Durante la pandemia de COVID-19, nos encontramos inundados de propuestas de diferente calibre para abordar esta amenaza. Si bien algunas de ellas provenían de expertos en salud pública y gestión gubernamental, también surgieron ideas fuera de contexto y, en muchos casos, absurdas, propuestas por personas sin formación ni experiencia en el tema. Es importante destacar que, aunque algunos actuaban con buenas intenciones, muchos otros ocultaban intereses económicos o políticos subyacentes.

Una de las propuestas fuera de contexto más promocionadas y discutidas fue el famoso "rastreo de contactos". La propuesta era sencilla: cuando una persona diera positivo en una prueba molecular, se ingresarían sus datos y los de sus contactos en la plataforma del RENIEC, la cual contiene información de sus direcciones. Luego, se les impondría una cuarentena focalizada, y se les haría un seguimiento remoto a través de una aplicación móvil, además de proveerles soporte necesario. 

Sin embargo, la idea resultaba inviable en el contexto peruano. La capacidad para realizar pruebas moleculares era prácticamente inexistente ya que no contábamos con los reactivos necesarios ni con laboratorios con los niveles de bioseguridad requeridos, ni tampoco con suficiente personal capacitado para llevar a cabo decenas de miles de pruebas diarias. 

Pero eso no era todo. Los sistemas de información del estado, incluido el de la RENIEC, tenían dificultades para intercambiar datos y presentaban obsolescencia. Por ejemplo, casi una cuarta parte de la población no residía en la dirección consignada en su DNI. Además, aunque la penetración de la telefonía celular era alta, solo una fracción de los dispositivos eran considerados "inteligentes". Por último, la estructura logística necesaria para asegurar cuarentenas focalizadas, incluyendo seguridad, alimentos, agua, entre otros aspectos, simplemente era inalcanzable.

Sin duda, fue una idea prometedora que tuvo éxito en algunos países, pero en nuestro país resultó totalmente inviable. A pesar de su demostrada inviabilidad, algunos profesionales desconectados de la realidad y seudo expertos, junto con charlatanes mediáticos, continuaron promoviendo su implementación y criticaron severamente al gobierno por no ponerla en marcha de inmediato. Incluso hubo quienes aprovecharon esta propuesta como parte de su plataforma política con miras a futuras aspiraciones electorales. 

Han transcurrido tres años desde el inicio de la pandemia y hemos logrado avances en algunos aspectos. Por ejemplo, nuestra capacidad para realizar diagnósticos precisos y confiables. En la actualidad, el sector público cuenta con 60 laboratorios capaces de procesar hasta 25 mil pruebas moleculares al día. Esto contrasta significativamente con el inicio de la primera ola, cuando solo teníamos un laboratorio que procesaba apenas 500 pruebas al día. Sin embargo, aunque hemos mejorado nuestras capacidades, aún nos encontramos a mitad de camino. 

Hoy, si enfrentáramos un fenómeno de magnitudes similares a la pandemia COVID19, tampoco podríamos montar un sistema trazador de contactos. 

El brote epidémico de dengue que se ha extendido por 20 regiones del país desde noviembre del año pasado es un claro ejemplo de la situación actual. 

El número de casos supera los 100,000 y más de 100 las víctimas mortales, niveles sin precedentes desde que el dengue reingresa en nuestro país hace 30 años. Sin embargo, es preocupante que aproximadamente la mitad de los casos y alrededor de una tercera parte de las defunciones aún se consideren "probables", sin diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la razón detrás de esto? La capacidad aún limitada de nuestra red de laboratorios de salud pública para realizar diagnósticos precisos.

Un ejemplo claro de esto se evidencia en las regiones de Piura y Tumbes. Al observar el gráfico, se puede apreciar que los casos "probables" (en azul), supera significativamente a los casos confirmados (en color rojo). Es notable cómo el número de personas sin un diagnóstico definitivo supera largamente a los casos confirmados, lo que confirma la debilidad para diagnosticar esta enfermedad en estas regiones. Situación similar se puede observar en otras regiones endémicas de esta enfermedad, tales como Loreto, Ucayali y San Martín.

La ausencia de métodos diagnósticos confiables y rápidos puede representar un riesgo para la salud de nuestros pacientes. Ante esta falta, los médicos deben basar sus decisiones en criterios clínicos y epidemiológicos, así como en otros exámenes complementarios en caso necesario. Sin embargo, esta limitación también afecta las decisiones en salud pública, como el uso de una vacuna, en este caso contra el Dengue.

El Colegio Médico del Perú, en su último comunicado en relación con la epidemia de dengue, incluye, correctamente, la recomendación de “incorporar las vacunas contra el dengue, particularmente en las zonas endémicas”. 

Motivados por el éxito indiscutible de la vacuna contra la COVID-19 y el historial exitoso de las vacunas en general, es comprensible que apoyemos esta propuesta. Sin embargo, es importante, una vez más, considerar el contexto para garantizar una implementación exitosa. 

Como en el caso del COVID19, en el mercado existen diferentes opciones de vacuna y cada una de ellas enfrenta retos diferentes. 

Tomemos como ejemplo una de las vacunas contra el dengue existentes hoy en el mercado global. Esta requiere que las personas que la recibirán tengan un diagnóstico confirmado de haber padecido dengue y estén dentro del rango de edades de 9 a 16 años. Esto implica que, además de implementar una logística para el uso de esta nueva vacuna, sería necesario desarrollar un sistema diagnóstico mucho más avanzado que el existente en la actualidad, además de recuperar la confiabilidad en los datos de la RENIEC. 

¿Pueden imaginarse a toda la población de Piura acudiendo a un laboratorio frágil para hacerse pruebas diagnósticas y luego esperar en múltiples filas para recibir tres dosis de vacuna contra el dengue?

La imagen es impactante y revela la inviabilidad de esta situación. La realidad es que nuestros recursos y capacidades actuales no podrían soportar una demanda tan masiva. Sería un desafío logístico y organizativo abrumador, generando largas esperas, aglomeraciones y un sistema colapsado.

En el mercado hay otras opciones, una de las cuales ha sido aprobada en cerca de 11 países de América Latina. Esta vacuna no requiere una prueba diagnóstica previa, cubre a un grupo poblacional más amplio y se administra en un número similar de dosis. Sin embargo, es de muy reciente desarrollo y su disponibilidad y complejidad de operación aún están en fases tempranas de evolución. 

Además, la implementación de una vacuna contra el dengue presenta desafíos particulares. Requiere una planificación cuidadosa en términos de logística, distribución y acceso equitativo para garantizar que la vacuna llegue a las poblaciones más vulnerables. También es esencial contar con una vigilancia epidemiológica sólida para evaluar la efectividad de la vacuna y monitorear la incidencia de la enfermedad a largo plazo.

Si logramos superar las barreras legales, técnicas, financieras, logísticas y sociales que toda vacuna enfrenta, esta podría convertirse en una poderosa herramienta de salud pública para reducir la carga de enfermedad y las pérdidas económicas causadas por el dengue. 

Es importante tener en cuenta que la vacunación es solo una parte de la solución. También debemos abordar las condiciones socioeconómicas, el saneamiento básico, la educación y otras medidas preventivas para combatir el dengue de manera integral. Encontrar el equilibrio adecuado entre la vacunación y las mejoras estructurales es fundamental para lograr resultados sostenibles y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.