El actual proceso electoral está caracterizado por la presencia de candidatos presidenciales que agravian la convivencia moral sustentada en valores y principios, y que son indispensables para representar a la nación. Tenemos agresores; plagiarios; coimeros; indultador de narcos; lobistas; violadores de derechos humanos y de los derechos de las poblaciones nativas; defensores de las esterilizaciones forzadas; usufructuarios del dinero robado al Estado; violadores del Estado de Derecho; cómplices del chuponeo,  del rastreo y del chantaje;  en fin, candidatos que han envilecido la política y convertido a la democracia en un engaño. Varios de estos candidatos lideran las encuestas y en conjunto tienen entre el 60 y 70 por ciento de apoyo del electorado. Los decentes, que son pocos, tienen un apoyo minoritario. Afamados representantes de la sub-cultura compiten por dirigir el país. ¿Qué nos ha conducido a esta situación? ¿Desde cuándo hemos perdido las obligaciones morales que tenemos con respecto a nuestra sociedad para tener entre nuestras preferencias a estos candidatos?

Los efectos de las políticas neoliberales 

En los años 1980-1990 ocurrieron varios hechos que «informalizaron» la política y demolieron la base ideológica de los partidos políticos. 

1)    La crisis de la deuda externa que fue enfrentada en toda la región –también en nuestro país--, con políticas de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial. Los Estados Nacionales perdieron su carácter de centro básico de decisiones soberanas sobre sus economías; y, recularon hasta convertirse en espectadores mientras el comercio libre y la transnacionalización definieron nuestra ubicación en la economía globalizada. El resultado de la aplicación de estas políticas –que inutilizaron las ideologías y programas de los partidos políticos--, es hoy conocido como la «década perdida de América Latina».    

2)    El gobierno de Alan García de 1985-1990 que aparentemente se desvió del recetario neoliberal, pero desacreditó a la política pública y al papel del Estado. Produjo una brutal contracción del PBI per cápita (-30.2%) y de la productividad (-26.0%). Los hogares por debajo de la línea de pobreza pasaron de 16.9% a 44.3%; el consumo per cápita se redujo en 47%; los sueldos y salarios reales cayeron en 53%; la presión tributaria se derrumbó hasta el 4.0% del PBI; y, el porcentaje de trabajadores informales aumentó hasta cerca del 80%. A todo esto se sumaron las evidencias de corrupción y de enriquecimiento ilícito que le hicieron perder credibilidad a las instituciones del Estado.     

3)    El gobierno dictatorial de Fujimori de los 1990 que profundizó la aplicación de las políticas neoliberales con las privatizaciones, la liberalización comercial y financiera, la dolarización de los créditos, el recorte de los derechos laborales y la flexibilización del mercado de trabajo, junto a un manejo corrupto del dinero público y a violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho. La adopción del dogma del mercado «libre» (auto-regulado) dio curso al individualismo «criollo» y a la reproducción de la informalidad en la economía y en la política. La dictadura fujimorista practicó el clientelismo, controló los medios de comunicación, utilizó los diarios «chicha» para calumniar a sus opositores, compró congresistas y estimuló la práctica del transfuguismo; en fin, el fujimorismo hizo del fraude, la corrupción y el delito, una forma de gobernar. Envileció la política y convirtió la democracia en una burla.   

4)    El otro hecho a tomar en cuenta es el terrorismo de los años 1980-1992.  La violencia que lastimó fundamentalmente a los campesinos indígenas de la sierra, puso en evidencia tanto la existencia de dos Perú (el Oficial y el Otro Perú), como la ausencia de Estado precisamente en el Otro Perú, olvidado y discriminado del interior del país. Sin embargo, hay que afirmar con energía que el terrorismo destruyó parte importante la infraestructura pública y también violó derechos humanos y el Estado de Derecho. Asesinaron a alcaldes y a comunidades enteras. Desafortunadamente ahora la informalidad en la política ha llegado también hasta los poderes regionales y locales.

Política y Democracia durante el neoliberalismo 

Podemos decir entonces que tanto la destrucción de la economía por el primer gobierno de Alan García y el terrorismo, como el neoliberalismo criollo de los noventa, junto a la práctica de la corrupción en la gestión de los todos poderes del Estado, fueron los creadores de la «cultura de la informalidad» -del vivo, del rentista, del aprovechador, del privatizador de lo público, etc.-, que ha envilecido a la política y ha convertido a la democracia en una burla. Es lo que yo llamo la «subcultura de la yuca» que hoy practican los llamados emprendedores neoliberales y los usufructuarios de la corrupción, entre los que se encuentran varios candidatos y también el diario de la «concentración» que editorializa a favor del libre mercado, pero mantiene una posición de dominio.

Esta «subcultura» que proviene del desmantelamiento del Estado, de la caída brutal de la producción y de los ingresos reales, de la penetración de la corrupción en casi toda la administración gubernamental del Estado, de la compra de los medios de comunicación y de la desregulación de los mercados que es consustancial al modelo económico neoliberal extractivista o rentista, es la que explica la pérdida de nuestras obligaciones morales con respecto a la sociedad de la que somos parte.

La «subcultura» de la informalidad, extractivista o rentista, está extendida. También pertenecen a ella las empresas que especulan contra la moneda local, que aprovechan su posición de dominio para aumentar los precios, que especulan con el gas pagando al Estado una regalía ridícula, y el taller «informal» donde nos roban una pieza del carro...

A modo de conclusión

En nuestro país la política se disoció de las ideas y se alejó absolutamente de la ética. Necesita una cura moral. Pero esta cura moral será imposible si no cambia el actual modelo neoliberal que depreda recursos y ecosistemas; y, que beneficia a reducidos grupos de poder que se auto-reproducen y auto-legitiman controlando los distintos poderes del Estado.

*Economista Ph. D. Profesor Principal de la PUCP