Un nuevo atentado contra las comunidades amazónicas se ha consumado. Las lecciones luego de Bagua no fueron suficientes.

Se acaba de dar la concesión, sin el debido cuidado ambiental, para la construcción de dos hidroeléctricas en la Amazonía, a las empresas brasileñas EGASUR y Paquitzapango Energía SAC. A poco menos de dos meses del Baguazo un nuevo conflicto social se perfila en la misma región.

La semana pasada, Hernán Fuentes, presidente de la región Puno afirmó que la hidroeléctrica de Inambari borraría del mapa a 27 centros poblados¹. La concesión de esta hidroeléctrica habría sido una decisión unilateral por parte del gobierno que, una vez más, olvidóconsultar a los pueblos que habitan en la selva puneña. En Puno, los pobladores están más que descontentos. Sin embargo, a diferencia del caso de Bagua, el Ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack decidió pronunciarse favorablemente a la población amazónica². El ministro Brack advierte que debido a los fuertes impactos sociales que tendría la construcción de las hidroeléctricas de Inambari y Paquitzapango en la selva de Madre de Dios y de Junín, lo recomendable sería no ejecutar dichas obras. 

En el caso de Inambari se afirma que la construcción de la represa inundará hasta 45 mil hectáreas de terreno, lo cual dejaría bajo el agua zonas agrícolas de varias poblaciones y bosques. Por otro lado, en Paquitzapango, la represa a construirse en el río Ene indundará las tierras de seis o siete comunidades nativas. Como vemos, el riesgo de estos dos proyectos salta a la vista inmediatamente.

Pero un tema resulta aún más importante. Incluso si no hubiera problemas medioambientales, que los hay, o sociales, que también los hay, existe un serio problema económico. No es posible que en una negociación se acuerde, a priori, que el 80% sea para beneficio de Brasil (en este caso las empresas brasileñas) y el 20% para el Perú. Los proyectos mencionados, en conjunto, generarían 2 mil 895 megavatios de electricidad, más de la mitad de lo que demanda actualmente el Perú, y la mayor parte de esa energía se exportaría a Brasil (Gestion 26/08/2009 página 4).

No obstante las precisiones del ministro Brack, nos preguntamos, ¿por qué en el caso de Bagua se pronunció en contra de la población amazónica? ¿Acaso no había conflictos sociales evidentes desde el momento en que los decretos polémicos fueron aprobados en el Congreso de la República y sin consulta alguna con los pobladores de la zona? 

Esperemos que el Ministro de Medio Ambiente mantenga esta nueva actitud participativa y responsable en casos tan críticos como estos y que se reviertan estas concesiones contrarias a los intereses del Perú.

¹ La Primera 28/08/2009 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/nacional/noticia.php?

IDnoticia=956
² Gestión 26/08/2009