La situación de más de un millón de trabajadores del Estado ha sido parte de un limitado debate público en las últimas semanas. Lo cual es preocupante, pues el tema merece ciertamente una discusión más amplia, rigurosa y voluntades políticas capaces de abordar el tema con responsabilidad antes que con demagogia. 

Los problemas que enfrentan los trabajadores estatales son múltiples y los últimos gobiernos no han dado signos de querer abordarlos de manera integral. Por un lado, la diversidad de regímenes y marcos normativos que regulan desde obreros municipales, empleados de ministerios, trabajadores de empresas públicas, así como profesores, médicos, enfermeras, funcionarios públicos hasta profesionales de organismos altamente especializados como la SUNAT constituye un primer problema.

Luego tenemos desde julio de 2013, el régimen de SERVIR normado por la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) que en teoría debería estar plenamente implementado para esta fecha, pero cuyos avances han sido más bien limitados. Los avances, retrocesos, cuestionamientos y evasiones al mismo nos hablan de una propuesta que en realidad está en crisis y que necesita repensarse radicalmente.  

En tercer lugar, como parte del modelo neoliberal desde hace casi dos décadas se restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector estatal mediante el Art. 6 de la Ley de Presupuesto Público. Dicho artículo prohíbe expresamente a las entidades y organismos públicos establecer reajustes o aumentos de remuneraciones, bonificaciones y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma y fuente de financiamiento. 

Bajo este mecanismo se ha limitado “legalmente” el derecho de los trabajadores estatales a iniciar procesos de negociación colectiva con el Estado. Sin embargo, desde setiembre de 2015, el Tribunal Constitucional resuelve la inconstitucionalidad de este artículo señalando que no se puede limitar el derecho de negociación colectiva de ningún trabajador. 

Ahora bien, los trabajadores estatales a pesar de estas limitaciones normativas han logrado reconstruir la institucionalidad sindical previa a las reformas privatizadoras de Fujimori. En la actualidad, Del total de trabajadores públicos, el 16% se encuentra afiliado a una organización sindical. Esta cifra ciertamente ha fluctuado en torno al 15% entre los años 2008 y 2016, y desde entonces se ha mantenido en 16%. 

Puede parecer poco, pero debemos compararlo con el 5% de afiliación sindical que se registra en el sector privado. Los trabajadores estatales están organizados principalmente en los sectores de salud y educación, municipalidades y empresas públicas. En menor medida en los demás ministerios y otros organismos. 

A pesar de estas cifras, sin embargo, merece mencionarse también la dispersión sindical del sector público. En la actualidad existen tres confederaciones que reúnen a los servidores públicos: Confederación de Trabajadores Estatales (CTE), Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE) y la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE). Las tres organizaciones mantienen posiciones diferentes con respecto a la problemática del sector, sin embargo, se encuentran afiliadas a la CGTP y desde allí tratan de coordinar una estrategia común. Ciertamente, los esfuerzos por establecer una coordinación estable entre las tres organizaciones han sido generalmente infructuosos. Esta dispersión hace que el Estado disponga de una mayor capacidad para mantener el statuo quo laboral del sector. 

El argumento de los operadores en el Ministerio de Economía y Finanzas para restringir el derecho constitucional de negociación colectiva es que se opone a la “meritocracia” y a la eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, la “meritocracia” promovida por los tecnócratas neoliberales no ha impedido el desarrollo floreciente de redes de corrupción en la casi totalidad de las altas esferas del aparato público. 

Por otro lado, una mirada rápida a los países vecinos nos dirá que es posible establecer mecanismos de negociación colectiva garantizando una adecuada gestión pública. Existen mecanismos de negociación colectiva de remuneraciones en Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile. La misma OIT señala la necesidad de garantizar el derecho a la negociación colectiva de manera viable en el sector público. Insistir que por razones de “equilibrio fiscal” es imposible permitir la puja salarial en el sector público es un sinsentido que no tiene fundamento empírico sino simplemente ideológico. 

Volviendo al escenario nacional, la situación actual resulta compleja y contradictoria. Por un lado, desde hace más de un año, la sentencia del Tribunal Constitucional obliga al Estado a derogar las normas inconstitucionales (como el Art. 6 mencionado) y establecer un marco normativo para regular el derecho de negociación colectiva sin restricciones. En esta línea estaba orientada, por ejemplo, la actual gestión del Ministro de Trabajo Christian Sánchez que además es un laboralista experto en el régimen público. En la Comisión de Trabajo del Congreso de la República existen proyectos de ley para regular este tema que venían siendo discutidos con las organizaciones sindicales del sector. Incluso, desde el MTPE se señaló que el gobierno preparaba un decreto legislativo para regular este tema de manera específica. 

Sin embargo, de manera sorpresiva, Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas ha incorporado los Decretos Legislativos 1442 y 1450 entre el paquete de normas legisladas bajo la delegación del Congreso de la República. En el DL 1442 se establece la creación de una planilla única de pagos del sector público, que incluye a las empresas del Estado. De esta manera, se establece una suerte de candado que bloquea cualquier negociación colectiva de carácter remunerativo. Con la norma 1450 se modifica el Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y en la práctica se elimina la negociación colectiva también para los trabajadores con régimen laboral privado. 

Estas normas que aluden al régimen laboral del sector no tienen la firma del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, pero sí la del titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Demostrando que existe al interior del gobierno una pugna cada vez menos soterrada en este tema. Los gremios estatales esperan que el ministro de Trabajo cumpla con lo que manda la ley. 

En este escenario, al mismo tiempo, los estatales están superando sus diferencias habituales y buscan reagruparse para defender sus derechos y libertades sindicales. En un contexto de fragilidad institucional resulta absurdo que el gobierno de Vizcarra busque abrirse un frente de conflicto laboral en estos momentos.