Las ultimas noticias en los medios, propalando el Operativo de Control “Por una Salud de Calidad”, de la Contraloría de la Republica, no solo da cuenta de la instituida mala práctica de profesionales que usan indebidamente tiempo y recursos del Estado, asunto que nadie debería soslayar. Sin embargo, dicho informe no solo da cuenta de estos hechos, también señala otros graves problemas como el desabastecimiento de insumos básicos, que hace imposible cualquier labor, sin afectar la calidad de su atención y la propia moral de los y las proveedoras, pues así trabajaran en horario completo, el 40% de servicios de emergencia no cuentan con el personal mínimo requerido, ni con equipamiento y menos aún con el material fungible.

Es harto conocido que en el Perú la inversión en salud es insuficiente y aunque durante los últimos años se han producido incrementos significativos, esto no ha llegado a nuestra alicaída infraestructura sanitaria, especialmente en los primeros niveles de atención, como tampoco para mejorar las competencias de los profesionales, aspecto que el sistema presupuestal aprecia muy poco; todo esto sin medir las consecuencias que ello tiene para la gente, sobre todo, considerando la pobre calidad formativa que ofrecen muchas universidades en el Peru.

En el Perú, lamentablemente, el tema de salud es mucho más complejo y no solo se trata de la  corrupción naturalizada que hoy vemos en ciertos gremios profesionales, sino también la instituida y legalizada que se aprueba en el Congreso y en las altas esferas, por lo que atacar a un solo lado (al individual) , apenas durará el tiempo en que los vigilantes cierren los ojos y como sabemos, esa es flor de un día. Por lo tanto, si la puerta se abre, nuestra lucha tiene ser en contra de toda la corrupción, la de todos los días, como la grande, la de corbata, la que no se ve, pero se siente con cada gasto de bolsillo o con los increíbles costos, que nos hacen totalmente dependiente no de un seguro, sino de dos y hasta de tres. 

Sabía usted amable lector/a, que en el Perú, desde hace 17 años, los medicamentos para cáncer fueron liberados de impuestos y aranceles, bajo el argumento que reduciría sus costos y facilitaría su acceso. El resultado ha sido todo lo contrario, según un acucioso estudio de OXFAN y AIS, estos medicamentos son 64% más caros, haciéndonos el país de la Región, que más paga por estos insumos y también señala que hemos dejado de percibir 7’608,986 dólares, que han sido íntegramente trasladado a cuatro grandes farmacéuticas; Abbott, Johnson & Johnson, Merck y Pfizer. 

¿Esta pérdida habría servido para reducir el terrible panorama que hoy nos presenta el informe de Contraloría? Con una buena gestión, creo que sí, si la prioridad hubiese sido aplicar el sistema corporativo de compras de medicamentos que el 63% de establecimientos no utiliza, lo que nos haría tener no solo medicamentos más baratos, sino de mejor calidad.

¿Cuánto perdemos con esta liberación, que sin más evidencia se propone extender para los medicamentos de salud mental, cuyo contenido está en el proyecto de ley del Congresista del Castillo?. Si solo se tratará de atención de cáncer; 760 mil mujeres podrían hacerse un diagnóstico efectivo de cáncer de cuello de útero y al menos 300 mil mujeres, podrían hacer lo mismo, con el cáncer de mama. 

Tan corrupto es tolerar a un médico que se escapa de su centro de trabajo, como el permitir que miles de personas no tengan posibilidades de proteger su salud, porque se decide que el Estado “incentive” a una industria que sólo busca lucrar con la enfermedad. De hecho, esta lucha no solo es del MINSA, debería ser también de la Contraloría, pero aun, debería ser del propio Congreso, quienes a punta seguramente de no pocos lobbies, han hecho de nuestro país, un mercado floreciente de la salud, a costa de todos/as que tenemos la mala suerte de enfermar.