Petrobras

La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos sospechados de estar vinculados con la red de corrupción en la estatal Petrobras. La lista de personas a investigar incluye a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, por un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero.

El escándalo de corrupción que envuelve a la estatal petrolera brasilera Petrobras amenaza con convertirse en una crisis política que puede llegar a afectar la estabilidad del régimen democrático brasilero. En efecto, el pasado domingo cientos de miles de personas han marchado por las calles de las principales brasileras con demandas centradas en el reclamo de mano dura contra la corrupción pero también con la participación de sectores que reclaman que se vaya la recién reelecta Presidenta Dilma Rousseff, que se vaya el PT, e incluso que intervengan los militares.

La auditoría de las actividades de la compañía en 2014 recibió un voto de confianza del poder financiero, en medio del escándalo por corrupción. Las acciones de Petrobras se valorizaban y la presión sobre Dilma Rousseff disminuía.

Dilma aplaca la tempestad. El balance presentado por Petrobras fue bien recibido ayer por el mercado, donde subieron las acciones de la petrolera salpicada por denuncias de corrupción sobre las que cabalga la oposición –dividida entre ultras y moderados– para forzar un juicio político contra la presidenta.

No ha sido una buena noticia para el ex presidente Lula da Silva ni para la actual presidenta Dilma Rousseff. Pero, principalmente, no ha sido una buena noticia para el país: luego de intentos de intermediarios con tránsito libre entre todos, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) rehusó, al menos por ahora, establecer un diálogo con sus dos sucesores para tratar el complejo y preocupante cuadro político brasileño.

El tono en que Cardoso contestó los intentos de acercamiento y diálogo lanzados de manera no tan discreta por Lula y Dilma sorprendió.