La política laboral a un año de Gobierno de PPK
Se cumple el primer año de gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) y es oportuno plantear un acercamiento a la política laboral implementada por el Ejecutivo y el Congreso. Un balance sobre una gestión que se caracteriza por insistir en la política tecnocrática y neoliberal que nos gobierna desde finales del siglo pasado, con serios problemas de gobernabilidad y proyección a futuro.

En este marco general, una primera constatación es que la cuestión laboral estuvo subordinada a la agenda de la corrupción (Lava Jato) y a la emergencia generada por el fenómeno El Niño. Solo ocupó el centro de la agenda mediática y concitó la atención de la opinión pública con la muerte de dos jóvenes en el incendio de las Galerías Nicolini. Esta absurda tragedia puso al descubierto la existencia de prácticas semiesclavas en pleno Centro de Lima; pero sobre todo, puso el foco en el carácter social, no solo económico, de la informalidad. Dejó en evidencia que la retórica de los “sobre costos” laborales, que repiten como mantra los voceros empresariales y algunos políticos, se desdibuja frente a una de las principales causas del drama que hoy lamentamos: la falta de regulación y fiscalización laboral, apenas a unas cuadras de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

Por otro lado, el significativo decrecimiento en la generación de empleo formal (creció solo 0,4% el 2016 y 0,2% en abril del 2017) como consecuencia de la desaceleración económica, es otro problema grueso que viene enfrentando  PPK desde el inicio de su gobierno y que puede influir negativamente hacia adelante. La estrategia de impulsar el crecimiento mediante el “destrabe” y la “simplificación administrativa”, muestra sus patas cortas para reactivar sectores productivos que ven reducirse sus planillas y expectativas de expansión. 

A un año de iniciado, las iniciativas más publicitadas del Gobierno –el proyecto de Ley de Empleo Juvenil o el Seguro de desempleo– no se llegaron a aprobar; en gran medida, por la falta de respaldo ciudadano y las críticas que surgieron desde diversos frentes; particularmente el rechazo de las centrales sindicales que devino en su posterior retiro del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) . 

Aunque no constituyen una “reforma integral”, como la anunciada por el Ministro de Trabajo Alfonso Grados Carraro en diversos medios, los 21 decretos supremos aprobados modificaron reglamentos y procedimientos administrativos relacionados con las relaciones colectivas de trabajo y el ejercicio de derechos laborales. En TrabajoDigno.pe  hemos dado cuenta de sus implicancias en la regulación de las relaciones colectivas, particularmente en los ceses colectivos y el arbitraje potestativo, así como en el reglamento de las inspecciones de trabajo. 

La informalidad, como la entiende el MEF
Desde sus inicios, el Gobierno hizo de la reducción de la informalidad económica y laboral una bandera política y programática. A pocos días de la segunda vuelta electoral, el primero de mayo del 2016, el candidato Pedro Pablo Kuczynski se comprometió públicamente a crear “tres millones de nuevos empleos con derechos” a lo largo de su mandato.

Una vez en el gobierno, PPK encargó la tarea de diseñar una estrategia y llevarla a la práctica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instancia encargada de coordinar las acciones intersectoriales orientadas a ese objetivo. Al MTPE dirigido por Alfonso Grados Carraro , le delegó la tarea de encarar la dimensión laboral de la formalidad, esto es, del empleo con contrato, derechos y protección social.  

No obstante, la visión del Gobierno sobre este problema particular se encuentra resumida en el documento Estrategia de Formalización de la Economía Peruana, redactado en las oficinas del Jirón Junín. Este informe de setenta páginas presenta un diagnóstico de la informalidad en el Perú, así como un conjunto de propuestas para reducirla. Los autores parten definiendo la informalidad como un estado generado por la confluencia de un conjunto de factores estructurales y de gobernanza (Pp. 10–11). Desde esa perspectiva, la informalidad resultaría del escaso desarrollo de las unidades económicas, principalmente de las denominadas “emergentes”, lo que se reflejaría en los bajos niveles de productividad y competitividad, y por tanto, en una insuficiente rentabilidad para asumir los costos de la formalidad laboral. Pero además, la informalidad sería consecuencia de la “sobreregulación” que desincentiva y asfixia a la inversión privada y la actividad económica, empujando a los agentes económicos a actuar al margen de la legalidad.  

En TrabajoDigno.pe creemos que la visión del MEF, en lo que respecta a la “dinamización del mercado laboral”, es simplemente decimonónica. Parten de una afirmación basada en encuestas del tipo Doing Business  y Foro Económico Mundial, aplicadas a “abogados locales y funcionarios públicos”, de donde se extraen afirmaciones como “el mercado laboral es rígido para la contratación y despido”, o “Perú se encuentra entre los países de mayor rigidez laboral del mundo”. 

El fujimorismo laboral en el Congreso
La legislatura que acabó este semestre despertó cierta expectativa entre los trabajadores. Era la primera vez que una Comisión de Trabajo y Seguridad Social (CTSS) era presidida por una fuerza política de izquierda, representada esta vez por el Frente Amplio (FA). Sin embargo, el balance nos pinta un escenario discreto, cuando no preocupante. El periodo culminó con una única norma aprobada (que beneficia exclusivamente a un sector ocupacional específico, comprendido por el personal CAS de EsSalud) y varios temas pendientes de tratar, vinculados con el ejercicio de derechos laborales claves en el sector público y privado, lo que nos deja una gestión anodina e infructuosa en términos legislativos y políticos. 

En el balance final de esta primera legislatura de la CTSS bajo dirección del FA es más bien discreto. Se puede alegar que el contexto no fue el más favorable en la CTSS. La mitad más uno de los congresistas titulares (15 en total) de la CTSS son fujimoristas, lo que hacía absoluto su poder de veto. Pero tampoco ayudó la poca disposición de la presidencia de la Comisión para confrontar la posición obstruccionista de FP. Por el contrario, se formaron “alianzas estratégicas” para la aprobación de las iniciativas que favorecían a los médicos y técnicos de EsSalud, el gremio profesional del que provenían el presidente y segundo secretario de la Comisión.

Por otro lado, el trabajo de Fuerza Popular en la CTSS también fue discreto, por decir lo menos. A pesar de ser la bancada con el mayor número de proyectos ingresados a la CTSS –con el 30% de las iniciativas, por encima del FA (20%) y Acción Popular (18%)–, su capacidad para legislar fue nula. 

Lo grave y preocupante es que el escenario no cambiará en los cuatro años que quedan de gobierno (siempre que complete su periodo constitucional). Esto significa que será una Comisión presidida por una bancada minoritaria y dividida (el FA), con una mayoría amplia de fujimoristas que en lo económico y laboral, piensan igual que el Gobierno de PPK, lo que explica sus habituales coincidencias.

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