Profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Pública – PUCP

El pasado domingo 19 de mayo, la presidenta Boluarte, secundada por el ministro de salud, César Vásquez, y la congresista Patricia Juárez, encabezaron una ceremonia para anunciar la aprobación de la Ley N°32033, “Ley que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos en denominación común internacional y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios” (sic).

Según Boluarte, con el respaldo de su ministro de salud, el objetivo es “beneficiar a los más de 33 millones de peruanos. Con esta ley avanzamos a un país con mayor equidad, mayor dignidad, justicia social para cada peruano, sobre todo para aquellos que han sido excluidos por décadas”

No, señora Boluarte, no es verdad que los más beneficiados por esta ley sean los más pobres. Lo serían si esta ley realmente mejorara los sistemas de abastecimiento de los subsistemas públicos (ministerio de salud, EsSalud, gobiernos regionales, fuerzas armadas y policiales y de los penales), pero no es así. Ningún artículo se dedica a este tema.

¿Y el sistema público es más relevante que el privado? ¡Por supuesto que es más relevante! Nueve de cada diez peruanos está afiliada al Seguro Integral de Salud o a EsSalud, y como asegurados, tenemos derecho a tener acceso oportuno y completo a medicamentos de calidad.

Sin embargo, como sabemos todos, ambos sistemas, el sistema público y el de la seguridad social, no pueden cumplir con su mandato a cabalidad. De hecho, datos oficiales indican que casi el 50% de los pacientes del sistema público recibieron solo parcialmente los medicamentos de su receta o no lo recibieron en absoluto. Esto ya no causa sorpresa, ya que, según el propio MINSA, el 40% de los establecimientos de salud se encuentran desabastecidos. 

Esto sin mencionar una serie de denuncias desde la sociedad civil y el periodismo en estos dos últimos meses.

• El Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Retrovirales (GIVAR) ha denunciado un agudo desabastecimiento de medicamentos para el VIH en EsSalud.
• El programa periodístico Panorama ha reportado la desaparición de 133,000 fármacos e insumos médicos de los almacenes del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI).
• El portal Ojo Público ha informado del hallazgo de más de S/ 15 millones de fármacos e insumos vencidos en los almacenes de CENARES.

Estos eventos dan cuenta de una crisis crónica, reagudizada por la inestabilidad en la gestión tanto de CENARES, como de CEABE (Centro de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud). CENARES ha tenido siete directores desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, y el nuevo director de CEABE ha sido designado después de que el anterior renunciara por acusaciones de haber obtenido el cargo gracias a su cercanía con el hermano de la presidenta. En resumen, una gestión caótica.

Pero esta no es la única razón por la que no es cierto que la ley favorecerá a los más pobres. Esta ley está orientada, supuestamente, a mejorar el acceso a medicamentos genéricos en el sector privado. Sin embargo, datos del 2019 indican que menos del 9% de los pobres utiliza farmacias privadas. Es de suponer que este porcentaje haya disminuido aún más dada la agudización de la pobreza, el desempleo y la recesión por la que estamos atravesando.

Y, nuevamente, los asegurados que nos vemos obligados a usar las farmacias o boticas privadas lo hacemos porque no encontramos los medicamentos en el MINSA (incluyendo los Gobiernos Regionales) o en EsSalud.

Tampoco es cierto que el DU 007/2019 MINSA, que obligaba a la venta de un listado de cuarenta medicamentos genéricos en presentación de denominación común internacional (DCI) de alto uso y demanda, haya sido derogado “tras la realización de un estricto análisis donde se demostró su fracaso” (según el ministro Vásquez). En realidad, fue una decisión política motivada por intereses ajenos a la ciencia o la gestión. No existe un solo informe, reporte o investigación que sustente la decisión tomada. Es más, era obligación del propio ministro realizar dicho análisis. No lo hizo, simplemente dejó que la norma “cayera” sin argumento técnico alguno.

No, no es verdad que el nuevo listado de más de cuatrocientos productos estará disponible en todas las boticas y farmacias privadas del país en su presentación de medicamento genérico en DCI. Algunos productos son de alta complejidad, otros de baja rotación y otros ni siquiera existen en el mercado, tal y como lo señalamos en marzo en nuestro artículo “medicamentos genéricos: silencios que matan”

Tampoco es cierto que, desde la promulgación de la ley, esta será de obligatorio cumplimiento por todas las farmacias y boticas del país. De hecho, será de obligatorio cumplimiento para un pequeño segmento. El artículo 27, numeral 6, de esta ley exime de su cumplimiento obligatorio a todas las pequeñas empresas. Según la SUNAT, una pequeña empresa es aquella que factura menos de 775 mil soles anuales. En otras palabras, las farmacias de barrio, que suelen estar más cerca de las familias pobres y que facturan mucho menos que lo señalado, no estarán obligadas a cumplir la ley.

En resumen, esta ley no mejora el acceso a medicamentos por parte de las personas más pobres y vulnerables. Su articulado es un conjunto de juegos artificiales que solo ha servido para desviar la atención de lo que es verdaderamente relevante: la deficiente gestión pública de los medicamentos. Además, ha contribuido a desprestigiar, sin argumentos sólidos, a su predecesora, la norma DU 017-2019, que era modesta pero perfectible.

Como todo juego artificial, esta ley ha logrado parcialmente distraer la agenda pública; sin embargo, no hay que olvidar que este efecto siempre es efímero…