Únanse al baile 
De los que sobran
Nadie nos va a echar de más
Nadie nos quiso ayudar de verdad
(Canción de “Los Prisioneros”)

Este Conflicto de Baja Intensidad en el que estamos envueltos; en esta confrontación de estrategias y demostración de fuerzas, entre el Ejecutivo y el Congreso, en la que se ha involucrado la Fiscalía de la Nación, los grupos de poder económico y la gran prensa, no parece haber tregua, ni paz. En torno a este conflicto se elaboran narrativas, se construyen enemigos, formalizan bloques, se definen amigos y enemigos. Han cubierto por completo el escenario político, más allá de eso no existe nada, está el vacío.

Triste realidad para un país asolado de conflictos sociales que, si no están en el marco de la gran inversión productiva: minera, agroindustrial o de los intereses de los grupos de poder económico o, peor aún: si no están en la lógica de vacancia de la presidencia o cierre del Congreso, no forman parte del tinglado escénico de la política real. Al copar todo el escenario político, todo el espacio social oficial, ya no hay lugar para los “otros”. En esa acción han invisibilizado voces, personas, comunidades, organizaciones sociales que desde hace mucho están que reclaman atención a sus demandas. Han logrado que las reformas democráticas que se orientaban hacia una mejora de la calidad educativa, respeto a las diferencias, inclusión de derechos sociales, y la no discriminación ni la imposición de la intolerancia religiosa sean excluidas y anuladas ya por peligrosas, ya porque no interesan a nadie, menos al Estado. Bueno, en esto último, hay que reconocer han logrado una unidad de criterio y votado en consecuencia.

Los conflictos que a nadie importa

Desde hace mucho en el Perú se vive un largo y complejo periodo de conflictividad social. Ahora bien, a no todos les va mal con los conflictos. Ciertamente, hay una industria de conflictos que ha reparado buenos beneficios a personajes que han visto en ellos la fuente de su riqueza y poder políticos; pero a muchos pueblos les ha ido mal, sobre todo, a los que, lejos de la mirada de la prensa y del “interés nacional”, han visto languidecer sus expectativas y diluir sus esperanzas de que vía el conflicto pueden resolver sus problemas o, lo que es más frustrante, que alguien del poder político se interese en su suerte.

Está demostrado que no todo conflicto genera crisis política, que las demandas de poblaciones, particularmente de comunidades nativas y de pueblos alejados del escenario político oficial, languidece en innumerables mesas de trabajo, actas de compromiso o en aquellas que se presentaron en los Consejos de Ministros Descentralizados. 

En la primera semana de febrero del 2021, la SGDS reportaba la existencia de 87 conflictos activos semanal, de los cuales uno era crítico, 40 en riesgo inminente, 27 en riesgo intermedio, 5 en situaciones de alerta y 14 casos considerados como prioritarios. De esa fecha a la actualidad el patrón de los conflictos no ha variado sustancialmente. En la segunda semana de septiembre del 2022, se reportaba la existencia de 64 conflictos. Pero al revisar el periodo podemos notar que en rango de los conflictos que semanalmente reporta, oscilaba entre 87 a los 64 conflictos (ver gráficos adjuntos). Con sus picos de subida y las suaves pendientes de bajada, lo más resaltante es la persistencia de conflictos en zonas donde la regularidad de la vida cotidiana es el conflicto.

Tomemos como referencia los conflictos que están en las regiones amazónicas de nuestro país.

• Datem del Marañón. No sabemos con exactitud cuándo las comunidades amazónicas de esta provincia empezaron su lucha contra la incursión de mineros ilegales en sus territorios ¿2002? ¿2006? La primera referencia se conoció en el 2008, y ya tenían varios años peleando contra la incursión de grupos muy avezados y violentos. Estamos en el 2022, si bien hubo operativos de la Fiscalía Especializada en delitos ambientales realizó operativos, pero no hubo mayores resultados, el problema que afecta la vida y el ambiente de los territorios comunales está en el mismo sitio: comuneros muertos, varios heridos, poblaciones asustadas…

En febrero del 2021 la comunidad de Saramurillo, distritos de Andoas/Pastaza (Datem del Marañón), solicitaban electrificación las 24 horas y la carretera de Saramurrillo – Saramuro; habían realizados paros y bloqueos de carretera y habían conseguido el compromiso del gobierno de entonces por ejecutar dichas obras. En esa misma semana, las federaciones nativas de la Cuatro Cuencas, amenazaban con un nuevo paro regional exigiendo al Gobierno que emitan una nueva Resolución y continuar con los compromisos sobre salud, educación, comunicación. Asimismo, 7 pueblos originarios de la localidad de Manseriche – Morona amenazaban con un paro si es que no se atendía su reclamo de ejecución de proyectos de infraestructura que anteriores gobiernos les habían prometido. 

Un año después, en la semana del 12 de septiembre, la SGDS, reportaba que en la provincia del Datem del Marañón, profesores, que habían tomado las sedes educativas desde hace tres meses, exigiendo la atención de los profesores indígenas. Los líderes y maestros aceptado la propuesta del Estado, sobre el envío de una comisión del Gobierno para continuar el diálogo, y para ello habían levantado el bloqueo de las carreteras Bagua – Saramiriza y San Lorenzo – Recreo) y la liberación de puertos.

• En esa misma semana comunidades indígenas organizados en la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEPIURCHA) que representan a 56 comunidades ubicadas en la cuenca del río Chambira, afectados en materia de salud, denunciaban al Gobierno de incumplimiento de compromisos. Las comunidades habían tomado instalaciones de PETROPERU, pero, al parecer no les prestaron atención hasta que sucedió esa amenaza concreta de la toma de instalaciones y paro regional.

• El caso del Puente Tarata en la provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. Todos conocen que dicha obra se hizo famosa porque develó el entramado de corrupción que se construyó en los inicios de la actual gestión del MTC (la obra había sido presupuestad en 54 millones de soles por el MTC en el 2021, no obstante, se adjudicó al consorcio Tarata III por S/232,5 millones). Pocos recuerdan que esa obra era una demanda muy sentida de la población de Juanjuí; luego de constantes movilizaciones y huelgas indefinidas en junio del 2014, lograron que su pliego de reclamos sea considerado por el gobierno de entonces: prometieron la construcción del Puente Tarata, entre otros acuerdos. Pocos imaginaron que esa obra sería el inicio de una serie de acusaciones de corrupción en el MTC. Ocho años después la obra sigue paralizada.