Vuelve el trabajo al centro de la agenda política del país. La semana pasada se discutió con intensidad y polémica dos asuntos claves e ilustrativos de nuestra idiosincrasia laboral. 

Por un lado, el presidente Kuczynski declaró que el gobierno evaluaría un aumento del salario mínimo. No habló de cifras, pero no tardaron las voces discordantes en poner paños fríos y cuestionar la medida. El primero fue el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, quién sentenció que aumentar la remuneración mínima incrementaría la informalidad laboral. Esta idea se repitió hasta el cansancio en medios, sin ofrecer mayores fundamentos. Incluso la revista Semana Económica llegó a calificar de “populismo” el anuncio, insinuando que la medida correspondía más a  “la irresponsabilidad económica de la izquierda” que a la naturaleza de un gobierno “ortodoxo”1 . 

Por esos mismos días, la Comisión permanente del Congreso decidió aprobar en primera votación un proyecto que modifica la legislación laboral sobre modalidades formativas para promover la adquisición de experiencia laboral en los estudiantes de institutos técnicos, pero que en la práctica pretendía legalizar el trabajo gratuito de media jornada por un periodo máximo de tres años. El dictamen “express” (aprobado sin debate ni la opinión técnica de las instituciones competentes, como el MTPE y la SUNAFIL), no sólo evoca la tristemente célebre Ley Pulpin, derogada hace tres años por la protesta social, sino que activó prontamente la resistencia ciudadana frente a lo que ha sido considerado la “ley del esclavo juvenil”2. 

Ambos hechos responden a lo que hemos denominado, grosso modo, como “fujimorismo laboral”. ¿A qué nos referimos con ello? Básicamente, a un tipo de pensamiento que subordina la persona, es decir, al trabajador y el valor del esfuerzo realizado, a la lógica del capital. Esto es: que ubica a la inversión privada como eje y objetivo único de la política económica y laboral. Esta forma de concebir las relaciones de trabajo viene de los años noventa y ha calado profundamente en amplios sectores de la sociedad. Es transversal a todos los ámbitos de la actividad económica donde se dan relaciones de trabajo bajo este modelo. Y persiste a pesar de las movilizaciones ciudadanas en defensa de los derechos laborales registradas en los últimos años, pero que no han derivado en un movimiento social transformador de las relaciones laborales en el país. 

El fujimorismo laboral –entendido como la “particularidad” peruana de una forma de entender el valor del trabajo, tan universal como el propio capitalismo–, se expresa en el consenso generalizado que existe en (casi) toda la clase política y buena parte del empresariado, que asume la figura del “cholo barato” como necesaria, e incluso como la único posible, para garantizar el crecimiento económico y la inversión privada. Modelo que se resume en la homologación del concepto de derechos laborales con el sonsonete de “sobre costos” laborales.  

Esta concepción hegemónica de las relaciones laborales se refleja en la continuidad (sin cuestionamientos) del andamiaje laboral impuesto durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, vigente a pesar de su rotundo fracaso para promover el empleo adecuado y formal de manera sostenible. Ni la transición democrática iniciada el 2000, ni el Acuerdo Nacional firmado el 2002, lograron establecer las condiciones políticas necesarias para revertir una legislación que recibió duras “observaciones” de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por afectar derechos de los trabajadores y que debía remplazarse por una nueva Ley General del Trabajo, que además de ordenar y simplificar el engorroso corpus laboral, devolviera garantías y derechos a los trabajadores. Sucedió todo lo contrario. Los gobiernos democráticos  profundizaron el esquema flexibilizador bajo la forma de regímenes “especiales” para sectores claves de la economía (agroexportación, micro y pequeñas empresas, etc.), introduciendo un estándar inferior al contemplado en el (también precario) régimen general, acentuando la asimetría entre el poder de control empresarial de las relaciones laborales, y la capacidad de agencia de los trabajadores.

La “Ley Bartra” resume esta concepción del trabajo inherente al fujimorismo laboral. Sin embargo, el “contrabando ideológico” (hacerles creer a los jóvenes que trabajar gratis representa una experiencia que los beneficiará como futuros trabajadores) quedó al descubierto. Las reacciones en las redes y en las calles probablemente conlleven el encarpetamiento definitivo de esta iniciativa. Pero los reflejos antilaborales están ahí, a la espera de un mejor contexto para imponerse y legitimarse.

