Hoy día resulta muy difícil hablar de la salud sin tener que referirnos a las miles de vidas que vamos perdiendo a causa de la pandemia, ni tampoco a todas las necesidades de salud que las mujeres van postergando, aun cuando ello implique un embarazo no deseado o un aborto inseguro y peor aún, la muerte. Sin embargo, hay otros problemas que van transcurriendo, que incluso preceden largamente a la pandemia y que será visto por el Tribunal Constitucional en los próximos meses. 

Me refiero a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). Para quienes se acuerdan de estas pequeñas pastillas y, sobre todo, para quienes tuvieron la necesidad de usarlas y lograron con ello evitar un embarazo no deseado, deben de saber que su disponibilidad pende de un hilo y con ello también corren el riesgo de desaparecer de los kits de emergencia para las víctimas de violación sexual, pues esta instancia determinará su inclusión definitiva en los servicios de salud de todo el país sin ningún tipo de discriminación.

Como sabemos, la AOE es uno de los insumos de salud que más se ha judicializado en el Perú, tiene al menos tres procesos judiciales de avances y retrocesos, y hay uno más en camino, esta vez interpuesto por una Fiscal de Familia, ante el Instituto de Medicina Legal, órgano, del Ministerio Público, que se encarga de evaluar a las víctimas de  violación sexual, pero que se niega a recomendar y mucho menos, poner a disposición de las victimas este insumo para evitar un posible embarazo, pues al parecer solo le interesa la prueba del delito y muy poco, proteger a las víctimas. 

El hecho, es que el en 2do proceso judicial, pues el primero lo ganamos (Chavez y otras Vs MINSA, 2,006), el TC declaró fundada la demanda de amparo de los “no nacidos” que interpuso “Alas Sin Componenda” (más información vea en www.sincomponenda.org), una organización católica, quienes lograron que el MINSA no distribuya la AOE en la oferta de anticonceptivos, como consecuencia, solo se podía vender en las farmacias. Este fallo fue logrado con un extraño cambio de opinión de dos integrantes, uno de ellos, el actual congresista de Fuerza Popular Carlos Mesías, que en el anterior proceso que llegó al TC sobre el mismo tema votó a favor de su distribución señalando que era un método anticonceptivo; dando la espalda a la salud pública y a los derechos de las mujeres, dejando una rendija en la sentencia, de que, si se “demostraba” que la AOE no era abortiva, se podría evaluar la prohibición.

Tiempo después y aun sin otro método que evite un embarazo después de una relación no protegida, se presentó un nuevo proceso judicial para restituir las AOE en los servicios públicos y apoyar así a que el Ministerio de Salud demuestre por enésima vez que la AOE no es abortiva y se logró una medida cautelar, vigente hasta el momento, que permitió nuevamente incorporar la AOE en la provisión de métodos anticonceptivos. Esto logró también que se incorpore en los kits de emergencia para las víctimas de violación sexual lo que ha permitido en un solo año (2019), que al menos 600 víctimas de violación prevengan el embarazo no deseado, resultado de dicha barbarie. 

El tema es que el proceso judicial ha seguido su camino, y lejos de resolverse el asunto en la Sala correspondiente del Poder Judicial, nuevamente el caso está en el TC, que finalmente decidirá si la AOE es constitucional o no y con ello, si las mujeres víctimas de violación, tienen derecho a evitar un embarazo. Así que así estamos, a esperas de este fallo, no solo en un contexto en que el Estado ha demostrado total incapacidad para prevenir las violaciones; sino con todas las condiciones para que éstas se incrementen; en tal sentido, solo esperamos que en esta oportunidad el TC, ya no les siga fallando a las mujeres más pobres.