Desde hace más de un año los diferentes indicadores económicos muestran lo que se ha denominado la “desaceleración” de la economía peruana. Durante el presente año, a pesar de diferentes pronósticos optimistas, la economía sigue decreciendo. Es cierto que el trimestre pasado hemos tenido algunos signos de recuperación coyunturales, en base a la mejora del precio de algunos minerales, esto no implica una recuperación real. Los indicadores del sector de la construcción, que son un buen indicador del ritmo de nuestra economía, siguen siendo negativos. 

La inflación por su parte se mantiene baja, pero al parecer, como consecuencia de la retracción de la demanda por el enfriamiento de la economía. Sin embargo, en los últimos meses, la economía popular fue afectada con un incremento de los precios de Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad que subieron 2.51% por el reajuste de las tarifas de agua potable doméstica (9.5% en promedio) y por las tarifas de electricidad residencial en 1.9%, según datos del INEI. 

Si tenemos en cuenta que alrededor del 40% de los trabajadores de la PEA asalariada registran un ingreso menor a la Remuneración Mínima Vital podemos ver que esta situación empieza a afectar la economía de los trabajadores en un mercado laboral bastante empobrecido por las políticas neoliberales de las últimas décadas. 

Para reactivar la economía, el gobierno insiste en medidas administrativas e incentivos tributarios, pero no existe ninguna política reactivadora por el lado de la diversificación productiva, la reforma tributaria o el incremento de remuneraciones. 

Y esto es necesario, en un mercado laboral que ha registrado cambios estructurales debido al énfasis en las exportaciones de bienes primarios, así como a patrones de especialización basados en empleos de bajos ingresos en servicios o comercio. El crecimiento económico de los años 2000 tuvo algunos efectos distributivos positivos, pero no afecto las brechas de género, étnicas y de campo-ciudad que se expresa en remuneraciones y condiciones de trabajo. 

En este complicado escenario, el nuevo Gabinete viene desarrollando una campaña para persuadir a la opinión pública de la necesidad de una “reforma laboral” como mecanismo para la reactivación económica. Sin embargo, la reforma laboral promovida por la CONFIEP a través del Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, se trata básicamente de una mayor desregulación. 

La propuesta plantea reducir los diferentes regímenes laborales a cuatro; uno para el sector agroexportador, otro para las exportaciones no tradicionales (confecciones), otro para la micro y pequeña empresa y finalmente, el régimen general. Los tres primeros son actualmente regímenes especiales planteados como medidas de promoción de vigencia limitada, pero se han extendido desde los años 80s del siglo pasado. 

Ahora, se convertirían en regímenes regulares sin ningún límite de duración.  Los tres primeros tienen como eje principal los “contratos temporales”. Es decir, los trabajadores en estos sectores van a laborar de uno o más meses de duración, sin ninguna restricción ni limitación para su renovación. Solamente, el régimen general mantendría la obligación de contratar de manera indefinida después de cinco años de continuidad laboral. 

Diversos estudios señalan que la temporalidad laboral es uno de los principales factores que reduce la afiliación sindical y debilita la negociación colectiva; con el efecto que esto tiene en las remuneraciones. 

El otro cambio sustancial es la modalidad de pago. La propuesta indica que el empresario y el trabajador se pondrán de acuerdo en un “salario anual” que será dividido en doce meses. Se supone que en dicho “sueldo anual” se incluye la gratificación de julio y diciembre, pero eso va a depender de la capacidad de negociar que tengan los trabajadores de manera individual. De esta manera, se elimina la gratificación de julio y diciembre, como pago separado para los tres primeros regímenes laborales. 

La Compensación por Tiempo de Servicios también será eliminada en los tres primeros regímenes y reemplazada por un nuevo “seguro de desempleo” contratado en el sector privado y que en el mejor de los casos brindará cobertura en caso de despido arbitrario por un plazo no mayor de tres meses. No está claro si se aplicará solamente en caso de despido o también cuando no hay renovación de contrato (que, en verdad, es una forma de despido). Finalmente, la propuesta supone una reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para los tres primeros regímenes. 

Para la tecnocracia neoliberal del MEF y el Diario El Comercio, estás medidas nos pondrán a la cabeza de la modernidad laboral y permitirán el crecimiento del empleo y reducir significativamente la informalidad laboral. A inicios del presente siglo, los organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial empezaron a sostener la idea que la formalización de la economía se podía lograr mediante la reducción del conjunto de derechos conquistados por los trabajadores en el siglo pasado. Las empresas informales podrían mediante estas ventajas permitir una “incorporación progresiva” de trabajadores en situación de informalidad a una formalidad con menos derechos. La experiencia del régimen especial de Mypes en nuestro país, es un buen ejemplo de esto. Diversos estudios han señalado con bastante claridad que no hay una correlación entre reducción de derechos laborales e incremento de la formalidad laboral. Por ejemplo, desde el 2008, cuando el régimen de Mypes pasó a ser permanente, a la fecha sólo se han formalizado alrededor del 8,4% de microempresas y no más de 6,7% de pequeñas empresas.

Para reactivar la economía, debemos lograr incentivar una mayor inversión privada y pública, pero con empleo digno. Para esto, resulta imprescindible abandonar la receta neoliberal y desarrollar una política realmente democrática. Lamentablemente, todo parece indicar que el Ejecutivo seguirá insistiendo en paliativos que no funcionan y cediendo posiciones frente al fujimorismo.