Lava Jato es un escándalo importado de Brasil con múltiples efectos en el Perú, no solo entre los políticos implicados sino en el modelo económico mismo y la república que lo defiende. 

Este sistema tiene dos polos: (a) un Estado ciertamente permisivo, por ratos coimero, facilitador de proyectos a cualquier costo, y (b) grandes empresas políticamente conectadas, que logran contratos gracias a que financian las campañas, hacen lobby y usan la puerta giratoria. Lo confirma el caso de las obras de Odebrecht y Chinchero.

Los dos polos están siendo cuestionados y tenemos un clima económicamente y políticamente incierto, al que ahora se suma la destrucción causada por El Niño.

Es el sistema 
Más allá de políticos corruptos, Lava jato está generando, al menos para el sector del país que ve más allá de los titulares, un destape mayor. Comenzamos a  discutir los mecanismos legales favoritistas y colusivos que entran en acción, y que son conducentes en varios grandes casos a la corrupción, los presupuestos inflados, la falta de supervisión, la debilidad regulatoria que auspician los neoliberales y el blindaje mediático de grandes empresarios.  

En efecto, observamos la falla sistémica no solo de los políticos comprometidos de los últimos 25 años  (de Fujimori a Humala), sino de los más altos aparatos tecnocráticos del Estado (MEF, Proinversión, MTC),  grandes estudios de abogados (Monroy, el emisor de” informes delivery”), periodistas y gran prensa (grupo El Comercio) que se benefician y por lo mismo defienden en este sistema. 

El aeropuerto en Chinchero es otra muestra del sistema que está detrás de los escándalos. Aquí el tiempo dirá qué mecanismos entraron en acción para firmar tamaño entuerto, si hubo corrupción o colusión y si participaron lobistas. Todavía no lo sabemos, pero ciertamente es otro caso donde gana el peor postor. La responsabilidad la tiene el “gobierno tecnocrático” de PPK, que enfrenta su primera crisis de gabinete mientras cae en picada su aprobación.

La pobre Graña y Montero 
Decimos que es el sistema porque Lava Jato sacude el usualmente sereno campo de las élites económicas, la gente que corre menos riesgos en este país y que en realidad lo maneja desde sus sedes corporativas, estudios de abogados, think tanks y prensa concentrada.

Odebrecht (un grupo que no está entre los más grandes grupos de poder económico del Brasil), resultó siendo el principal constructor de obras públicas del Perú a partir de los 90 y hasta la actualidad. Su preferencia por el Perú es tema de investigación incluso en Brasil, y la conclusión es obvia: es el país más permisivo de la región para los grandes capitales, además, no planifica, de modo que cualquier obra de infraestructura puede ser aprobada a punta de influencias o coimas. La hipótesis la sostiene el ex congresista Juan Pari  que presidió la Comisión Lava Jato en el anterior gobierno.

Fue tan regular y fuerte este sistema  de Odebrecht que llegó al colmo de organizar una División de Operaciones Estructuradas a cargo de Jorge Barata para gerenciar todo lo irregular. Pero el asunto no queda ahí pues el principal socio de Odebrecht en seis megaproyectos en el Perú en todo este periodo es la constructora “peruana” Graña y Montero (grupo G y M). El grupo ha sido dirigido por José Graña Miró Quesada  desde 1986. Desde 1991 hasta el 2014 ha sido parte del directorio de El Comercio.

Graña Miró Quesada ha tenido de cerca durante décadas a Roberto Abusada, considerado el economista más influyente del país. Abusada es el fundador y director de la poderosa consultora Instituto Peruano de Economía (IPE) principal asesor del ministro constructor Camet en los años 1990. En 1994 fundó el IPE con financiación del MEF de Camet, el Banco Mundial y la CONFIEP.  Este personaje fue asimismo por un largo tiempo director de G y M. En la actualidad es accionista de Graña y Montero Digital (5.47%), presidente del directorio de GMD, director de G y M Petrolera y miembro de la “plana gerencial” del grupo G y M. 

Aunque tanto Graña como Abusada son personajes importantes, están en una escala menor de poder pues son solo accionistas minoritarios con roles gerenciales importantes, de los cuales pueden ser removidos. Aquí estamos frente a otro episodio de desnacionalización económica. Los verdaderos dueños de G y M son el JP Morgan Chase con 38.46% de las acciones, Bechtel Enterprises Inc. con  17.8%, y las cuatro AFP peruanas (en su mayoría dependientes de grupos donde predomina el capital extranjero, incluyendo Credicorp de AFP Prima). Entonces, son los inversionistas institucionales quienes decidirán quién gerencia el grupo.  