Lo que tendrá que resolver PPK, si puede…

¿Se debe o no incrementar el salario mínimo, actualmente en 850 soles? ¿A qué monto debe ascender el aumento? Las respuestas dependerán de quienes las enuncien y lo que se busque con una medida como esta. 

Por el lado empresarial, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) adelantó una cifra, equivalente a 41 soles, como monto máximo para el aumento, pues consideran que el salario mínimo no debe superar los 900 soles.  Por el lado de las centrales que participan en el Consejo Nacional de Trabajo, se plantea que la remuneración mínima se equipare al costo actual de la canasta básica familiar, aproximadamente 1,500 soles. Ciertamente un monto que permite apenas una “calidad” vida bastante modesta y precaria, pero que en la práctica representa un incremento del 76%, difícil de asumir –en el corto plazo– para un número importante de micro empresas que emplean a un sector importante de trabajadores con remuneraciones iguales o cercanas al mínimo vital.

Así, con posiciones como las expuestas, la posibilidad de un acuerdo al nivel del CNTPE se complica. Si por un lado las centrales sindicales plantean incrementos que sus pares empresarios difícilmente acepten, al otro lado de la mesa el representante del máximo gremio empresarial niega de saque cualquier aumento. En medio queda el gobierno enfrentado a una demanda laboral que no estaba en la agenda, pero cuya sola mención ha ahondado la distancia con sus antiguos aliados empresariales. ¿Qué hacer?
Una posible salida es institucionalizar los criterios consensuados por el CNTPE el 2007 para fijar el monto de la remuneración mínima. La aprobación de la denominada “formula gatillo” permitiría ajustes periódicos en función de la evolución de la productividad laboral y la inflación. De esta forma los aumentos del salario mínimo tendrían cierta predictibilidad y regularidad. Y permitiría reducir los riesgos de “politización” de la discusión.

Un elemento a considerar para aumentar el mínimo está relacionado con su impacto en el funcionamiento del mercado interno. Un incremento del salario mínimo implicaría mayor liquidez en los bolsillos de los trabajadores, potenciando su poder adquisitivo y promoviendo el consumo de bienes y servicios. Una formula segura para dinamizar la industria y reactivar la economía local. En eso deberían estar de acuerdo empresarios y políticos con una visión pragmática del asunto, pero…

Están quienes se oponen al aumento citando documentos de mediados de la década pasada3, donde se señala que un incremento del salario mínimo implicaría (aunque mínimamente)  “la probabilidad de que se pierdan puestos de trabajo entre los trabajadores del sector informal que ganan cerca del salario mínimo y que crezca el desempleo entre los trabajadores del sector formal que ganan alrededor de la remuneración mínima, pero en una menor proporción”4. 

Sin embargo, estudios más recientes encuentran que, en contextos de crecimiento económico (como el experimentado entre el 2004 y 2012), los incrementos del salario mínimo no han significado mayor impacto en la tasa de informalidad ni han implicado un crecimiento del desempleo en el sector formal5. Sino todo lo contrario: han incidido positivamente en los ingresos promedio de los sectores formal e informal, convirtiéndose en un instrumento de referencia para las negociaciones salariales en el conjunto de sectores económicos del país. 

1 Semana Económica. “PPK y los riesgos del populismo”. 19 de febrero del 2018. Disponible en: https://goo.gl/GZNkMr 
2 La República en su portada del 22 de febrero de 2018. https://goo.gl/Z7S3QM
3 Los estudios que se citan son: Nikita Céspedes. “Efectos del salario mínimo en el mercado laboral peruano” (BCR, 2005) y Miguel Jaramillo y Kristian López. “¿Cómo se ajusta el mercado de trabajo ante cambios en el salario mínimo en el Perú?” (GRADE, 2006).
4 Rosales, Juan. “Alza del sueldo mínimo. ¿Se justifica su aplicación?”. En Semana Económica. 19 de febrero de 2018. Disponible en: https://goo.gl/XuDcHN
5 Cuadros, Fernando, y Sergio Quiñones. “Aportes al debate en torno al incremento de la remuneración mínima vital”. En: FORSETI, N° 1. Lima, 2015. Pp. 116-133.