La renuncia de Pablo de la Flor, responsable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), evidenció, por si hacía falta, la virtual parálisis del proceso de rehabilitación, prevención y reconstrucción lanzado por el gobierno como respuesta al Niño Costero que afectó distintas regiones del país, dejando a decenas de miles de personas sin vivienda y sin acceso a servicios básicos y a vías de comunicación, pero dejándolas también sin sus principales fuentes de ingreso, es decir sus tierras y sus empresas.

El Estado, tras hacerse presente directamente en las zonas afectadas para responder a las necesidades más urgentes de la población en el terreno, contra viento y marea creó una Autoridad de la reconstrucción, basada en un diseño fuertemente centralista, poco articulada con los diversos sectores y niveles de gobierno, obviando todo mecanismo significativo de participación de los afectados. La misma fue encargada a un ex alto funcionario del Banco de Crédito que “compitió” por la posición con otros gerentes privados, destacando entre ellos, otro importante gerente, allegado al Grupo Interbank. Fue claro desde un primer momento, en consecuencia, la preocupación y el interés de los principales sectores privados por liderar un proceso, percibido como la locomotora del crecimiento económico de los próximos 24 meses en el país. A fin de cuentas, los 25,665 millones de soles aprobados como presupuesto para la reconstrucción, constituyen un bocado nada desdeñable.

El 75% de las aproximadamente 10,000 obras contempladas, han sido programadas para ser ejecutadas por el gobierno nacional, dejando 20% de éstas a cargo de las regiones y 5% en manos de los gobiernos locales. Ello, a pesar de la abundante y larga evidencia que demuestra los límites de la capacidad de ejecución de los sectores. Como es obvio, este enfoque de intervención generó tensión entre los gobiernos subnacionales y la Autoridad. Más importante aún, generó creciente malestar entre la población afectada, que después de los meses transcurridos sigue viviendo en carpas y albergues transitorios, enfrenta su supervivencia cotidiana sin mayor apoyo del Estado y ha tenido que hacer frente a sucesivas crisis sanitarias y de salud, como la sufrida por Piura, frívolamente caracterizada por una ex ministra, de cortina de humo.

La multiplicación de malestares y críticas se agudizó con el cambio de gabinete. A fin de cuentas, De la Flor fue impulsado por Zavala y no gozaba, necesariamente, de la confianza y el entusiasmo de la nueva Premier. En este contexto, y con un presupuesto que recién fue aprobado en septiembre, De la Flor sorprendió al país con unas declaraciones publicadas por El Comercio, donde responsabilizaba a las autoridades subnacionales de incapacidad para el gasto en distintas obras de prevención y anunciaba su pretensión de hacer de la Autoridad, una unidad ejecutora presupuestal; es decir, manejar directamente la mayoría de obras y recursos.

De la Flor, y el gobierno todo, obviaban en su mirada interesada, los severos problemas de los sistemas administrativos del Estado. Preocupados por resolver la tramitología que supuestamente afecta a la gran inversión privada, olvidaron aquella que perjudica directamente a la gente. Así, por ejemplo, los procesos de contratación y adquisiciones que controla la OSCE, toman, en cada paso, 30 días de papeles que van y vienen de Lima sin contemplar las demandas y urgencias de la gente. Antes que apoyar a los distintos niveles de gobierno a ejecutar adecuadamente los recursos para distintas obras de prevención –acortando por ejemplo los plazos de los que dispone la OSCE, creando un equipo especial destinado a estas tareas-, optaron por “constatar” las limitaciones de los gobiernos descentralizados, exonerándose de responsabilidad.

La respuesta de los gobernadores regionales del Norte, no se dejó esperar. Rechazaron los señalamientos del responsable de la Autoridad y exigieron su renuncia en un pronunciamiento conjunto. Así las cosas, todo indica que De la Flor “calculó” sus declaraciones, ante las dificultades crecientes que enfrentaba con sus distintos interlocutores: los sectores, frente a los cuales tenía una capacidad limitada, y las autoridades descentralizadas, con las que los desencuentros eran inevitables.

Así las cosas, la eventual designación de Edgar Quispe, un funcionario público de varios años, distintos gobiernos y diversas posiciones en su curriculum, no cambia sustantivamente la esencia de las cosas. La Autoridad debiera reorganizarse rápidamente para garantizar una coordinación efectiva de todos los comprometidos en la reconstrucción, niveles y sectores del gobierno, incorporando directamente a los órganos nacionales de contrataciones y de control. De inmediato, se deben priorizar y cronogramar las inversiones, con participación de las autoridades descentralizadas, agilizando la viabilidad de las inversiones y asegurando su transparencia, impulsando un sistema de veedurías ciudadanas, con la participación directa de la población afectada, que complemente las acciones de control a cargo de la Contraloría. Desde los gobiernos territoriales, se debe fortalecer el ordenamiento y la gestión y prevención de desastres para no repetir una mala película.

¿Es posible? Si, de existir en el gobierno la decisión de evitar seguir disparándose a los pies.

[1] Investigador principal de DESCO