Grupo El Comercio y líos de familia
Tanto Graña Miró Quesada como Abusada tienen importantes influencias en el grupo El Comercio. El primero acciones (6.17%, contando a sus hijos, siendo el principal entre 243 accionistas) y jefe de la facción dominante compuesta por Alejandro Miró Quesada y los hermanos Bernardo y Álvaro Roca Rey. Aunque en medio del escándalo este diario ha intentado presentarlo como un accionista más, ha sido un poder detrás del trono. En alianza con otras facciones de esta, Graña Miró Quesada ha influido con sus parientes para colocar a varios directores, empezando por Fritz Dubois, del IPE, brazo derecho de Abusada, que falleció siendo director de El Comercio. 

Abusada difunde sus ideas en artículos editoriales y eleva propuestas a través de los múltiples medios de ese conglomerado mediático del país, incluyendo la televisión. Es un favorito del programa “La Hora N” de Jaime de Althaus. Abusada  destacó en la reciente campaña contra la “tramitología” que exige, sintomáticamente, menos trámites y más facilidades para las grandes empresas, y últimamente defendiendo las propuestas de ampliar hasta donde sea posible el sistema de Asociaciones Público Privadas (APP). Este sistema favorece a las grandes  constructoras privadas como G y M. Al ser afectado su grupo por el caso Lava Jato, Abusada destaca por una curiosa interpretación del caso. Afirma que la principal fuente de la corrupción y el “descomunal daño” que causa es el “imperialismo brasileño” de Lula y el PT (El Comercio, marzo 8, 2017). De acuerdo a esta post verdad, el pobre Graña Miró Quesada  sería entonces una víctima ingenua de un socialista desalmado, el presidente Ignazio “Lula” da Silva, que quiso colonizar el país, plan imperialista del cual recién se da cuenta. 

La protección mediática a Graña Miró Quesada ha terminado generando una disputa en esta grande y complicada familia limeña. Escribiendo en Expreso, propiedad de Luis García Miró Helguero, otro miembro desafectó de esta grande familia limeña, en un artículo titulado “El gran papelón”, Marta Meier Miró Quesada, ex columnista de El Comercio, sostuvo: “la agonizante gran prensa se inmunda tratando de tapar la corrupción de los suyos…indigna que se quiere limpiar a empresas peruanas consorciadas con la brasilera” (enero 28, 2017).  

Nadine, Cosas y El Comercio
En medio del escándalo Lava Jato acaba de salir a la luz un hecho poco conocido a raíz de una entrevista de Cosas, propiedad del grupo, a Nadine Heredia. Cuando la entrevista salió finalmente publicada el 30 de abril del 2014, se descubrió que Heredia quiso bloquearla recurriendo a Graña Miró Quesada, pero este personaje, a pesar de su peso y conexiones, no quiso o no pudo impedir su publicación. La ofendida primera dama, gracias a sus influencias en el MEF de Castilla y Segura, bloqueó la participación de G y M en varios proyectos (destacando la vía expresa La Molina-aeropuerto). Graña, para no enredarse más en estos líos, se retiró del directorio El Comercio, pero la vinculación siempre se mantuvo. 

Citamos el caso porque tiene que ver con una interesante secuencia mediática a favor de G y M. Hace poco en “La Hora N” (canal propiedad del mismo grupo) Jaime De Althaus entrevisto primero el 14 de febrero a Abusada, quien condenó a Segura calificándolo de “perrito faldero de Nadine”. Luego, al día siguiente, De Althaus invitó a Segura, quien criticó las alusiones personales. En la tercera entrevista llegamos al fondo del asunto. El 16 de febrero,  entrevistan  al ministro Thorne, narrándole la saga de G y M durante la gestión de Castilla y Segura. De Althaus le informa a Thorne del bloqueo y le sugiere que desbloquee el proyecto La Molina-aeropuerto. El ministro opinó lo siguiente: “Hemos tenido conversaciones con G y M… nos parece que el proyecto de Javier Prado es excelente, puede reactivarse” (video en Youtube). De modo que en pleno escándalo el MEF sigue en tratativas con una firma cuestionada y se presta al lobby (¿puede ser calificado de otra manera?) realizado en tándem por Abusada y Althaus en el Canal N.

