En noviembre del 2020, millones de peruanos tomaron las calles y en  seis días se logró la salida del gobierno ilegítimo de Manuel Merino, congresista de Acción Popular (AP) que encabezó una maniobra política desde el Congreso para vacar al –entonces- presidente Martín Vizcarra, a tan solo ocho meses de las elecciones del 2021. En tan solo una semana, el Perú tuvo 3 presidentes. 

Un mes más tarde, con un gobierno de transición delegado a manos de Francisco Sagasti (militante del Partido Morado), estalla una protesta masiva de trabajadores y jornaleros agrícolas que logran derogar la llamada “Ley Agraria”, legado de Alberto Fujimori.  La derogación de la ley, prolongada por 10 años por el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, era una exigencia constante de los agricultores, que pedían mejoras sustanciales en su régimen laboral.

Estos dos hechos, dentro de la crisis de régimen presente, son importantes por dos factores: agotar y llevar a puntos de definición a la rancia clase política derechista y conservadora que daba señales de liderar las encuestas con candidatos insólitos como George Forsyth (renunció como alcalde de La Victoria), Keiko Fujimori (el fujimorismo original), Hernando de Soto (el fujimorismo tecnocrático), López Aliaga (el fujimorismo ultraconservador) y también Yhony Lescano de Acción Popular. 

Y el otro factor es la demanda que empezaba a recorrer las calles tímidamente: el cambio de modelo, el cambio de Constitución. Ante ello, las candidaturas que mejor expresaban sus propuestas en ese rumbo eran Juntos por el Perú con Verónika Mendoza y Perú Libre con Pedro Castillo. La candidata “natural” de liderar los cambios desde la izquierda era Mendoza, mientras que Castillo empezó a extender un discurso, calificado como populista y radical, en el interior del país ante la subestimación de los principales medios de comunicación y también de las otras candidaturas; fue capitalizando el descontento contenido por las consecuencias de la descontrolada pandemia.

En el Perú, el desencanto por la democracia se ha extendido durante las última tres décadas. No ha sido un sistema verdaderamente representativo para los sectores más desiguales y ese desborde popular que sobrevive entre la informalidad y las redes clientelares ante la mirada de desprecio de los sectores más pudientes. Para los sectores relegados de la urbe, del centralismo y a quienes el desarrollo es sinónimo de individualismo extremo, la democracia sólo ha significado pérdida de derechos. Suena duro, pero es la realidad.

El Perú y sus mismas reglas de juego y las estructuras en las que se ha construido nuestro modelo económico, educativo, laboral, sanitario y cultural no ha significado más y mejores hospitales, más y mejores escuelas, más y mejores alimentos en la mesa de los pobres, más y mejores puestos de trabajo. Por lo tanto, afirmar que el voto de apoyo a Pedro Castillo es un voto de protesta es quitarle capacidad de agencia a los votantes, pero sobretodo anular cierta capacidad de análisis y voluntad de cambio entre quienes le han otorgado el 19% de los votos a nivel nacional. 

El apoyo a Pedro Castillo proviene de las provincias del interior y del sur del país, especialmente de la sierra andina, donde la población es más pobre y rural. Regiones con riqueza natural y mineral pero pobres como Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Cerro de Pasco, Junín, Cusco y hasta Puno, la tierra de Lescano.  Lima, en cambio, desde nuestra colonia, es mucho más privilegiada que el resto del país. Lima, como la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas, es de tendencia conservadora y tiende a apoyar a candidatos que van desde el centro liberal hasta la extrema derecha. No por eso resulta extraño que performance como López Aliaga o Hernando de Soto sean sus candidatos idóneos. Aun cuando Lima exprese también desigualdades. 

La campaña de Castillo fue de menos a más en las encuestas y recién en el último mes, la tendencia se mantuvo de manera ascendente. También se contagió de Covid –evento que pasó desapercibido- pero que para su agrupación y su equipo de campaña significó un reajuste en su estrategia. Sostenido en la red de docentes que lo acompañaron desde el 2017 durante las protestas que lideró en la capital y en la estructura partidaria regional de Perú Libre, empezó por visitar los distritos rurales y dejar para lo posterior las grandes ciudades. 

La misma estrategia desplegada por su lista parlamentaria. Muchos de los nuevos congresistas serán peruanos y peruanas de a pie sin experiencia política y que probablemente nunca esperaron obtener una curul. Lo cual aumenta el temor de diversos sectores capitalinos y élites económicas.

La conformación del próximo Congreso, es también una expresión del alto grado de fragmentación y desconfianza alimentada durante las últimas décadas. Perú Libre encabeza la lista de bancadas numerosas con 36 integrantes, seguido de Fuerza Popular con 24 congresistas, Alianza Para el Progreso con 17, Acción Popular con 15 y Renovación Popular con 13 curules. Muy por debajo se encuentran Avanza País con 7 congresistas, Juntos por el Perú con 6, Podemos Perú con 5, Somos Perú con 4 y el Partido Morado con 3 integrantes. 

Las reformas anunciadas por Castillo, Cerrón y Perú Libre no serán del todo fáciles de aplicar, más aún cuando muchas de ellas exigen su paso por el Congreso, en donde a pesar de tener la bancada más numerosa, no se aseguran de tener los votos necesarios para aplicar cambios de reforma constitucional. Es por ello que, en las próximas 7 semanas de cara a la segunda vuelta, se requiere que puedan desplegar señales y voluntad de generar consensos políticos y programáticos de cara a sumar a los bloques progresistas, democráticos y respetuosos de las libertades civiles a fin de enfrentar al fujimorismo.

Castillo no la tienen fácil, se esperan gestos de diálogo y consenso, pero de acuerdo a la encuesta de IPSOS publicada en el programa dominical de Cuarto Poder, lo coloca en una ventaja del 42% frente al 31% de Keiko Fujimori. Una señal que lo favorece. 

El sujeto político en el Perú no es Pedro Castillo. El sujeto político (activo), es la existencia de un bloque nacional popular-rural que desde hace décadas vota por cambios sociales y que luego son traicionados y olvidados por quienes llegan a ocupar cargos de poder. Este bloque se ha ampliado y ha conquistado derechos, pero no ha logrado cuajar aún. Esos derechos laborales, ambientales, de género, entre otros merecen seguir garantizándose. Esperemos que así sea, toca exigirlos. Los votos no son un cheque en blanco.

* Socióloga de la UNMSM. Egresada de la Maestría de Política Social.