Al final del 2022, se habrán diagnosticado 75 mil nuevos casos de cáncer y 35 mil compatriotas habrán fallecido por esta enfermedad. 

Según el “Plan Nacional de cuidados integrales del cáncer” (2020 – 2024), aprobado por el Ministerio de Salud a finales del gobierno de transición, esta enfermedad constituye la segunda causa de mortalidad por grupo de enfermedad en el Perú, produce un gran impacto económico en los individuos, sus familias y la sociedad, así como una muy penosa sobrevida cuando la persona se enfrenta a un diagnóstico tardío y un limitado acceso a servicios oncológicos. 

Según un estudio de carga global de enfermedad, publicado la semana pasada en la prestigiosa revista “The Lancet”, casi la mitad de las muertes por cáncer están vinculadas a factores de riesgo modificables, como el fumar, el consumo excesivo del alcohol y el alto índice de masa corporal (sobrepeso y obesidad).  

En el caso del Perú, a los tres factores de riesgo mencionados arriba se suman los agentes infecciosos como el Helicobacter pylori (asociado a cáncer de estómago y esófago), el virus del papiloma humano (asociado a cáncer del cuello uterino) y el virus de la hepatitis B (asociado a cáncer de hígado), todos prevenibles con adecuado saneamiento, educación y en el caso de las últimas dos, con vacunas.

Aquí nos detendremos para resaltar el primer elemento a tomar en cuenta para una política pública de salud orientada a reducir el impacto del Cáncer en nuestra población. Las intervenciones de salud pública orientadas a limitar al máximo el consumo de tabaco y el alcohol, así como promover estilos de vida saludable, incluyendo el aumento de la actividad física y la reducción de alimentos ultra procesados – con altos niveles de azúcar, grasas trans – tienen un efecto muy positivo, no solo en mejorar nuestra calidad de vida en general, sino, específicamente, en reducir de manera importante el riesgo de desarrollar cáncer. 

Si a esto agregáramos mejora en el acceso a los servicios de agua y saneamiento, así como el aumento sustantivo de la cobertura de vacunación contra la hepatitis B y el virus de papiloma humano, los efectos positivos serían aún mayores. 

Otro elemento clave es el diagnóstico temprano, oportuno y de calidad. Las posibilidades de cura aumentan notablemente si el problema es detectado a tiempo. Lamentablemente, en el nuestro país, 7 de cada 10 casos se identifican de forma tardía, cuando las opciones para el tratamiento son limitadas, tanto por su limitada eficacia, como por el costo o por su sofisticación (que hace que la mayoría tenga que ser referido a establecimientos altamente especializados y saturados en su atención y de muy difícil accesibilidad para la mayor parte de personas diagnosticadas).

A lo tardío del diagnóstico se agrega que, en más de la mitad de los casos, los resultados no son específicos, demorándose así la toma de decisiones que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los resultados no son específicos por que el personal que toma la muestra o los procesa no están adecuadamente entrenados o el número de especialistas está por debajo de la demanda; asimismo, se presenta una brecha de actualización de los equipos, en la mayoría o son obsoletos o su mantenimiento es inadecuado. En la mayor parte de los casos es una combinación de todos estos factores.  

Aquí identificamos el segundo elemento a tomar en cuenta en nuestra política. Es necesario y urgente acercar los servicios de diagnóstico oportuno y confiable a las necesidades de quienes lo requieran. Esto significa, en pocas palabras, fortalecer el primer nivel de atención. Tarea nada fácil si se toma en cuenta la precariedad en que se encuentra nuestra primera línea de atención en salud. 

El MINSA es el subsistema que más servicios de primer nivel tiene en el Perú. El número de puestos y centros de salud supera los 8,000, pero su capacidad de respuesta está limitada por una combinación de los siguientes factores: 1) la mayoría presenta fallas en su infraestructura; 2) en su gran mayoría no cuentan con servicio de internet; 3) una tercera parte carece de servicios de agua y desagüe; y, 4) solo la mitad no tiene profesional médico/a. En otras palabras, la magnitud del reto es enorme, pero impostergable si, en verdad, queremos enfrentar el problema.

Las más de treinta mil personas que serán diagnosticadas de cáncer este año, requerirán recibir tratamiento especializado. Sin embargo, este camino también muestra sus limitaciones. 

El principal problema es que la atención especializada está concentrada en Lima, en unos pocos hospitales especializados del MINSA y de EsSalud. Aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos para ampliar la oferta, llegando a tener presencia con algún servicio oncológico en 17 de 25 regiones, en realidad la mayor capacidad resolutiva pública, en términos de personal y equipos de soporte diagnóstico, terapéutico y de soporte se encuentran en la capital del Perú; por ejemplo, para julio de 2019, en la ciudad de Lima se encontraban 9 de los 16 equipos de radioterapia públicos de todo el país (12 aceleradores lineales y 4 bombas de cobalto 60), siendo el INEN el mejor equipado de todos. El mismo patrón lo tiene el sector privado.

La infraestructura sanitaria y los equipos no hacen la diferencia si no se tiene los recursos humanos adecuados. Si solo tomamos en cuenta a las y los profesionales médicos y médicas especialistas encontramos que más del 70% de las/los oncólogas/os clínicos, de las/los anatomo patólogas/os, de las/los radio oncólogas/os, así como de las/los cirujanas/os oncólogas/os se encuentran en Lima y el Callao. 

Tercer elemento para tomar en cuenta, las inequidades en el acceso a una atención especializada, oportuna y de calidad son evidentes; sin embargo, el cierre de estas brechas es, igualmente, impostergable. 

Aumentar la inversión y mejorar el gasto

Fortalecer las actividades de promoción de estilos saludables, prevenir con vacunas y mejorar el acceso a servicios de diagnóstico temprano u oportuno, así como al tratamiento requiere, entre otros, de recursos financieros. 

Como ya sabemos, el Perú es uno de los países con menor inversión pública en salud de la región de las américas. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la inversión pública en salud no debe ser menos del 6% del PBI, el Perú invierte la mitad: 3.2%. En otras palabras, un presupuesto restrictivo. 

Aun así, el presupuesto asignado a las actividades de prevención y control del cáncer se multiplicaron por 5 veces entre el año 2012 y el 2018, tal y como se puede ver en la Fig. N° 1; sin embargo, el 2018 sería el pico máximo de inversión en este rubro y desde ese año la inversión ha sido menor entre 150 y 300 millones por año.

Tan importante como el monto asignado, es la capacidad de ejecutar o gastar los fondos. Entre el año 2012 y el 2021, el porcentaje promedio de ejecución ha sido subóptimo: 87%; esto significa que el 13% de lo asignado tuvo que ser “devuelto”. El porcentaje máximo de ejecución fue logrado en el 2015 y el menor en el 2012 (58.5%). Actualmente se encuentra en el 65.6%. 

El Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020 – 2024), ya citado, identifica otros dos cambios significativos en la dinámica del programa presupuestal 024 – PP/024 (prevención y control del cáncer).