Me limito a citar tres publicaciones más que refrendan el argumento de las inclinaciones  del grupo Miró Quesada a favor de G y M en medio del escándalo Lava Jato. Uno, en  el editorial del 30 de enero del 2017, “Los Socios de Odebrecht”, se le da el beneficio de la duda a G y M, al afirmar: “También están las empresas que se asociaron con Odebrecht… Como se sabe, muchas firmas participaron… Desde luego, el haber participado de una  sociedad con Odebrecht no constituye una prueba de complicidad”.  Dos, el grupo El Comercio salió en defensa de Graña Miró  Quesada luego de unas declaraciones de García. El ex presidente había insinuado responsabilidades de G y M  al declarar sobre las adendas a la Interoceánica, sosteniendo que los datos “los maneja … el que fue ministro (Enrique Cornejo) y también el señor Graña Miró Quesada”.  El editorial calificó el intento del ex presidente de “vano y bravucón”,  afirmando que el empresario constructor era solo uno entre cientos de accionistas y sosteniendo que su línea era que todos los socios de Odebrecht “deben ser investigados” pero omitiendo mencionar quién era el principal (El Comercio, febrero 23, 2017). Tres, una vez que estalla el escándalo G y M negó conocer los sobornos y El Comercio intentó morigerar las noticias, llegando incluso a presentar a José Graña Miró Quesada de manera favorable. Ver al respecto el artículo laudatorio de Marcela Mendoza, “¿Quién ese José Graña más allá de Graña y Montero?” (Marzo 2, 2017).  

Estos escándalos, y las vinculaciones G y M con El Comercio han remecido también a este importante grupo, que ahora intenta manejarse con más miembros “independientes” en su directorio y desprenderse de los líos de familia. De continuar las tensiones pueden elegir a otro director de El Comercio, buque bandera del grupo. En los últimos 12 años ha tenido cuatro directores, indicio de fuerte inestabilidad. De acuerdo a un reportaje de Eloy Marchán en Hildebrandt en sus Trece (10-16 de marzo 2017) los ingresos del grupo “ha disparado las alertas de la familia… sería la recaudación más baja en los últimos 15 años”.

Ruidosa caída
Gy M, a través de Mario Alvarado, Gerente General, alegó el 20 de enero de este año en un programa de RPP donde se le quebró la voz que su empresa no tuvo ningún conocimiento alguno de pagos de corrupción. La declaración llamó la atención porque escondía algo y contradecía a Barata. 

Una revisión cronológica dio la clave y aquí entramos a otro capítulo del drama empresarial que tocan a otros miembros de la élite limeña. En realidad, ahora sabemos que G y M volvió a asociarse con Marcelo Odebrecht luego de su arresto, adquiriendo una participación de 20% en el Gaseoducto Sur Peruano (GSP), teniendo Odebrecht la titularidad. Pero el intento de desmarcarse cayó pronto por los suelos y comenzó a complicar las cosas. Cuando Barata declaró sobre sus socios, afirmó a inicios de marzo del 2017 que Odebrecht pagó el soborno de $20 millones a Toledo por la Interoceánica (proyecto apoyado por PPK, el entonces ministro de economía). Sostuvo que sus socios menores, entre ellos G y M, le dieron luego su parte de la coima a Odebrecht.  G y M, por lo tanto, estaría directamente implicada y el nexo podría comprobarse al revisar sus pagos a Odebrecht. En eso trabajan los fiscales. 

Mientras Graña Miró Quesada, blindado con gracia y señorío por El Comercio, declaraba que no sabía nada de los sobornos, el grupo ganó tiempo y comenzó a vender activos. Destaca entre ellos, más por su valor de mercado que por el simbolismo que encierra, el Cuartel San Martín. La empresa se hizo del valioso terreno miraflorino ($50 millones) gracias a que el presidente García, uno de los más destacados bandidos presidenciales, con el fin de “promover el desarrollo urbano”, decidió privatizarlo.  Otra muestra del sistema: comprar activos del Estado autorizados por presidentes amigos que pueden ser de uso público (áreas verdes)  para seguir cementando la ciudad, porque “primero es la inversión”.

Hasta que, cuando se cayeron las acciones de G y M en Nueva York y Lima, le llegó la hora a Graña Miró Quesada y Alvarado. En realidad, fueron los accionistas de G y M que compraron acciones en las dos bolsas quienes  precipitaron su caída. Las declaraciones de  Alvarado en RPP no dieron ninguna tranquilidad,  más bien aceleraron la tendencia. Varios grandes estudios de abogados de los EUA, especializados en class action law suits (juicios de colectivos afectados) comenzaron a recoger demandas de todos los accionistas desinformados por G y M que ahora ven perder sus ganancias. El martes 28 de febrero terminaron de caer las acciones, perdiendo G y M alrededor de 60% de su valor de mercado, pasando de $1,100 millones a $440 millones.

