“No es un castigo para mí pasar 18 meses en Perú”. Con esta frase, el expresidente Alan García hacía creer el último sábado que aceptaba estoicamente la decisión del Poder Judicial de prohibir su salida del país mientras duren las investigaciones por los delitos de colusión y lavado de activos en su contra. 

Pese a sus exabruptos, García daba muestras -aparentes- de enfrentar ahora sí a la justicia. Craso error. Por la noche, huía hacia la residencia del embajador uruguayo en nuestro país donde solicitó asilo en la República Oriental del Uruguay. 
Sus defensores (congresistas y voceros mediáticos que fungen de analistas políticos) han intentado comparar este pedido de asilo con la situación vivida por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1948 cuando fue perseguido por la dictadura de Manuel Odría que calificó al Apra como una organización ilegal. 

La situación actual es distinta. García Pérez ha sido investigado por varios años por diversos ilícitos. En el 2013, el fiscal José Peláez Bardales (de simpatía aprista) archivó las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, toda vez que “no existían pruebas” que confirmen dicho delito. Caso curioso, a la luz de los tiempos hoy vemos que para ese año, García ya había recibido los 100 mil dólares de Odebrecht a través de la consultora Spinola de Brasil, por dictar una conferencia. 
El contrato, firmado -según la denuncia periodística- después de la conferencia y con fecha previa a ella, aparentemente no estaba en el papeleo que García Pérez llevó para “justificar” sus ingresos y la buena racha que le había generado ser un presidente que “hizo grandes aportes a la economía”. 

Las falacias de García

La carta firmada por García, dirigida al presidente Tabaré Vásquez, refleja una serie de falacias y medias verdades que buscan crear una realidad paralela donde Perú es gobernado por una dictadura y donde el aprismo y el fujimorismo son la resistencia que se juega su libertad frente a un Ejecutivo que  busca coactar a los otros poderes del Estado y que tiene un aparato mediático a su disposición. 

Para empezar, lo que existe no es una persecución política, sino una investigación que ha encontrado elementos para ser ampliada y que debe indagar más para concretar si existe o no responsabilidad en García Pérez sobre los delitos que se le imputan. 

Como lo recuerda la web Spacio Libre en un desagregado de la carta de Alan García, parte de las investigaciones están basadas en las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes confirmaron en sus testimonios que Alan García fue beneficiado con aportes de dinero para su campaña presidencial en el año 2006: Fueron 200 mil dólares, entregados en varias armadas al excongresista y exministro Luis Alva Castro. Siendo así -aquel año- la UNICA CAMPAÑA que Odebrecht aprobó. 

Además existe dentro de este proceso una serie de detalles que están siendo indagados sobre las coimas perpetradas por Odebrecht a un grupo de funcionarios del segundo régimen alanista para hacerse con la concesión del Metro de Lima. 

Existe una línea de tiempo que debe ser tomada en cuenta para cualquier análisis de este caso. Desde las reuniones entre García y Barata, las decisiones tomadas, los decretos de urgencia post reuniones y la prioridad que se le dio al tema, además del nombramiento de funcionarios en altos puestos, como Jorge Cuba que convenientemente había coordinado con Odebrecht para “arreglar” los procesos. Este video de Otra Mirada resume esa línea que explica en detalle el proceso por el cual también se está investigando a Alan García. 

La vieja estrategia alanista

Con este pedido de asilo, Alan García repite un acto ya realizado. En 1992, con las acusaciones en su contra decidió buscar refugio en la embajada de Colombia. Una vez concretado ese paso, se fue a vivir en París. Ahí, si vivíamos en un momento de dictadura y tal vez en ese instante podía justificarse la decisión. Lo que no se puede justificar es que García esperara la prescripción de sus delitos para volver por la puerta grande. 

García estaba siendo tocado por la justicia. Se vio amenazado y reaccionó con lo mejor que sabe hacer. Generar escándalos, huir por la puerta falsa y mentir para argumentar que es un perseguido político. Si Uruguay accede a darle el asilo, la lucha contra la corrupción sufriría un fuerte golpe y estaríamos otra vez ante la impunidad más recalcitrante, esa que vuelve intocables a los denominados “peces gordos” de la política corrupta.