Brasil

El nuevo período legislativo tuvo inicio el domingo, con la elección de los que irán a presidir, por dos años, la Cámara de Diputados y el Senado. En el caso de los senadores, el escenario era previsible y el gobierno de Dilma Rousseff no tenía mayores preocupaciones. Ganó un cacique acostumbrado a llegar a acuerdos con el gobierno.

El problema central estaba en la Cámara de Diputados y lo que se vio fue un desastre, peor aún que el diseñado en las más pesimistas previsiones de la presidencia de la república.

En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

El escándalo de corrupción que envuelve a la estatal petrolera brasilera Petrobras amenaza con convertirse en una crisis política que puede llegar a afectar la estabilidad del régimen democrático brasilero. En efecto, el pasado domingo cientos de miles de personas han marchado por las calles de las principales brasileras con demandas centradas en el reclamo de mano dura contra la corrupción pero también con la participación de sectores que reclaman que se vaya la recién reelecta Presidenta Dilma Rousseff, que se vaya el PT, e incluso que intervengan los militares.

En el 2015 parece repetirse a escala ampliada la ofensiva reaccionaria del 2014 en Venezuela. Ahora son guarimbas en toda América del Sur y hasta los gringos arman su guarimba y amenazan con “Decreto Ejecutivo” al continente. El guión se repite en la misma Venezuela y pasa al Brasil de Dilma Roussef y a la Argentina de Cristina Kirchner. Pero hay una nueva e inesperada invitada a la fiesta del descrédito: Michelle Bachelet. El guión es simple, casi todos son dictadores o en camino de lograrlo, además de corruptos y algunos, como Maduro y Cristina Kirchner, asesinos.
 

Acosada por el Congreso, controlado –tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado– por dos parlamentarios altamente especializados en chantaje político, enfrentando un difícil y complejo cuadro económico, con impactantes caídas en los índices de popularidad, viendo cómo los sectores más conservadores de la sociedad civil, fuertemente insuflados por los grandes conglomerados de comunicación, se lanzan en campañas descomunales para destituirla, Dilma Rousseff parecía atónita y sin capacidad de reaccionar.

Confiada por las movilizaciones de hace un mes, la oposición convocó a nuevas manifestaciones el domingo pasado, pero ha fracasado. Todo había sido preparado de la misma manera, con el rol determinante, una vez más, que desempeñaron los medios de comunicación.

Sobrio y elegante como de costumbre, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que presidió Brasil de 1995 a 2002, principal referencia del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña –el PSDB–, es claro y objetivo: no hay ninguna justificación para que se presente, en el Congreso, un pedido de impeachment, o sea, que se abra un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff con el objetivo de destituirla.

Número uno de la Unión de Naciones Suramericanas, el ex presidente de Colombia dijo a este diario que “en drogas fuimos duros con los débiles y débiles con los duros”. Sus proyectos.

La auditoría de las actividades de la compañía en 2014 recibió un voto de confianza del poder financiero, en medio del escándalo por corrupción. Las acciones de Petrobras se valorizaban y la presión sobre Dilma Rousseff disminuía.

Dilma aplaca la tempestad. El balance presentado por Petrobras fue bien recibido ayer por el mercado, donde subieron las acciones de la petrolera salpicada por denuncias de corrupción sobre las que cabalga la oposición –dividida entre ultras y moderados– para forzar un juicio político contra la presidenta.

Lula busca despegarse de “su” Partido de los Trabajadores y del gobierno que contribuyó a elegir, para erigirse en líder de los indignados con la corrupción y la crisis. Si el fin del PT como alternativa de poder parece inminente, el fantasma mayor para el progresismo es la eventualidad de que el propio Lula sea detenido.