Los efectos en Colombia y Perú

El 7 de noviembre, Jorge Enrique Pizano murió de un infarto cuando se preparaba para salir de su casa en Cundinamarca (ubicada a una hora de Bogotá). Jorge Enrique Pizano, conocido como “Macas” por sus amigos” era el testigo estrella para iniciar la investigación de corrupción de la obra vial llamada “Ruta del sol II” que ascendía a 50 millones de dólares.

En el 2015, el entonces auditor Pizano buscó y le contó todos sus hallazgos al Fiscal General Néstor Humberto Martínez (que era el abogado de la empresa Corficolombiana, que junto a Odebrecht construían la vía). 

A modo de precaución, Pizano grabó en secreto a Néstor Humberto Martínez mientras le presentaba la red de sobornos que involucraba a funcionarios y políticos colombianos con la constructora brasileña, Odebrecht.  

“Quieto, quieto”, le dijo Martínez a Pizano, lo que causó que el difunto auditor se decepcionará de Martínez, temiera por su vida y le entregara los audios a los periodistas de “Noticias uno” acompañado del fúnebre mensaje: hagan públicos los audios solo si muero.

Para mala suerte del fiscal general colombiano, a los dos días murió su hijo Alejandro al tomar una botella de agua saborizada que tenía cianuro. La seguidilla de tragedias dentro de la familia Pizano obligó a la Fiscalía a abrir una investigación, que está tan rodeada de irregularidades que ha causado ya la renuncia del jefe del instituto de medicina legal por no ser cuidadosos al tomar las muestras de Pizano.

En Colombia, el presidente escoge al Fiscal general y con justa razón, la oposición y la ciudadanía han pedido que se remueva a Martínez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de investigar lo que paso en “Ruta de sol” y no lo hizo. 

Lo que pasa en Colombia desde noviembre pasado con el caso Odebrecht es trazos más, trazos menos, lo que pasaba siempre en Perú cuando se abría la puerta para investigar un caso de corrupción: mucho ruido y pocas nueces.

A trancas y barrancas

Por ello, es tan importante felicitar al equipo que dirige Rafael Vela donde esta José Domingo Pérez, el procurador Jorge Ramírez y la Procuradora Silvana Carrión; quienes a trancas y barrancas consiguieron que se firme el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y la procuraduría de Perú con la constructora brasileña Odebrecht. 

Si bien se han firmado acuerdos de colaboradores eficaces de Odebrecht en Panamá y República Dominicana, en el caso peruano, el acuerdo es corporativo, es decir, la empresa se pone a disposición de las autoridades peruanas a entregar toda la información disponible, a la vez que ordena a sus funcionarios a que cuenten todo lo que saben sin omitir dato alguno.

Otra fortaleza del acuerdo, es que los “delatores premiados” de Odebrecht ante la justicia brasileña tienen la obligación de decir la verdad, es decir que si mienten u omiten información ante los fiscales peruanos pierden los beneficios penitenciarios de los que gozan en la actualidad.

Por vez primera sabremos de primera mano cómo una empresa corrompe a nuestros funcionarios y a nuestros políticos. 

Se nos será revelado cómo funciona la corrupción a través de testaferros, cadenas de offshores, depósitos ocultos en paraísos fiscales, conferencias internacionales, y otras modalidades que  aún no conocemos.

Llegar no fue fácil. Se puede ver el cansancio y el estrés en los rostros de Vela, Pérez y Ramírez; producto del tira y afloje con la empresa para que salga un acuerdo que satisfaga a todos y donde Odebrecht pagará al Estado peruano, la cifra récord a nivel mundial de 825 millones de soles. 

Se abre un escenario parecido al del año 2000, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori y su brazo derecho, Vladimiro Montesinos; pero ahora estamos más curtidos y por lo que se ve, tendremos pruebas casi tan contundentes como las que fueron en su época, los vladivideos.

Debemos seguir atentos a los pasos que siguen en el país, luego de la firma del acuerdo de Odebrecht: un juez peruano lo homologará y confirmará a través de una resolución judicial.

Es por esa razón, que es preocupante qué significa la colaboración eficaz para el presidente del poder judicial, José Luis Lecaros, quien en una reciente entrevista dijo: “La colaboración es una decisión voluntaria para conseguir un beneficio a cambio de delatar a su entorno y probar los hechos. No me parece ético presionar a una persona, amenazarla con una detención para conseguir la colaboración. El testimonio del colaborador que no está comprobado por el juez no vale absolutamente nada”.

¿Cómo dice que dijo, doctor Lecaros?. ¿Está acusando a los fiscales de presionar a los colaboradores?. ¿O tiene una información que nos deba dar a conocer?. 

En fin, el equipo liderado por el fiscal Rafael Vela y el Procurador Jorge Ramírez, están camino a Lima y buscarán que se valide el histórico acuerdo con Odebrecht en el Poder Judicial, así que nos toca seguir vigilantes a esperar que así suceda.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, será la responsable de evaluar el acuerdo con Odebrecht y de ser el caso darle el visto bueno, legalizarlo y homologarlo ante la ley peruana.

Este será el tercer acuerdo firmado con Odebrecht en el Poder Judicial. 

En los dos anteriores el monto de reparación ante el Estado ascendió a 65 millones de soles. De los dos acuerdos, uno fue objetado por el juez de garantías pero la sala superior ordenó que se le dé luz verde, hecho que facilita la tarea de la jueza María de los Angeles Álvarez Camacho a la hora de homologar el acuerdo.

Si bien el acuerdo significará el ingreso de 825 millones de soles en reparación al Estado peruano, su aporte en términos morales con miras al bicentenario que se viene será inconmensurable. Seguiremos informando.