En ese momento se decidió finalmente la suerte de Graña Miró Quesada y Alvarado. Las AFP peruanas salieron a la escena y exigieron una Junta de Accionistas. Un día antes de realizarse la junta, los dos renunciaron. Alvarado, en una entrevista amigable de “Cuarto Poder” (Canal 4, otra empresa del grupo), del domingo 5 de marzo, se reafirmó en su inocencia. Lo que lleva a preguntarnos: ¿si Barata miente, por qué no lo demanda?

Las arriesgadas AFP
El acta de la junta anual de accionistas de G y M del 29 de marzo del 2016 informa de la inversión en GSP y revela algunos detalles. Resulta interesante remarcar que, a pesar que las AFP que participan en su directorio estuvieron enterados de “los sucesos judiciales que actualmente ocurren en Brasil”, aprobaron este proyecto. 

La extraña decisión de los guardianes de nuestras pensiones la intenta explicar José Larrrabure, de Prima AFP (grupo Romero), quien participa en el directorio de G y M. Según declara,  la inversión en GSP la veían bien, lo que resulta extraño. “Identificamos el factor de riesgo” afirma sin dar detalles, y continúa su insólita declaración afirmando (ex post) que creían que lo que pasaría es que “Odebrecht salga” (La Republica, marzo 2, 2017). De modo que, en lugar de desmarcarse de un socio comprometido en el escándalo mejor probado de nuestra historia empresarial, y empezar a exigir explicaciones directamente a Graña Miró Quesada, para determinar si estaba o no coludido con Odebrecht en el pago de sobornos, las cuatro AFP peruanas creyeron que “su riesgo” no existía y profundizaron todavía más su relación con G y M.  Larrabure afirmó además algo sorprendente: “En todo caso, hasta esa fecha no había nada concreto con respecto a temas reputaciones de Odebrecht en el Perú”.  

Cuando cayeron las acciones en las bolsas, recién entonces los directores de las AFP en G y M empezaron a cambiar de tono. Aldo Ferrini (AFP Integra, director de G y M) dijo entonces en tono alarmado: “Tenemos la obligación y el derecho de exigir aclaraciones” (El Comercio, febrero 27, 2017). Resulta que con las inversiones de las cuatro AFP en G y M el valor de fondo de estas empresas ha caído en S/. 700 millones (Peru21, marzo 3, 2017). Cabe el siguiente comentario. Los que verdaderamente pierden, no son en realidad ellas, sino los pensionistas por la irresponsabilidad mostrada por las AFP. Debería dar lugar a litigios (como en EUA).

Colofón
Mientras tanto el escándalo sigue y se configura un escenario de crisis, empezando por la probable caída del gabinete Zavala. A los sobornos se suma el caso Chinchero, que complica la gestión de PPK, quien además de aprobar el proyecto Interoceánica también se sabe ahora que tenía relaciones cercanas con Barata y negocios con Odebrecht a través de una de sus firmas. 

Terminamos comentando que su estrategia de “desbloquear inversiones” y aprobar decretos legislativos para incentivar las APP va empantanándose al discutirse las adendas , el rol poco profesional y con escaso sentido nacional y profesional de ProInversión en Chinchero, y las investigaciones de las procuradoras independientes, que incluyen al propio presidente. 

Todo ello viene frenando los grandes proyectos de infraestructura en momentos que la inversión privada pierde fuerza al caer los mercados mundiales y las regiones reciben menos canon.  El sistema se sacude, los remezones y oleaje continúan, teniendo como mar de fondo la desaceleración económica. El descrédito del  gobierno se acentúa con las dificultades de proveer ayuda oportuna a los pueblos afectados por El Niño. Por todos estos motivos el gobierno está resquebrajado a menos de un año de mandato y el presidente parece cada vez más desconectado del país y del proceso político. 

Finalmente, justo ahora ocurren cambios en la presidencia de CONFIEP. Sale un gerente del grupo Romero (Martín Pérez, que debe regresar a sus bases) y entra el jefe del poderoso grupo Buenaventura, socio importante de Yanacocha y Cerro Verde, Roque Benavides. El cambio es significativo  en tanto en los últimos tiempos no veíamos un jefe de peso asumir el mando del sindicato de grandes corporaciones. Un jefe, cabe comentar, bastante cercano al fujimorismo.