Juan Carlos Ruiz Molleda, Abogado de IDL
Se ha hecho costumbre acusar de “terruco” a todo aquel que participa en marchas de protesta. La finalidad es evidente, desacreditar al que no piensa como ellos. Ni siquiera el Poder Judicial han sido ajenos a esta práctica perversa.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Abogado de IDL
Víctor Caballero Martín, sociólogo
Lo que el país está observando es el estallido social más grande de las dos últimas décadas. Son cerca de dos meses en el que en 18 regiones se han movilizado miles de pobladores de diversa condición social: comuneros, nativos, mineros informales, agricultores, comerciantes, transportistas, protestando contra el gobierno, el Congreso y la clase política en general.
Víctor Caballero Martín, sociólogo
Redacción Otramirada
En el caso Perú existe una preocupación por parte del Amnistía Internacional respecto a la vulneración de los derechos de las personas con respecto a la libre asociación, la libertad de expresión, así como la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
Una lectura rápida de lo que viene pasando en las semanas posteriores al levantamiento de la huelga indígena amazónica y campesina de Andahuaylas, podría hacer pensar que el Presidente Alan García y la derecha peruana se consolidan en un discurso único que combina autocríticas parciales como las del propio García y el Premier Yehude Simon (“debimos consultarles”, “debimos informarles mejor”) con la tan insistente como casi paranoica campaña de denuncias contra una supuesta conspiración internacional de comunistas, sindicalistas, chavistas, moralistas, ecologistas, indigenistas y envidiosos
