Lo que el país está observando es el estallido social más grande de las dos últimas décadas. Son cerca de dos meses en el que en 18 regiones se han movilizado miles de pobladores de diversa condición social: comuneros, nativos, mineros informales, agricultores, comerciantes, transportistas, protestando contra el gobierno, el Congreso y la clase política en general. Ya se ha producido un saldo doloroso de 60 víctimas y centenares de heridos producto del tenaz enfrentamiento, sin considerar las incontables pérdidas económicas de las empresas grandes y pequeñas en diversas regiones del país. Todo esto no tiene precedentes inmediatos. 

¿Cómo entender este movimiento social? ¿Qué explica que tantas poblaciones se hayan plegado a esta protesta? ¿Cómo es posible que durante más de un mes pobladores de diversas regiones se hayan desplazados primero a sus capitales de regiones y que luego se hayan organizados delegaciones para viajar a Lima a sostener su protesta en la capital del Perú?

Tomando como fecha de inicio el 7 de diciembre, día del autogolpe fallido de Pedro Castillo, hasta el 30 de enero, se puede percibir cómo la intensidad del conflicto se ha mantenido en sus picos más altos en la semana del 15 al 21 de diciembre; se reanudó con la misma intensidad el 4 de enero, y desde esa fecha la intensidad de la conflictividad se ha mantenido por encima de la línea de 4.0, como podemos apreciar en el siguiente gráfico1. 

Factores que explican la intensidad del conflicto 

1.El carácter político del conflicto y la confluencia de diversos movimientos. 

Hacen mal el gobierno, las bancadas de las derechas y medios de prensa de considerar las movilizaciones populares de los últimos dos meses como políticas, entendiendo que así descalifican a los promotores y a los movilizados que protestan contra el gobierno y el Congreso. Lo que no entienden (o no quieren reconocer) es que precisamente el carácter político de esta lucha lo que les ha permitido unificar diversos actores, gremios de casi todas las regiones del Perú, incluyendo Lima, la ciudad capital. Lo que sostiene la movilización es su objetivo político en el cual convergen numerosas fuerzas sociales: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones.

La poca comprensión que ha tenido el Ejecutivo respecto del estallido social no les permitió, desde el principio, diseñar una respuesta adecuada para afrontar la crisis política que esta confrontación ha generado. Pensaron que la gente se movilizaba por obras o proyectos sociales. Peor aún, creyeron que el problema eran las demandas insatisfechas, la falta de bonos u otras formas de ayuda social, y echaron andar lo de siempre: feria de promesas de inversiones rápidas, más plata para programas sociales, nuevos proyectos de inversión, cuando en verdad el centro del reclamo de las regiones era obligar al Ejecutivo y Legislativo a dialogar con ellos, con los lideres regionales las reformas políticas que diera salida a la crisis política.

a lectura que hizo el gobierno de Dina Boluarte y la mayoría de las bancadas del Congreso era que con la caída de Castillo se acababa el debate sobre el pedido de Asamblea Constituyente o del Referéndum para reformar la Constitución. Craso error. Con la caída de Castillo (por su incompetencia, incapacidad y descrédito por los graves indicios de corrupción) estas demandas pasaron a ser asumidas por las regiones, tanto por las autoridades políticas regionales como por la propia población de las regiones del sur andino, básicamente.

La tozudez de las bancadas de la derecha de afirmar que el monopolio de las reformas políticas le corresponde al Legislativo, y la desvinculación de ellos respecto de sus electores, hizo inevitable la ruptura de las representaciones parlamentarias de las poblaciones regionales. Conforme fue incrementando su descrédito, se fue incrementando la voluntad de la población de exigir el cierre del Congreso, y de la exigencia de que las reformas a la Constitución salgan de una Asamblea Constituyente.

Por otro lado, la incapacidad del gobierno de no entender que esa demanda política, que había crecido en popularidad, debía ser abordado en una nueva relación del Ejecutivo con la población, los llevó a criminalizar la protesta con un doloroso saldo de víctimas, sin precedentes en la historia política nacional. Mientras esta incomprensión persista, el conflicto se extenderá por mucho tiempo, con el riesgo de convertir ingobernable gran parte del territorio nacional.

2. Los nuevos liderazgos y las nuevas representatividades presentes en el conflicto.

Lo que más ha sorprendido y generado sospechas de los medios de prensa y del gobierno, ha sido la numerosos participación de delegados de las regiones en las movilizaciones y enfrentamientos contra el gobierno. Como no han querido entender ni menos analizar el sentido de la protesta, han apelado al recurso fácil de acusarlos de ser casi “mercenarios”, financiados con dinero del narcotráfico, el oro ilegal o financiados por el extranjero. Están a la caza de quien distribuye los donativos, quien organiza el abastecimiento, de quiénes los alojan, y en consecuencia detenerlos y encarcelarlos por apoyo al terrorismo.

Desde el punto de vista del análisis del movimiento social, lo que podemos observar es que este gran despliegue de fuerzas en el territorio nacional y la sostenibilidad del conflicto por más de dos meses solo es posible si es que cuentan con el respaldo de las comunidades y organizaciones sociales de las que proceden. Asimismo, la persistencia de las poblaciones movilizadas en campamentos ocasionales, el desplazamiento a pie por carreteras y calles en pleno verano y la terca apuesta por expresar sus sentimientos y esperanzas de cambio solo es posible si es hay una gran voluntad de lucha y una gran capacidad organizativa. Y eso solo se consigue por un lado porque se sienten delegados de sus organizaciones de base y porque tienen objetivos políticos muy claros.

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