Nuestros jóvenes representan la posibilidad de alcanzar un futuro más justo, igualitario y con un mayor desarrollo económico. Sin embargo, se necesita que el Estado atienda activamente sus necesidades, para lo cual resulta indispensable trabajar para mejorar la situación en la que hoy se encuentran y convertir su potencial en factores de cambio para nuestro país de cara al bicentenario. Pero, para ello se requiere que cuenten con una educación de calidad, equitativa e inclusiva, y facilitar su inserción laboral.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, la población joven de 14 a 29 años asciende a 8 millones 728 mil 900 personas, la misma que ha crecido a una tasa promedio de 0,4% durante el periodo 2007-2018 representando el 36,2% del total de la población en edad de trabajar (PET), siendo esta cifra 5,1 puntos porcentuales menor a lo registrado en el 2007. Lamentablemente, las mujeres jóvenes son las que han perdido mayor participación dentro de la PET, pasando de 40,7% en el 2007 a 35% en el 2018. Es así que, durante los últimos 11 años, la fuerza laboral juvenil (jóvenes ocupados y desempleados) muestra una tendencia decreciente. 

Asimismo, la participación de la PEA juvenil paso de 36,4% en el 2007 a 29,5% en el 2018, lo cual implica que el número de jóvenes desempleados ascienda a 442 mil 500 personas, siendo el 50,9% hombres y las mujeres el 49,1%. Ante este contexto, los jóvenes se ven obligados a aceptar empleos informales bajo condiciones precarias; es así que el 78,8% de los jóvenes peruanos laboran en empleos informales.  Por otro lado, el 17,3% de los jóvenes no estudia ni trabaja (NINI).

Entre los factores asociados a la disminución de los jóvenes en la fuerza laboral, se encuentran los altos porcentajes de abandono escolar, lo cual implica que los jóvenes se retiren del sistema educativo sin haber adquirido las competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral. En el caso peruano, la encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo del Perú, señala que la transición puede variar entre 3 meses (si los jóvenes trabajadores cuentan con educación terciaria) hasta 9 meses  (en el caso que solo se cuente con secundaria incompleta). Pero si se considera el tiempo de transición de la escuela a un trabajo decente, el tiempo se incrementa a 5 meses en el caso de estudiantes con estudios superiores, y 31 meses para aquellos que solo tienen secundaria incompleta.

Por otro lado, al analizar, la composición de la PEA juvenil por nivel educativo, se puede observar que el número de jóvenes con educación superior, ya sea universitaria y/o técnica, se ha incrementado en 14,2 puntos entre el 2007-2018. Lamentablemente, este incremento no se ha visto traducido en mejoras en la calidad y una mayor empleabilidad de los jóvenes. Asimismo, el grueso de los jóvenes se desempeña en el sector de servicios (32,5% del total).

Algunas investigaciones  sostienen que más de la mitad de los jóvenes en la región poseen habilidades y/o cualificaciones que no coinciden con las exigencias del mercado laboral, lo cual dificulta su inserción laboral. Uno de los principales factores que tiene implicancias sobre las posibilidades de la inserción laboral de los jóvenes está relacionado a la calidad y la pertinencia de la educación superior en nuestros países, lo que depende, entre otros factores, de la inversión en la educación pública y las políticas educativas.

Por otro lado, nos encontramos en medio de la Cuarta Revolución Industrial, liderada por los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, siendo necesario que nuestros jóvenes cuenten con una adecuada formación, puesto que sus puestos de trabajo dependerán del nivel y la calidad de su formación. Por lo tanto, resulta indispensable fortalecer y diseñar sistemas de educación superior que incorporen entres sus planes de estudio el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas.

Nuestra juventud del bicentenario enfrenta grandes retos: acceder a una educación permanente y de calidad. Si queremos aumentar nuestro nivel de competitividad y productividad, es indispensable cerrar nuestra brecha de capital humano a través de una mayor inversión en educación y la promoción de la ciencia y tecnología que nos permita adoptar las nuevas tecnologías y no quedarnos rezagados.  En ese sentido, como parte de mi labor parlamentaria, he presentado al Parlamento Andino un “Marco Normativo para Impulsar la Inserción Juvenil al Mercado Laboral en los Países Andinos”, a fin de facilitar la formación y capacitación laboral de los jóvenes con el objetivo de proporcionarles las competencias y habilidades necesarias que eliminen las barreras existentes para su desarrollo profesional y laboral; además de responder a los requerimientos de los sectores productivos, así como del mercado.