En estas últimas semanas, varios colegios profesionales de salud, así como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecologia (SPOG), se han pronunciado públicamente a través de sendos comunicados. Lamentablemente, no para expresar preocupación frente al monopolio de medicamentos que nos amenaza  (Grupo Interbank), sino a preocupaciones de gremios, lejanos del interés ciudadano. 

Para mayor información de quienes tienen la gentileza de leerme, esta discusión no es nueva y basta una breve consulta en Google para encontrarse con una resolución del Tribunal Constitucional, en 2007, que declara infundado el pedido del Colegio Médico, para que las obstetrices no sean consideradas de una carrera médica, ni que se llamen “obstetra”, dado que hasta esa época éramos eminentemente una carrera femenina, en la que empezaban a irrumpir también hombres. 

Más allá de que siga pensándome a mí misma como obstetriz, reivindicando  el origen femenino de mi carrera o que en Argentina nos llamen obstétricas y en Chile Matronas, lo importante es reconocer el enorme aporte que esta profesión tiene en aspectos claves como la reducción de la mortalidad materna, el acceso informado y respetuoso a los métodos anticonceptivos, la prevención del VIH y el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en general, tanto de mujeres como de hombres, pero también de niñas y adolescentes, así como de adultas/os. Es decir, una formación que se ha ido extendiendo a las necesidades de salud pública y la modernidad, incluyendo el manejo de la tecnología en el control del embarazo y parto y en la propia atención del aborto incompleto, cuyas competencias resultan vitales, para disminuir todas aquellas causas prevenibles de muerte y discapacidad. 

Sin embargo, esto que es el eje central de nuestro quehacer no es lo que se discute, sino algo mucho más perverso como es la apropiación de la tecnología, ya no para el diagnóstico correcto y oportuno, sino para el lucro y la mala practica que consiste en sacar la mayor cantidad de dinero a quienes han asumido y lo que es peor, han logrado que la salud sea un tremendo negocio, haciendo del Estado mudo testigo y en espera de la “dizque” autorregulación. Lejos de eso, ahora modelos de “emprendedurismo”, donde médicos, obstetras ofrecen servicios de ecografías múltiples dimensiones, haciendo de algo tan importante como el diagnostico de ecografía que debe ser parte del control prenatal normal, según las recomendaciones de OMS, un asunto suntuoso. Este es a mi modo de ver, el lado más cruel del neoliberalismo que dicho sea de paso, ya no solo afecta a las más pobres, se expande a las clases medias,  obligándolas a realizar pagos extras por un diagnóstico de ecografía. 

Esta desregulación absoluta de carteles de ecografías que vemos en muchas calles, es el reino de “pepe el vivo” y esta es sin duda, la manzana de la discordia y la mejor salida que se ha propuesto es reducir a las obstetras a los equipos de guardia, negar sus competencias en gestión, y lo que es muy peligroso, atentar contra un recurso humano importante para el país, que debería responder al menos al 85% de las mujeres gestantes, cuyos embarazos no deberían complicarse y de mujeres e hijos que deberían tener derecho a un parto respetuoso y no sobremedicalizado con cesáreas innecesarias. También podría alcanzar a ese 15% de adolescentes, que se ven en el terrible drama de un embarazo no deseado. 

Y si alguien cree que estoy en contra de los negocios, nada más alejado de la realidad, estoy en contra de negocios que carecen de estándares éticos y de eso no son ajenos ni médicos ni obstetras, por lo tanto la discusión no debe estar en quienes si y quienes no pueden hacerlo, sino en una necesaria discusión reubicando en el centro nuevamente el derecho a la salud. 

Por eso, me resulta tan indigno que congresistas aprovechándose del conflicto de intereses, lleven agua para su molino, proponiendo proyectos que agudicen esta tensión. Llenando para sí, una ganancia impropia a costa de la reducción de competencias que son tan necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la salud.