fernández haya cuestionado públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y la cuarentena que han establecido. 

En España, el Gobierno aprobó un decreto, la última semana de marzo, en el que prohíbe temporalmente, y hasta que acabe la crisis sanitaria, los despidos por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto del coronavirus. “Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no puede usarse el Covid-19 como excusa para despedir”, declaró la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Y se evalúa en estos momentos la posibilidad de un “Bono Universal”.

En Bolivia, el Gobierno pagará el 100% de las facturas mensuales de luz de entre 1 a 120 bolivianos, además de lo establecido por el alumbrado público, aseo urbano y otros. De igual manera y con porcentaje escalonado según consumo, pagará las facturas de energía eléctrica a nivel nacional. El pago del 100% de las facturas de energía eléctrica prevé beneficiar a más de 2 millones de usuarios, mientras que los descuentos escalonados, beneficiará a 584.957 usuarios, tal y como señala el portal “Respuestas políticas nacionales” de la OIT. 

A su vez, Bolivia aprobó el 16 de abril la entrega de un “Bono Universal” de 500 bolivianos para toda persona mayor de 18 años. Estados Unidos decidió otorgar 1.200 dólares a las personas de bajos ingresos. En su reglamentación establece que, por pareja, se dará 2.400 dólares y otros 500 por hijo menor de 17 años. El pago de estos beneficios comenzó este mes. Este dinero, forma parte de un paquete de estímulos de 850.000 millones de dólares. 

En Alemania, el Gobierno aprobó la asistencia de hasta 15.000 euros mensuales para personas que no pueden trabajar. En Brasil se otorga un bono de 115 reales a los desocupados. Un subsidio mensual de 600 reales por un plazo de tres meses, a los trabajadores informales y autónomos, con el fin de mitigar los efectos económicos. La medida, según el Gobierno brasileño, beneficiará a 54 millones de personas. 

Francia es conocida por su amplio sistema de bienestar social, que va mucho más allá de la entrega de ayuda económica a los pobres. Ha establecido un sistema excepcional de desempleo parcial (actividad parcial) que prevé el pago por parte de la empresa de una indemnización equivalente al 70% del salario bruto (alrededor del 84%) a sus empleados, los que se pagan con el salario mínimo serán compensados al 100%. El gobierno también planea diferir el pago de los alquileres, las facturas de electricidad y agua para las empresas.

En El Salvador se suspendieron los pagos de las facturas del servicio de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones (marzo-mayo), se establece el pago hasta en 24 cuotas y se suspenden los cortes de los servicios. Se estableció otorgar un bono de compensación mensual de 300 dólares por vivienda a las personas que no tengan un vínculo laboral, ningún ingreso permanente y que se vean afectados económicamente por la pandemia, siempre que cumplan estar en cuarentena domiciliar por 30 días. Tampoco No podrá ser objeto de despido todo trabajador en cuarentena o las personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario. 

En Japón cada ciudadano recibirá 900 dólares como compensación por el coronavirus. La decisión fue adoptada la noche del 16 de abril, por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, después de consultarla con los partidos de la coalición gubernamental. Se emite apoyo en forma de descuentos y cupones: turismo, transporte, servicios de alimentación. El gobierno alienta a los gobiernos locales a proporcionar apoyos integrales adaptados a las personas que lo necesitan, incluidos aquellos que tuvieron que abandonar sus trabajos o que han disminuido sus ingresos. 

En protección social, establecen un nuevo sistema de subsidios que cubra a los empleados, sin importar si son permanentes o no permanentes (tasa de subsidio: 10/10, hasta 8,330 yenes por día). Apoyo a los trabajadores independientes que realizan trabajos de subcontratación (4,100 yenes por día para aquellos que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad).

En febrero, China agregó a los repartidores de delivery a su lista nacional de ocupaciones, lo que debería conducir a mejores condiciones de trabajo y oportunidades en el futuro. En pocas palabras, son considerados trabajadores, sujetos de derecho. Las PYME con baja tasa de despido obtienen un reembolso de hasta el 100% de las contribuciones de desempleo del año anterior. En la provincia de Hubei, todas las empresas están cubiertas. Promoción de la contratación en línea, la subvención de formación profesional, la formación gratuita en línea y el reembolso de las tasas sindicales y las tasas de afiliación de las organizaciones de empleadores para las PYME. 

Todo esto viene ocurriendo en medio de la convocatoria de la OIT al “apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos”. En similar sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha formulado la recomendación de “dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derecho sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical.”    

Podemos aprender mucho de las experiencias extranjeras y democratizar la distribución de la riqueza. El problema real no es el coronavirus, es el sistema en el que vivimos.