El Covid-19 ha puesto en evidencia los daños efectuados por las políticas neoliberales adoptadas como expresión de la globalización. Sus daños son diferenciados dependiendo de si los países son desarrollados o en desarrollo, o de si los Estados de los países se sometieron parcial o totalmente a estas políticas. En casi todos los países, en unos más que en otros, fue mellada la capacidad de servicio público de sus Estados. En los países en desarrollo este daño fue notable: después de cuarenta años de neoliberalismo, hoy cuentan con pobres sistemas públicos de salud y educación, con precarios sistemas de seguridad social, y con brechas crecientes de infraestructura social.  

La propuesta del Estado mínimo 

Desde su inicio el neoliberalismo empezó desmantelando y reduciendo la capacidad de nuestros Estados. Siguiendo la lógica del mercado desregulado, se privatizaron las empresas públicas y los sistemas de seguridad social; se estimuló el retiro de profesionales calificados de la administración pública con renuncias pagadas; se utilizaron las asociaciones público-privadas en grandes inversiones cuyos riesgos eran básicamente asumidos por el Estado; se favoreció la expansión de los servicios privados de salud y educación, en desmedro de la calidad de los públicos.

En nuestro país el gasto en educación como porcentaje del PBI se redujo desde 3.4% en 1986 a 3.1% en 1996-1997 y a 2.5% en 2007. Recién se recupera a partir de 2008 (2.7%) hasta alcanzar el 3.3% en 2014 y luego se estanca en 3.8% en los tres últimos años. El gasto en salud se encuentra prácticamente estancado como porcentaje del PBI desde los años 1990 (2.36% en 1996-1997 y 2.37% en 2019). Hay déficit de hospitales y los que existen en su gran mayoría no están bien equipados y adolecen de problemas de salubridad.  El déficit actual de infraestructura en salud es de cerca de 5% del PBI; en educación de 1.5%, (sin considerar la educación pública universitaria); y, en agua y saneamiento de 3.64% del PBI. La gran mayoría de escuelas, colegios y universidades públicas carecen de servicios de agua y desagüe en condiciones óptimas. Entre 7 y 8 millones de personas no tienen acceso a agua potable.

Por último, más de 9 mil millones de dólares por transacciones realizadas por la transferencia de empresas públicas al sector privado durante los años 1990, no se convirtieron en activos públicos modernos en educación, en salud, ni en infraestructura vial. Tampoco hay activos públicos modernos que pueden asociarse a la bonanza del superciclo de las materias primas. ¿Quiénes se beneficiaron con este crecimiento? 

Esta es la situación en la que nos encuentra el Covid-19: con un Estado con poca capacidad de servicio público; resultado de la subordinación del interés público al privado.

El individualismo y el dominio del interés privado

Al achicamiento del Estado le acompañó la desregulación de los mercados, en particular del mercado de trabajo. Dadas las ventajas naturales de países como el nuestro, la liberalización comercial y financiera, configuró una economía cuyo dinamismo no depende de la demanda interna sino fundamentalmente de la demanda externa. En consecuencia, no había problema de ajustar el mercado de trabajo mediante la llamada flexibilidad salarial, eliminando o reduciendo los beneficios laborales y la estabilidad de los puestos de trabajo. El resultado fue el estancamiento de los salarios reales, el aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos y la precarización del empleo.

Los salarios reales de los trabajadores y los sueldos reales de los docentes representan menos de la mitad del nivel que alcanzaron hace 40 años. El 72.4% de la PEA ocupada se encuentra en empresas de 1 a 10 trabajadores donde el ingreso promedio mensual es de menos de mil soles. Además, cerca del 73% del total de la PEA ocupada es informal.  

El individualismo es el sostén de esta lógica del mercado. A nivel de nuestras sociedades se extendió la idea de que la búsqueda del provecho propio es el camino al bien común. “Antaño (…) buscar solo la satisfacción de los propios deseos —dice Todorov—, topaba con los frenos impuestos por la sociedad. Hoy en día, al parecer esos frenos se han debilitado, si no eliminado. (…) Esta tendencia (se acelera) con la caída del muro y el triunfo del pensamiento neoliberal. El final de la guerra fría trajo consigo la relajación de las fidelidades a los ideales, en adelante el desarrollo económico se mide en función del éxito económico, y la lógica del mercado se extendió a todas las dimensiones de la vida” (Insumisos, 2016, p. 26).

Los efectos recesivos del Covid-19

A diferencia de las recesiones internacionales anteriores, la recesión que ya está ad portas será el resultado de las medidas adoptadas para frenar la propagación del Covid-19. Con los cierres de fronteras y las medidas de confinamiento (o distanciamiento social obligatorio) en todas partes del mundo, se frenan los procesos productivos y el comercio internacional. Se pierden empleos, se reducen los ingresos de familias y empresas, aumenta el riesgo de quiebras de empresas (sobre todo las pequeñas y medianas) y se cae el gasto en consumo e inversión.  Todo esto genera miedo en los mercados financieros, salida de capitales y depreciación de las monedas frente al dólar.

A un entorno externo totalmente adverso para nuestra economía, se le adiciona los efectos recesivos de las medidas del mismo signo adoptadas por el gobierno. Cae la demanda externa y los precios de nuestras exportaciones primarias, pero también cae la demanda interna porque se interrumpe el empleo y los suministros a las empresas. Las más afectadas serán las de «1 a 10 trabajadores». La contracción no anticipada de la demanda (tanto externa como interna) y de la producción, afectará la capacidad de pago de los servicios de la deuda de las familias y las empresas, con el consecuente encarecimiento del crédito.  

Enfrentar esta situación exige una amplia y audaz política fiscal, complementada con medidas innovadoras del BCRP. El MEF ya lo está haciendo. Está aumentando el gasto para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud (en suministros médicos, equipamiento y otros materiales necesarios). También está transfiriendo recursos para sostener la demanda por el lado de los ingresos. Por su parte, el BCRP acaba de reducir su tasa de política a 1.25% y está realizando intervenciones en el mercado cambiario para frenar la fuerte presión al alza del tipo de cambio, además de otras medidas para sostener el sistema de pagos y la cadena de créditos de la economía. Pero todo ello, sin embargo, no será suficiente. El MEF necesitará gastar más en equipos y medicamentos esenciales; en protección y ayuda a todo el personal de los hospitales; en mayor apoyo financiero a empresas de «1 a 10 trabajadores» y a las personas que tienen bajos ingresos, empleos inestables y gastos fijos en servicios públicos; y, en personal y materiales para desinfectar aeropuertos, terrapuertos, escuelas, universidades públicas y paraderos críticos de transporte público. 

Pero, lo que importa destacar aquí es que el gobierno del presidente Vizcarra debe aprovechar esta crisis para reconstruir la capacidad de servicio público del Estado y sentar las bases de una sociedad solidaria. Esto significa cambiar la orientación del dinamismo de la economía mediante políticas sectoriales para impulsar el desarrollo industrial y un vasto programa de inversiones públicas en infraestructura económica y social. Toca al BCRP imaginar cómo financiar estos gastos. 

*Economista Ph. D. Profesor Principal de la PUCP