El actual gobierno insiste en “solucionar” las demandas de los pueblos indígenas de la Amazonía de forma equivocada.
Si antes el gobierno jugaba a mecer a los indígenas amazónicos hasta el cansancio, con la intención de que sus representantes abandonen las mesas de diálogo, ahora se quiere limitar las investigaciones en torno a lo ocurrido en Bagua para culparlos solo a ellos de lo ocurrido.
El actual gobierno aprista sigue ensañándose con los pueblos amazónicos, pues los consideran “culpables” del terremoto político causado por el Baguazo, cuyo efecto inmediato fue la caída del gabinete presidido por Yehude Simon.
Por eso, no se cansa de perseguir a sus líderes.Pero, en este vano intento, lo único que consigue es obstaculizar el diálogo que tanto exigimos todos los peruanos.
Un nuevo atentado contra las comunidades amazónicas se ha consumado. Las lecciones luego de Bagua no fueron suficientes.
Se acaba de dar la concesión, sin el debido cuidado ambiental, para la construcción de dos hidroeléctricas en la Amazonía, a las empresas brasileñas EGASUR y Paquitzapango Energía SAC. A poco menos de dos meses del Baguazo un nuevo conflicto social se perfila en la misma región.
Pronunciamiento
En las últimas semanas ha venido produciéndose en el país un importantísimo debate sobre el futuro de la explotación y el consumo del gas natural. El campanazo de alarma ha sido el anuncio oficial de que no tenemos suficientes reservas para atender tanto el consumo interno como los contratos de exportación ya pactados. Creemos fundamental que se avance y profundice en este debate ya que el buen uso de este recurso constituye una herramienta de primer orden para el desarrollo del Perú y la afirmación de nuestra soberanía nacional.
Han transcurrido tres semanas desde los violentos enfrentamientos entre peruanos en Bagua y, finalmente, ya se han derogado los decretos cuestionados por los grupos amazónicos.
Después de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua el 05 de junio pasado, que dejaron como cifra trágica la muerte de 35 personas, entre policías y nativos, parece que el actual gobierno no ha aprendido la lección y persiste en su actitud desafiante frente a los acuerdos establecidos con los líderes amazónicos.
Hoy en día, no hay diálogo y los nativos amenazan con medidas radicales.
Se tuvo por unos días la impresión de que la crisis amazónica había sensibilizado al Gobierno acerca del manejo de los reclamos de la sociedad civil. ¿Quedó claro que la explotación de los recursos de la Amazonía debía hacerse de manera que no infrinja los derechos de los grupos indígenas? Lamentablemente, entre otras acciones, el manejo que se le dio durante y después de la crisis a la explotación del Lote 67 de petróleo en Loreto¹ confirma que el aparente cambio de actitud del Gobierno fue sólo flor de un día.
El descontento frente al gobierno¹ se hace notar en todo el país mediante la protesta nacional andino-amazónica convocada para los días 7, 8 y 9 de julio, por el FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA, fundado el 11 de junio como consecuencia de la represión gubernamental en Bagua. Este frente se encuentra conformado por conocidas organizaciones como AIDESEP, CGTP, CONACAMI, SUTEP, entre otras.
La Amazonía peruana viene sufriendo un fuerte proceso de transformación. Los dos últimos gobiernos han otorgado un gran número de concesiones para realizar actividades extractivas. Así, diversos estudios afirman que casi las tres cuartas partes de toda la selva peruana se encuentran concesionadas a lotes petroleros. Como consecuencia, muchas áreas de la selva se vienen deforestando, acabando con la biodiversidad y la reducción de los territorios de los pueblos indígenas.
