Dos ideas iniciales para tratar un tema –importante y trascendente– que merece una mayor discusión y difusión en la opinión pública y agenda de los medios de comunicación. La primera: es destacable que, en medio de una gestión gubernamental informal, anodina, sin norte ni rumbo, incluso con serias denuncias por corrupción y tráfico de influencias, el Ejecutivo haya dado un paso fundamental que los anteriores gobiernos (supuestamente serios y encaminados) se resistieron a dar: cerrar una negociación colectiva centralizada en el sector público. 

La segunda idea está relacionada con la primera, y tiene que ver con la posibilidad de revertir un dato de la realidad inaceptable para un país que se pretende moderno y aspira a formar parte del club de las principales economías desarrolladas, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): el Estado como uno de los principales perpetuadores del empleo precario y vulneradores de los derechos fundamentales de los trabajadores. La posibilidad que se abre para los trabajadores del sector estatal de negociar colectivamente aspectos económicos con su empleador (el Estado), luego de décadas de restricciones y leguleyadas que impedían ejercer plenamente los convenios fundamentales N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva, es un hecho notable y que pone en entredicho la monserga neoliberal de que un acuerdo como el alcanzado por el Ejecutivo con la representación sindical no solo era imposible sino inviable.  

Como recordarán, las limitaciones para negociar colectivamente aspectos económicos (ingresos, bonificaciones) en el sector público nos remontan al famoso artículo 6 que se incluyó, año a año, en cada Presupuesto General de la República aprobado desde el 2004. De acuerdo a este articulado, los trabajadores públicos estaban excluidos de acordar mejoras salariales, de acuerdo a la inflación y productividad laboral, como sí está establecido para la actividad privada (aunque de manera reducida, pues el alcance de la negociación colectiva en este sector no supera el 6% de la PEA asalariada formal, muy por debajo de los promedios regionales). Con ello no solo se “legalizaba” una situación discriminatoria que atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores públicos, sino que se perpetuaba una situación de precariedad laboral y desigualdad salarial que perjudicaba a los niveles intermedios e inferiores del escalafón salarial en el aparato estatal.

Esto a pesar que en el año 2015 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y ordenó al Congreso de la República corregir el desvarío legal que limitaba este derecho. Sin embargo, los sucesivos congresos –concomitantemente con lo dispuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– ignoraron olímpicamente el mandato de la sentencia del TC y postergaron la adecuación de la normativa presupuestal hasta la fecha. Fue durante la gestión del ex ministro Pedro Francke en la dirección del MEF que se procedió a instalar una mesa de diálogo entre las instancias del Ejecutivo y las principales centrales sindicales estatales, movilizadas por años persiguiendo la restitución de su derecho fundamental a una negociación colectiva sin restricciones ni exclusiones, en un proceso que no requirió de arbitrajes ni de postergaciones injustificadas para concretarse, y que ratifica la viabilidad del diálogo social a nivel estatal. 

¿Cuáles son los aspectos destacables de esta negociación colectiva, que comprenden a los trabajadores públicos bajo los regímenes 276, 728, CAS, Servicio Civil y las carreras especiales de servidores penitenciarios y diplomáticos (565 mil beneficiados)? Entre los principales, señalamos los siguientes, tomando como referencia lo precisado por Fernando Cuadros Luque, ex viceministro de empleo, en sus redes sociales:

• Mejoras económicas para los trabajadores por S/ 830 millones (se inició la negociación con S/ 370,9 millones): S/ 514 millones para incrementos remunerativos (S/ 222,7 mensuales promedios simples para 276 y S/ 840 anuales para los demás) desde enero 2023 y S/ 316 millones para un bono por única vez (S/ 550 por trabajador) en diciembre 2022.
• Excepciones presupuestales para la ejecución de los convenios colectivos suscritos.
• Conformación de un Grupo de trabajo bipartito que evaluará la creación de un espacio consultivo en materia de empleo público (que abordaría problemática laboral, igualdad, cumplimiento de la normativa laboral, ratificación de convenios OIT, etc.).
• Promoción de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Coordinación para la generación de una Ley de Teletrabajo en el sector público.
• Solución de la problemática de licencias con goce de haber no compensadas en pandemia.
• Promoción de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género.
• Solución de la problemática de nombramiento de los trabajadores 276 contratados.
• Promoción de la implementación de los Planes de Desarrollo de las Personas; y capacitaciones sobre la negociación colectiva estatal.
• Licencias sindicales con goce de haber para las Juntas Directivas de Confederaciones y Federaciones.
• Facilidades para el pago de cuotas sindicales a Federaciones y Confederaciones; y ajustes en la Planilla Electrónica del MTPE para determinar la representatividad de las organizaciones sindicales estatales.
• Aporte solidario facultativo de trabajadores no sindicalizados beneficiados por el convenio colectivo centralizado.
• Análisis de la viabilidad de crear un espacio de difusión de derechos laborales individuales y colectivos.
• Creación de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento del convenio colectivo; y lineamientos guía. 

Por lo expuesto, la concreción de la negociación colectiva estatal a nivel centralizado es un paso crucial en la consolidación de una cultura del diálogo social y de respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en un país cuyos sucesivos gobiernos apostaron por implementar políticas de “cholo barato” como estrategia para “mejorar” la competitividad, pero que en realidad buscaban disciplinar la acción colectiva e individual de los trabajadores e impedir que modifiquen el desigual esquema “distributivo” del ingreso heredado del fujimorismo, ya sabemos en beneficio de qué sectores.