A tan solo días de vivir momentos angustiantes con relación a los efectos del cambio climático y el duro golpe a nuestras regiones que siguen aún muy afectadas por los desbordes de los ríos, las torrentes lluvias y la falta de agua potable, se espera que el trabajo de reconstrucción y re-ordenamiento, se lleve a cabo con suma prontitud.

La tarea de reconstrucción ya se inició y se debe garantizar mecanismos claros para que la reactivación económica y la reconstrucción se desarrollen sin actos de corrupción. Y esto supone un Estado fuerte que fiscalice adecuadamente a las autoridades y que las empresas encargadas de las obras de reconstrucción sean las más competentes en su área y a la vez, las más transparentes. Primera tarea difícil, pero no imposible.

Aún no queda muy en claro cuáles serán los términos en los que se llevará a cabo la reconstrucción total y parcial de los bienes tangibles así como los mecanismos que deberán garantizar la reconstrucción de aspectos como las economías locales, los pequeños negocios de los miles de afectados, así como el cauce de sus proyectos de vida que seguirán a partir de ahora.

Pues bien, se han ido dando diversas ideas para ello, ya sea en materia social, logística, ambiental y económica.  En cuanto a este último punto, el eje central es la reactivación de nuestra economía precaria. Proponiendo que se requiere de una mayor inversión pública en obras de reconstrucción, por ejemplo, así como facilitar el crédito y rebajar las tasas de intereses, para la recuperación de la producción industrial y agrícola. 

Y es aquí donde el esfuerzo de reconstrucción debe generar miles de puestos de trabajo para los obreros de construcción, técnicos, profesionales especializados, entre otros: los cuales deberán cubrir la demanda que se requiera para los proyectos. Y el empleo que se genere con estas obras, debe ser empleo digno y no precario. Lamentablemente, el actual ministro de Trabajo está empeñado en aprobar una reforma laboral negativa que precariza el empleo y la vida de los trabajadores.

El Ministro ha ido adelantando en sus diversas intervenciones públicas, algunas de las medidas que serán anunciadas, en su totalidad, el 28 de julio por el Presidente de la República. Su propuesta es establecer tres regímenes laborales: general, mypes y el de exportación. De esta manera, tendríamos trabajadores con menos derechos y con menor libertad sindical. 

Ya se ingresó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N°1104 que promueve una nueva Ley Juvenil que no ha sido presentada y discutida en el Consejo Nacional de Trabajo. De esta manera, el propio Gobierno debilita el diálogo social y se vuelve a cometer el mismo error que dio fruto a la anterior “Ley Pulpín”, que nació del seno del buró empresarial.

Este es un proyecto, nuevamente, dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad y lo que se busca aquí es otorgar créditos a favor del empleador, con relación a los aportes al Seguro Social de Salud por los trabajadores jóvenes que contraten. Los empleadores gozarán hasta del 100% del subsidio del Estado desfalcando así al Seguro Social de Salud, el cual opera en base a los impuestos de todos los peruanos. 

Nuevamente el Gobierno cae en el error de querer afrontar el problema de la informalidad con la creación de regímenes especiales en lugar de aplicar medidas eficaces de fiscalización laboral, garantizar la neutralidad de la Sunafil y ampliar el presupuesto de la misma, facilitar préstamos y capacitación a las mypes. La medida apunta a convertirse en un canal de transferencia de recursos a sectores empresariales privados que menos lo requieren.

Los trabajadores más jóvenes estarán sujetos a un régimen laboral que les reducirá los pocos derechos que se tienen hoy en día, y los más adultos, estarán sutilmente invitados a jubilarse. El Gobierno insiste en precarizar el empleo y en facilitar las ganancias de los empresarios. Ganancias que no necesariamente se invierte en creación de nuevos puestos de trabajo ni en consumo interno. 

En lugar de aprovecharse la fuerza laboral y la renta que se genera, para reconstruir la infraestructura, para incentivar a las mypes, crear industrias en base a los recursos que tenemos (y que nos lo están robando), diversificar nuestra producción, apoyar a nuestra producción agropecuaria y más; orientando esa renta a los intereses del país y no a las arcas del gran capital. 

En un contexto de reconstrucción nacional, en lugar de fortalecer los derechos sociales, solo se está fortaleciendo los privilegios empresariales. Se les viene perdonando, a las grandes empresas, como Telefónica, Shougan y Cerro Verde; millones de dólares en impuestos y en utilidades, que gracias a diversas maniobras que el Estado les ha permitido, ellos continúan su proceso de acumulación voraz.