El derecho a decidir en la nueva agenda del gobierno

Por: 

Susana Chávez

Sin duda, las esterilizaciones forzadas que se realizaron en el Perú, en materia de derechos sexuales y reproductivos, fue una de las peores cosas que ocurrió en la década de los 90’s, pero ello no debe hacernos ignorar que la falta de atención de la salud sexual y reproductiva, sucedida en los posteriores gobiernos, ha sido parte de lo mismo. 

Al contrario de lo esperado, el retorno a la democracia no fue para garantizar derechos a las mujeres, ni para los y las jóvenes. Sirvió más bien de plataforma para que los más tenaces opositores a los derechos de las mujeres impusieran sus políticas.

Este fue el caso de la dupla Solari – Carbone (exministros de Salud), quienes no solo se caracterizaron por sus pésimas gestiones en términos de resultados sanitarios, sino también impusieron una agenda opositora a los derechos sexuales y reproductivos, muy bien representada por la aprobación del “Día del No Nacido”, que ha dado pie a las famosas marchas por la “vida” (sic) y el “Registro del Concebido”, cuyo único propósito ha sido estigmatizar el aborto y colocar a las mujeres en situación de permanente sospecha. 

Contrario a lo que dicen defender, fueron estos ministros los que causaron el peor desabastecimiento de métodos anticonceptivos modernos, promoviendo el uso de métodos “naturales” y fomentando el aborto inseguro.

Fueron también los que se opusieron tenazmente a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) y se encargaron prácticamente de la supresión de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), negando así el derecho básico de elegir y cuyas consecuencias se pueden ver en el incremento del embarazo no deseado en las adolescentes, tal como se señala en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015.

Este tipo de políticas siempre afecta a los más pobres. Los datos así lo confirman: el 85% de las adolescentes que se embarazaron dejaron la escuela y en términos laborales, este es el grupo que tiene menos oportunidades económicas.

Los ingresos económicos de las madres prematuras corresponderán solo al 60% del promedio nacional y a la mitad de lo que ganan las mujeres cuyos hijos han nacido entre los 24 y 29 años, precariedad que además las acompañará prácticamente de por vida, pues son las que no alcanzarán estándares de trabajo digno.

En este sentido, el Gobierno de PPK tiene una tarea pendiente que se remite al grupo que el gobierno saliente no ha atendido, como son las y los adolescentes. Lo mínimo que se debería esperar es que se mantengan en la escuela hasta la secundaria, sin la sombra de un embarazo no deseado. 

Como se sabe, ello no vendrá solo, pues implica superar ausencias como la educación sexual y el acceso garantizado de la salud sexual y reproductiva, que aun se encuentran maniatados por un conservadurismo extremo que ha hecho difíciles avances tan elementales como la aprobación del aborto terapéutico y ha mantenido una desatención abusiva e ilegal de las necesidades de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes.

También incluye actuar frente a la prohibición que actualmente tiene el Ministerio de Salud de distribuir la AOE y atender la crisis desbordada de la epidemia del Zika, que lamentablemente la actual gestión del Ministerio de Salud no ha sabido atender.

Como se puede ver, ninguna de estas medidas son extraordinarias, ni fuera del sentido común, por lo que bien haría el gobierno de PPK en elegir ministros de Educación y Salud libres de atavismos y basados en evidencias, comiencen a desarrollar las políticas que sean parte de los grandes cambios que se necesitan hacer.

 

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